Política o antigüedad

Aun cuando lo he reiterado, vale la pena insistir para el lector ajeno a esta cuestión que tiene un interés primario, pese a que el ciudadano medio le destina un lugar secundario. Es necesario recordar que el artículo 236 de la Constitución establece que los cargos en la SCJ y en el TCA deben tener el respaldo de los dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General. Se requieren 87 votos de 130 y nadie los tiene (ni los tendrá). La prioridad es la decisión política que se intenta mediante un proceso con ninguna transparencia. Se ocultan las razones por las cuales los partidos se inclinan o descartan a uno u otro candidato más allá de la sapiencia jurídica. Mediante un acuerdo político quienes ocupan los primeros lugares de las antigüedades pueden ser relegados y el votado en el acuerdo pude ser quien ocupa el último lugar de esas antigüedades. Nada lo prohíbe.

Si usted llegó hasta aquí y es ajeno a esta cuestión parecida a un puzle, le recomiendo muñirse de papel y un bolígrafo para seguir la evolución de este proceso, porque en ambos organismos a las vacantes de quienes están próximos a cumplir 70 años se le añadirán otras de quienes asuman en su lugar. Hay que considerar también que un golpe fatal de la biología sobre cualquiera de los involucrados puede cambiar las previsiones y entreverar las fichas del puzle.

Por ahora empecemos por la Corte, ya que Luis Tossi tendrá que retirarse el 27 de octubre de 2021 al cumplir el tope legal de 70 años de edad. El resto de los ministros de la Corte seguirá en su cargo hasta después de marzo de 2025, cuando asuma un nuevo gobierno.

Una negociación sobre el TCA deberá ser la primera: Alfredo Gómez Tedeschi cesa el 29 de abril de 2021. En el mismo organismo el 10 de diciembre de 2022 cesará Eduardo Vázquez Cruz.

¿Cuál es el listado de antigüedades de ministros por el que se rige la Corte? Luis Simón, Ana Maggi, Doris Morales, José Balcaldi, Ángel Cal, Rosina Rossi, Alberto Reyes, Lilián Bendahan, Julio Posada, Nanci Corrales, Juan Carlos Contarín, María del Carmen Díaz, Álvaro França, Sergio Torres, Daniel Tapié, Julio Olivera Negrín, Edgardo Ettlin, Eduardo Cavalli y Graciela Gatti.

Según esas antigüedades, Simón iría al TCA en lugar de Gómez Tedeschi, y el lugar de Tossi en la Corte lo ocuparía Maggi, aunque por escasos tres meses: el 9 de enero de 2022 cumplirá 70 años. Otra vez a barajar y dar de nuevo.

Hay problemas colaterales a resolver. Cal, Balcaldi y Rossi tienen igual antigüedad como ministros de tribunales. Según la Constitución la prioridad la tiene el ministro con más años en la judicatura. Balcaldi y Rossi tienen la misma antigüedad como jueces (29/8/86), pero no hay nada establecido sobre quién tiene la prioridad ante esa igualdad. Como fuere, Balcaldi o Rossi sucederían en el TCA a Salvo, que cesará el 30 de enero de 2023 cuando cumpla 70 años.

Ante lo descrito no parece posible que haya acuerdos políticos como el que se pactó en 2012 durante el gobierno de José Mujica. En esa negociación, con la sartén por el mango, el gobierno impuso cargos clave como los de Juan Tobía en el TCA, Ricardo Pérez Manrique en la Corte y Jorge Díaz como fiscal de Corte. Los otros cargos de la negociación fueron para Gómez Tedeschi en el TCA y Julio Chalar en la Corte.

A las vacantes del TCA y la Corte se añade la más compleja que es la de Díaz en el Ministerio Público, que se producirá el 17 de abril de 2022 cuando cumplirá 10 años en el cargo. La designación de quien lo sustituya es más difícil que en los organismos jurisdiccionales. En este caso no hay antigüedad que valga ni tampoco la exigencia de que el designado deba ser juez o fiscal. Puede ser cualquier jurista. Según el artículo 168 de la Carta, se requiere la venia de los tres quintos de votos del total de componentes del Senado, una mayoría imposible de alcanzar salvo por un acuerdo como el de 2012.

El problema empieza antes porque según la Constitución le corresponde al presidente de la República designar al fiscal de Corte y debe solicitar la venia del Senado. Es una decisión que Luis Lacalle Pou deberá considerar desde mucho antes. Cuando Mujica designó a Díaz la tuvo más fácil. Como resultado del acuerdo todos los designados tuvieron la unanimidad del Senado. Hoy el panorama para encabezar el Ministerio Público es diferente porque se han reiterado los conflictos entre fiscales y abogados defensores penales (que acaban de constituir una inédita asociación), así como cuestionamientos técnicos y políticos sobre algunos aspectos de aplicación del Código del Proceso Penal.

Mientras se defina el titular del Ministerio Público ejercerá esa función el fiscal adjunto de corte. Para ese cargo que en breve quedará vacante, ya se solicitó la venia para el fiscal de Homicidios, Juan Gómez (Búsqueda Nº 2.096). Aunque tiene sobrada experiencia, serenidad y una imagen positiva en la opinión pública, no es lo mismo resolver un delito concreto que sumergirse de la mañana a la noche en los problemas administrativos, presupuestales, gremiales y políticos de ese organismo. Hay que considerar además que cuando Díaz se retire Gómez cumplirá 67 años. Le quedarán tres años en la función y el futuro fiscal de corte —si es que encontraron alguno que satisfaga a los tres quintos— deberá pedir la venia para designar a quien sustituya a Gómez.