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El Poder Ejecutivo decidió esta semana eliminar la devolución del excedente de aportes realizados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) mediante una ley que enviará al Parlamento de forma independiente de la Rendición de Cuentas, relataron a Búsqueda fuentes del gobierno.
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Luego de debatir el tema en el Consejo de Ministros del lunes 24, el presidente José Mujica y sus ministros definieron que el nuevo proyecto será enviado a alguna de las cámaras del Poder Legislativo inmediatamente después de que se apruebe la última Rendición de Cuentas de este quinquenio, que llegará al Parlamento antes del 30 de junio. Se pretende que el proyecto comience a regir a partir del 2014 para que se puedan utilizar los aportes hechos durante 2013.
La semana pasada el gobierno analizaba no llevar a cabo la devolución del excedente del Fonasa como forma de trasponer fondos sin generar partidas nuevas en el marco de una Rendición de Cuentas “austera”, y que esos recursos serían destinados a reforzar el presupuesto de la salud (Búsqueda Nº1.718).
Sin embargo, después de evaluar el tema en el Poder Ejecutivo concluyeron que se enviará una ley aparte, debido a que la Constitución no permite incluir aspectos de seguridad social en la Rendición de Cuentas, explicaron las fuentes.
El año pasado se devolvieron U$S 52 millones y las autoridades esperan que lo recaudado este año sea una cifra mayor.
El tema ya generó críticas en el gremio médico y en la oposición (ver recuadro).
Según lo dispuesto en la ley Nº18.131, la devolución corresponde a todos los empleados dependientes, trabajadores independientes que aporten al Banco de Previsión Social (BPS), prestadores de servicios personales, sociedades de hecho y pasivos, cuando en un año los anticipos superen el tope anual de aportes que están obligados a hacer al Fonasa.
Cuando se aprobó esa ley, desde el gobierno se argumentó que el proyecto consolidaba una filosofía “solidaria” y no “recaudatoria” de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Un decreto de 2011, en tanto, otorgó al BPS la responsabilidad de instrumentar el reintegro antes de la finalización del año siguiente al de la liquidación en que se genera la deuda. En 2012, la devolución se hizo desde fines de setiembre. Lo cobraron “sectores que tienen buenos ingresos” y en algunos casos percibieron montos altos, “de $ 425.000 y $ 30.000”, comentó una fuente del gobierno consultada la semana pasada.
La propuesta del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, durante la reunión del Consejo de Ministros, fue destinar ese dinero a los proyectos que el Gabinete Social había definido como prioritarios, pero que no iban a poder ejecutarse por falta de recursos.
Entre esos proyectos se encuentra una nueva legislación en materia laboral, para equiparar sector público y privado en la licencia maternal. En la actualidad las trabajadoras del sector público cuentan con 13 semanas y las del sector privado con 12. Se pretende llevar a 14 semanas. Además, el gobierno negocia desde el comienzo del período con diferentes sectores para otorgar una licencia paternal de 10 días y una licencia parental de cinco semanas de medio horario para las mujeres y medio horario para hombres y mujeres hasta los seis meses de edad del niño. En el Ministerio de Trabajo estiman que esto tendrá un costo de U$S 23,9 millones, según se informó meses atrás en el Parlamento.
Los otros proyectos que se pretenden llevar a cabo están relacionados con temas de discapacidad y de salud. En particular, se pretende concretar una aspiración del Ministerio de Salud Pública de bajar el costo de los copagos, es decir, los tiques y órdenes que pagan los usuarios del sistema de salud por un estudio médico, consulta con especialistas o para medicamentos.
Según dijeron fuentes del gobierno al diario “El Observador”, con esto se pretende dar una señal a la clase media trabajadora que ha visto afectados sus ingresos. Pero para eso se debe buscar una ecuación que permita reintegrar ese dinero a las mutualistas.
