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Cuando comenzó a trabajar como magistrado, el 8 de abril de 1980, el primer destino de Jorge Larrieux fue un juzgado de paz de Colonia que funcionaba en lo que antes era una carnicería. Su despacho estaba en la cámara frigorífica.
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Para Larrieux, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, su experiencia permite ilustrar los avances que ha experimentado el Poder Judicial uruguayo en materia edilicia, tanto en Montevideo como en el interior.
“Desde el retorno a la democracia en 1985, se ve un cambio paulatino que ha sido verdaderamente radical en estos últimos años”, manifiesta con orgullo.
Larrieux subraya que esa transformación se produjo en un Poder Judicial que recibe “en el mejor de los casos” el 1,3% del Producto Bruto Interno, pero que ejecuta “arriba del 98%” de su presupuesto.
El magistrado señaló que las mejoras edilicias repercuten en el ánimo de los funcionarios, pero sobre todo en el servicio que se le brinda a la población. “Cada vez se demandan más los servicios de Justicia y la gente tiene derecho a que se la atienda en un ambiente adecuado”, dijo Larrieux.
Los cambios son parte de la política de la Corte, que implicó dejar de alquilar locales por los que se pagaba un monto importante y tratar de adquirir oficinas propias.
La semana pasada, esa estrategia tuvo un “mojón importante” con la inauguración del Centro de Justicia Penal en la calle Juan Carlos Gómez.
El presidente de la Corte dijo que esa obra es “fundamental”, porque cuenta con “entradas independientes” para evitar que víctimas y victimarios de los delitos se crucen. “Eso era algo que hasta el momento no podíamos garantizar siempre y traía serios problemas”, reconoció.
Destacó que cada piso cuenta con un carcelaje alejado del público y que las salas tienen la amplitud y las comodidades necesarias como para celebrar audiencias orales y públicas. “De ese modo nos vamos preparando para el nuevo Código del Proceso Penal”, indicó el alto magistrado.
Las obras, que comenzaron en 2008, totalizan más de 5.000 metros cuadrados de construcción y requirieron una inversión de $ 80 millones.
En la planta baja funcionarán la Clínica Forense, una sala equipada para videoconferencias con capacidad para 60 personas, la recepción, el lobby y un espacio destinado a cafetería. “La sala es verdaderamente un pequeño cine”, comentó Larrieux.
En los restantes niveles se ubicarán cuatro juzgados penales por piso, organizados en dos oficinas con sus respectivas salas de audiencia, despachos para magistrados, sala de espera y celdarios con cupo para 10 detenidos.
En los próximos días comenzarán a mudarse a ese edificio 16 de los 21 juzgados penales que hay en Montevideo. Se prevé que el traslado esté terminado a principios de abril. “Los funcionarios no tienen que llevarse nada. Solamente el microondas y la heladera si quieren, porque lo demás está todo. Se invirtieron más de $ 10 millones en equipamiento”, aseveró Larrieux.
Algunos jueces penales que hace años que trabajan en los juzgados ubicados en la calle Misiones dijeron a Búsqueda que el cambio va a ser “sustancial”. “Ya no soportaba el color gris de las paredes y el olor nauseabundo que salía de las cañerías”, dijo un juez.
Además del Centro de Justicia Penal en Montevideo, ya está adjudicada la licitación para construir un Centro de Justicia Penal en Maldonado, que es uno de los departamentos más complejos en esa materia, por la concentración de población y el flujo de turistas que recibe.
Los avances en materia edilicia también alcanzan otras localidades. Días atrás los ministros de la corporación visitaron la nueva sede de juzgados de Atlántida. El amplio edificio residencial ubicado en República de Chile y calle 18 fue adaptado para albergar oficinas judiciales. En el mismo edificio funciona la Defensoría Pública.
Sedes civiles.
Además del área penal, que se estima que es la más “sensible” para la población por la repercusión que tienen algunos casos, en los últimos años se han producido grandes cambios en juzgados con competencia civil.
La más notoria de esas transformaciones fue la inauguración en 2007 del Palacio de los Tribunales, ubicado en el ex edificio de la empresa de transportes ONDA. Allí se ubican todos los Tribunales de Apelaciones civiles, los juzgados de la misma materia, el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay y la Oficina Receptora y Distribuidora de Asuntos (Orda). La finalización de esas obras en las que se invirtieron más de $ 70 millones pudo llevarse a cabo por un acuerdo con el Poder Ejecutivo en el que el Poder Judicial le cedió el edificio ubicado en la Plaza Independencia en el que actualmente se ubican las oficinas de la Presidencia de la República.
Por un acuerdo con el Banco de Previsión Social, el Poder Judicial también adquirió el edificio ubicado en la calle San José frente al Palacio de los Tribunales. En ese edificio de 6 pisos se ubican los cuatro juzgados letrados de lo Contencioso Administrativo, algunos juzgados de concurso y la División de Comunicación Institucional del Poder Judicial, que dirige Raúl Oxandabarat.
