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El Poder Judicial (PJ) alquila decenas de inmuebles en todo el país. Lo hace para alojar, principalmente, las sedes de los juzgados que se distribuyen entre los 19 departamentos. Son en total unos 130 locales bajo alquiler, en los que se gasta unos $ 140 millones al año, de acuerdo con datos proporcionados por el PJ a Búsqueda.
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Sin un control riguroso, esa cantidad de inmuebles y contratos puede dar lugar a irregularidades. Por eso, con el objetivo de “ordenar la casa” y buscar oportunidades de ahorro, desde hace unos años el PJ comenzó a revisar y renegociar los alquileres. Y se encontró con una sorpresa: desde hacía una década pagaba el arrendamiento de un local que estaba vacío.
El hallazgo encendió alarmas en la administración y motivó una revisión exhaustiva de todos los contratos de alquiler. Además, impulsó la creación de un protocolo de actuación y de un registro informático para unificar la información sobre todos los inmuebles del Poder Judicial, sean de su propiedad o arrendados.
“Se actuó inmediatamente y se perfeccionaron los controles para que esto no vuelva a pasar”, dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez Brignani, consultado por Búsqueda sobre el caso.
El inmueble albergó hasta 2011 al Juzgado Letrado de Tacuarembó de 3er turno. Pero ese año la sede se mudó a otro edificio. El inmueble se vació, se dieron de baja los servicios de UTE y OSE y se entregaron las llaves al dueño.
Sin embargo, se siguió pagando mes a mes el alquiler. Las circunstancias del caso no son claras, según documentación a la que accedió Búsqueda. El expediente de la mudanza se extravió. Informes sobre los pagos fueron archivados. Nadie dio la orden de rescindir el contrato de alquiler. La investigación administrativa ordenada por el Poder Judicial no logró determinar cómo es que el pago nunca fue suspendido y qué funcionarios fueron responsables. El tiempo que pasó desde los hechos —muchas de las autoridades del momento ya no están— y la prescripción de las eventuales faltas cometidas impidieron que se avance más en la indagatoria interna.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió avanzar por otros caminos. Ayer miércoles presentó una denuncia en la Fiscalía General para que se investigue la posible comisión de delitos. Además, trasladó el tema a sus abogados para que inicien acciones civiles contra el propietario del inmueble, con el fin de recuperar el monto que se pagó equivocadamente. De acuerdo a fuentes en conocimiento del caso, se trata de unos US$ 90.000.
“Grave”
En julio de 2020 la División Contaduría del Poder Judicial informó a la Dirección General de Servicios Administrativos sobre la situación detectada con el inmueble. Ante la “gravedad” del hecho se ordenó el inicio de una investigación administrativa, que no logró ubicar el expediente del arrendamiento. Se citó a declarar a directores y funcionarios de las divisiones involucradas e incluso al propietario del bien, que durante casi 10 años cobró el alquiler aun sabiendo que el juzgado se había mudado.
Tras considerar que la investigación resultó “magra e irregular”, la Corte resolvió una ampliación y designó una nueva instructora. Esta investigación concluyó que debido al tiempo trascurrido era difícil identificar responsabilidades y que hubo “descoordinaciones en las distintas oficinas”. También indicó que el propietario, que estuvo presente en la mudanza y recibió las llaves, “debió consultar por qué se seguía depositando el alquiler si el inmueble ya estaba desocupado”.
En una resolución de mayo de este año, a la que accedió Búsqueda, la Corte decidió acudir a la vía judicial. Derivó el caso a la Fiscalía “en virtud de los presuntos hechos delictivos que habrían sido cometidos” por el propietario “al seguir cobrando indebidamente los alquileres a sabiendas de que no correspondía”. También pasó el caso a su servicio de Abogacía para promover una acción civil e informó al Tribunal de Cuentas, que controla los gastos. Finalmente ordenó que se diseñara un protocolo de actuación.
Si bien la corporación discrepó con el argumento de la instructora de que el paso del tiempo impedía identificar responsabilidades, señaló que de todos modos cualquier falta administrativa que pudiera comprobarse se encontraba prescripta. Por lo tanto, entendió que carecía de sentido profundizar la investigación interna y archivó las actuaciones.
“La casa en orden”
Consultado por Búsqueda, el director de los Servicios Administrativos del PJ, Marcelo Pesce, dijo que el caso fue detectado “en el marco de una revisión departamento por departamento” de los alquileres y que se actuó “de inmediato”, ordenando el cese preventivo del pago. Luego se dispuso una inspección en el inmueble y se comprobó que estaba vacío, lo que fue informado a la Suprema Corte.
Pesce afirmó que un objetivo primordial de su gestión desde que asumió el cargo en 2018 ha sido buscar abatir el gasto en alquileres. Renegociando contratos y disminuyendo la cantidad de arrendamientos, hoy el PJ ahorra unos $ 60 millones al año, destacó. “Este hallazgo es parte de ese esfuerzo que se ha venido haciendo para ordenar y ahorrar en este rubro, que es uno de los más importantes en los gastos de funcionamiento del Poder Judicial”, añadió.
El jerarca indicó que otra medida inmediata fue disponer una revisión detallada de “todos los contratos”, no solo de alquiler sino de limpieza y otros servicios. “La buena noticia es que no se encontró nada más”, dijo. Con el nuevo protocolo y el registro unificado de inmuebles se van a “optimizar los controles”, aseguró.
Por su parte, el presidente de la Corte destacó que no fue durante la actual administración que ocurrieron los hechos. “Esto viene de mucho antes, ahora se detectó y se actuó rápidamente, hicimos una denuncia penal y vamos a tratar de recuperar el dinero. Hay que manejarse con transparencia. Son cosas que pueden pasar y lamentablemente pasan en los organismos públicos. Pero estamos haciendo los controles y se está poniendo la casa en orden”.
