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La administración del presidente Tabaré Vázquez decidió poner sobre la mesa una amplia reforma en la gestión de las empresas públicas que, entre otras cosas, crea un ámbito centralizado dentro del Poder Ejecutivo para “ejercer el rol de propietario”, un modelo de holding similar al que tienen países como Chile o Perú.
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Ya hay un proyecto de ley “armado” a partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y se estima que en “muy poco tiempo” estará en condiciones de ser presentado, dijo a Búsqueda una fuente oficial. “Hay que medir los tiempos políticos”, pero la intención es enviarlo al Parlamento rápido para evitar que la campaña electoral contamine su discusión, agregó.
El director de la OPP, Álvaro García, comentó algunos aspectos de la iniciativa al disertar el martes 27 en un evento convocado por la Confederación Empresarial para discutir las “transformaciones necesarias” de las empresas estatales. El miércoles 28, el ministro de Economía, Danilo Astori, apoyó la idea —que forma parte del proyecto— de prohibir a los miembros de los directorios y a los directores generales de los entes autónomos y servicios descentralizados pasar a realizar tareas similares en el sector privado sin que medie cierto tiempo.
Asimismo, el artículo 201 del borrador del proyecto —al que accedió Búsqueda— señala que, para poder ser candidatos a legisladores, los integrantes de directorios y directores generales de los entes “deberán cesar en sus cargos por lo menos 12 meses antes de la fecha de la elección. En esos casos, la sola renuncia fundada en esa causal determinará el cese inmediato del renunciante en sus funciones”. Complementariamente, indica que los organismos electorales “no registrarán listas en que figuren candidatos que no hayan cumplido con aquel requisito”.
Astori, apoyó la idea —que forma parte del proyecto— de prohibir a los miembros de los directorios y a los directores generales de los entes autónomos y servicios descentralizados pasar a realizar tareas similares en el sector privado sin que medie cierto tiempo.
García informó que también se piensa en reducir a tres los directorios en algunas de las empresas públicas donde hoy hay cinco (Ancap, UTE, BROU y BSE). Además, prevén habilitar concursos abiertos de oposición y mérito para cubrir cargos de alta gerencia en los entes, así como en las sociedades públicas o privadas en las que tengan participación accionaria mayoritaria. Esos nombramientos podrían ser por un plazo máximo de cinco años, con la posibilidad de extenderlo si tienen el visto bueno de la gerencia general y los votos de la mayoría absoluta del directorio de la empresa en cuestión. El proyecto incorpora restricciones referidas a la idoneidad de los jerarcas, dijeron las fuentes.
Esta reforma supone “avanzar algún paso más” y le da otro “carácter institucional” a un proceso de mayor monitoreo a los entes por parte del Poder Ejecutivo —a través de los lineamientos presupuestales, control del endeudamiento y los compromisos de gestión, por ejemplo— que se adoptaron en los últimos años, acotó uno de los jerarcas consultados.
Holding.
Otro cambio en esa dirección que propondrá el proyecto es la creación de un “ámbito centralizado” dentro del Poder Ejecutivo, con los ministerios de enlace, el de MEF y la OPP, para “ejercer el rol de propietario de las empresas públicas”, con una gerencia ejecutiva y un mecanismo específico para su nombramiento, explicó un informante. Según la fuente, eso tiene la “lógica” del holding o entidad central al estilo del Sistema de Empresas Públicas de Chile, que agrupa a una veintena de compañías cuyo accionista es el Estado chileno.
Un jerarca dijo que “muchas de estas cosas están en el manual de la OCDE sobre gestión de empresas públicas o el de la CAF. Hay muchos aspectos que son de consenso amplio, al menos en el ámbito técnico”.
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