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El arribo de la TV digital a Uruguay parecía una oportunidad para diversificar la oferta de contenidos y sumar nuevos competidores al mercado de la televisión abierta, dominado desde hace décadas por los canales 12, 10 y 4. Sin embargo, los ambiciosos planes del gobierno, entonces bajo el liderazgo del frenteamplista José Mujica, no se cumplieron. Los proyectos televisivos ganadores quedaron por el camino, mientras algunos de los perdedores iniciaron reclamos legales tras un entreverado procedimiento de asignación de señales que dejó en una posición incómoda a las autoridades del gobierno.
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Ahora, casi una década después de aquel episodio, uno de los consorcios que se presentó al llamado reclama en la Justicia una indemnización de US$ 20 millones. Pop TV, la propuesta de la productora Oz Media y la editorial Bla, estuvo cerca de hacerse con uno de los canales digitales, pero finalmente la señal fue asignada al consorcio Giro, de las cooperativas la diaria y Demos.
Tras obtener una sentencia favorable del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que en junio de 2018 anuló la decisión del gobierno de Mujica porque violó el “principio de igualdad” de trato a los oferentes en el llamado a licitación, el grupo acudió a la Justicia civil a pedir una compensación monetaria. El texto de la demanda iniciada a fines de abril, a la que accedió Búsqueda, sostiene que el “actuar ilícito” del gobierno, al impedirle obtener la adjudicación de la señal, le causó al consorcio “daños y perjuicios” que deben ser reparados.
“Dado que existe una sentencia firme del TCA disponiendo el actuar ilícito del Estado, es un dato duro que el Estado será condenado en este proceso”, evaluó el abogado de los demandantes, Martín Bueno, socio del estudio Vargas Abogados. “El asunto controvertido y a resolver será principalmente el quantum pero no el fondo del asunto”, añadió.
“Lamentablemente, este es el corolario final de un proceso que, si bien inició con jerarcas bien inspirados, se procesó y resolvió por política dura y pura, y ello vició de ilegalidad el acto dispuesto por aquel Poder Ejecutivo”, dijo Bueno. “Las víctimas fueron una política pública que terminó en el más absoluto de los fracasos y una innovadora y arrojada empresa uruguaya que sufrió un enorme daño empresarial y personal”.
La demanda está en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 4º turno, que citó a una audiencia preliminar el 1º de setiembre.
La marcha atrás del gobierno
En 2013 el gobierno abrió un llamado para otorgar dos nuevos canales de televisión abierta, gracias a que la tecnología digital permitía ampliar el número de señales disponibles. Se presentaron seis interesados, que fueron evaluados por una Comisión Asesora Independiente y por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). El consorcio Giro obtuvo la mejor calificación, seguido por la empresa Saomil (de VTV) y por Pop TV en tercer lugar.
Sin embargo, la Ursec consideró que Giro no acreditó suficiente capacidad financiera para llevar adelante su proyecto y a raíz de eso el Ministerio de Industria recomendó otorgar los canales a VTV y Pop TV. El proyecto de resolución fue notificado a los involucrados y Mujica se refirió públicamente a la decisión, aunque más tarde se disculparía por haber hablado “sin saber”.
En los días siguientes a que se conociera la recomendación del ministerio se generó una amplia repercusión en los medios. Figuras de la izquierda y de las organizaciones sociales criticaron que se dejara de lado un proyecto cooperativo y se premiara a un canal vinculado a Tenfield, mientras, representantes de Giro aseguraron que podían demostrar la solidez financiera del proyecto. El gobierno mantuvo conversaciones con los representantes de Pop TV para que consideraran compartir la señal con Giro e incluso evaluó otorgar un tercer canal, pero todo fue infructuoso. Finalmente, el gobierno se apartó de la recomendación del ministerio y asignó las señales a Giro y VTV.
En 2016 ambas concesiones caerían debido a que ninguno de los canales había empezado a trasmitir.
La demanda
La propuesta llamada Pop TV, liderada por Pablo Arriola y Soledad García, “cumplió en tiempo y forma con todos los requisitos formales” del pliego, y los informes de los organismos técnicos “fueron contestes en evaluar positivamente el proyecto en demérito de sus competidores directos”, relata la demanda interpuesta por el Grupo Oz contra el Estado. Sin embargo, pese a que el Ministerio de Industria recomendó la adjudicación, “una vez el proyecto de resolución se puso a consideración de los interesados, el Poder Ejecutivo, de manera legalmente inexplicable y seguramente contaminado por valoraciones políticas, decidió apartarse del criterio técnico recomendado”.
Esto supuso que “se desplazara” a Pop TV “en beneficio de la oferta del consorcio Giro, pese a que los distintos informes técnicos habían denunciado en reiteradas oportunidades las fragilidades e inconsistencias de su propuesta”. El Grupo Oz señala que el tiempo demostró la “inviabilidad” del proyecto de la diaria, ya que esta “nunca usufructuó la licencia concedida”. En cambio Pop TV “transmitió por Internet en streaming los contenidos de su propuesta generando más de 431 horas de programación al aire”.
El grupo reclama al Estado una reparación por el “daño emergente” derivado de la inversión económica que realizó para participar del llamado. Además, pide una reparación por “daño futuro” (por lucro cesante o pérdida de chance), ya que entiende que, de no haber ocurrido el actuar ilícito de la administración, “el proyecto Pop TV habría devenido forzosamente en adjudicatario”.
Por daño emergente los demandantes piden una reparación de $ 4 millones y US$ 15.000 (a partir de los gastos en los que incurrieron para presentarse a la licitación). Para calcular el daño por pérdida de chance, el grupo proyecta las ganancias que hubiera tenido de haber obtenido la adjudicación de la señal. En su propuesta Pop TV había estimado obtener beneficios anuales por unos $ 86 millones, que multiplicado por 14 años de operación son unos $ 1.208 millones. Como el Grupo Oz poseía el 70% de participación en el consorcio, pide una reparación de $ 845 millones. En total la cifra reclamada ronda los US$ 20 millones, precisó el abogado.
En la contestación de la demanda, el Ministerio de Industria sostiene que el Grupo Oz “no dimensiona correctamente el alcance de los efectos” de la sentencia del TCA. A juicio del Estado, el fallo “expresamente determinó que dicho pronunciamiento no le otorgaba un derecho a la adjudicación sino que el procedimiento licitatorio debió cumplirse en debida forma” y por lo tanto al grupo “no le corresponde una reparación por lucro cesante o pérdida de chance”. El ministerio también cuestiona la proyección de ganancias que hace la demanda. Señala que los canales 12, 10 y 4, empresas “instaladas desde muchísimo tiempo atrás”, no superan los $ 30 millones de beneficios anuales. “Es totalmente absurdo pensar que una empresa que recién se instala gane casi tres veces más”, cuestiona.
Alega además que no corresponde la reparación por daño emergente, dado que se trató de una inversión en la que la empresa incurrió tras tomar la decisión de ofertar en el llamado y no tiene relación con la resolución posterior del gobierno.
