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El tema del título de esta nota no es nuevo ni reciente, tampoco antiguo o superado por el transcurso del tiempo por tratarse de una cuestión hoy permanente, la que adquiere un especial relieve e importancia en las democracias representativas, como la uruguaya, en tanto los naturales relevos en los gobiernos identifican el acento de cada uno en ciertos asuntos internacionales o regionales, sin que esto implique o apareje la ruptura o abandono de la política de Estado vista como un todo y en su conjunto.
Por lo contrario, la “rotación del gobierno” es la mejor oportunidad para ratificarla, o, si fuere el caso, modificarla. Esto último es lo que sucedió cuando en 1985 con la recuperación de la institucionalidad democrática Uruguay reconstruyó una política exterior, entonces identificada como “política de Estado”, con el retorno del país al inescindible binomio “Estado de Derecho y Gobierno de Opinión”, conforme a la mejor doctrina constitucionalista patria (conocida por alumnos, discípulos y seguidores como doctrina “Justino Jiménez de Aréchaga”).
Fue entonces la política exterior, precisamente esta, la que condujo a la patentización del concepto y término “política de Estado”, llevada a cabo por el presidente Julio María Sanguinetti y su canciller Enrique Iglesias a partir de 1985, como ha sido reconocido interna e internacionalmente.
Luego, como un efecto natural y lógico, esa calificación que apuntaba al rescate del prestigio y tradición internacional del Uruguay predictadura, se extendió a otras áreas como, por ejemplo, la seguridad ciudadana, la educación y la salud, sin excluir las que van alcanzando ese nivel de continuidad y observancia como los recursos naturales y el medioambiente, el trabajo, la producción, la industria, etc.
Así, el país al recuperar su identidad en la comunidad internacional priorizó desde el primer día sus deberes en materia de derechos humanos al ratificar la Convención de Costa Rica sobre los Derechos Humanos al tiempo que apostaba fuertemente al multilateralismo como garante superior del retorno pleno al mundo internacional, con su participación en las Naciones Unidas, en la Organización Mundial de Comercio (ronda Uruguay mediante) y, más tarde, en la creación de la Corte Penal Internacional, todo esto a escala universal.
Al mismo tiempo reforzó su visión regional de la integración para ser en 1991 miembro fundador del Mercosur, como lo había sido antes de la ALALC en los 60 y de Aladi en los 80. Todo esto, sin olvidar en la “historia reciente” el importante papel de nuestro país en la renovación del Compromiso Democrático al consagrarse en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la Carta Democrática Interamericana y la cláusula Democrática en el Mercosur.
Lejos de ser exhaustiva, esta nómina es puramente ejemplificativa, por lo que estamos en condiciones de afirmar que nuestro país cuenta hoy con un reconocimiento internacional extendido, resultado de una política exterior de Estado puesta a prueba en los gobiernos de tres partidos políticos diferentes desde 1985 hasta 2020 y, a partir de este último, con un gobierno de una coalición política de cinco partidos y, por esto último, tanto inédita como esperanzadora.
Un dato relevante es el gobierno de la coalición Frente Amplio desde 2005 hasta 2020, cuyos gobiernos, con matices más o menos notorios impuestos por el diferente calado de su ideología política, fueron elegidos de modo democrático por el cuerpo electoral y, tras 15 años de su administración, el balance me indica que salvo alguna situación muy específica (la dictadura venezolana ) no se visualizan apartamientos “dramáticos” de la política exterior de Estado, lo cual, obviamente, no equivale a afirmar que no han existido, sin llegar al quiebre, serias diferencias en la aplicación de dicha política sin que ello impidiere el pronunciamiento de la entonces oposición.
Advierto a título de prueba de lo que antecede que el Uruguay no ha denunciado ninguno de los tratados y convenciones internacionales suscritos por los sucesivos gobiernos. No se ha “roto”, pues, una política de Estado en el sentido cabal de la expresión.
En suma y para concluir:
Primero: desde 1985 hasta el presente el Uruguay ha mantenido una política exterior de Estado sin mengua de los valores esenciales en que se funda nuestra identidad nacional.
Segundo: han sido varios los gobiernos responsables de cumplir ese legado a través de múltiples actos de gobierno y ellos son los que expresan las diferencias de mayor o menor profundidad.
Tercero: en expresiones del actual canciller, esa política “se ha ido perdiendo”, lo que además de ser infundado permite advertir en su gestión un cierto rol restaurador autoasignado. Y esa infundada generalización no puede aceptarse en modo alguno. Esta es, al menos, mi opinión personal, sin negar que ciertas líneas de política exterior deben ser ajustadas por el actual gobierno de coalición.
En suma, sostengo que nuestra identidad internacional es patrimonio de la nación y de ningún gobierno o gobernante en particular, sin perjuicio del diferente enfoque y naturaleza resultantes de la acción de gobierno.
Cuarto: todo lo antedicho se asienta en el pilar básico del respeto por los derechos y deberes fundamentales conforme a la Constitución y a la ley.
Finalmente, solo como simple constancia de la verdad y dirigida con todo respeto hacia los lectores, expreso que no fui incluido en la lista de excancilleres invitados “a conversar”, ni a “la presentación en el Instituto Artigas”, seguramente por olvido, no obstante, haberme desempeñado como ministro de Relaciones Exteriores durante siete años (1998 a 2005), en los dos últimos gobiernos colorados (presidentes Dres. Julio M. Sanguinetti y Jorge Batlle), que me honraran al asignarme tan importante responsabilidad.
Didier Opertti Badán
Aclaración: los dichos entrecomillados del Sr. Canciller Francisco Bustillo son los que registra el diario El País en su edición del día 28 de febrero, pág. 12.
