“Poderes discrecionales de la Policía”, “deficiencia en la atención médica, abastecimiento de agua, saneamiento y ventilación de las celdas” de los reclusos adultos, denuncias de malos tratos a adolescentes privados de libertad, la necesidad de “redoblar” los esfuerzos para enfrentar la violencia doméstica, las agresiones contra transexuales y homosexuales así como enfrentar la trata de personas son las principales recomendaciones que un organismo de Naciones Unidas realizó al Uruguay para mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
El Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por sus Estados parte, publicó el viernes 23 las observaciones finales sobre la situación en Uruguay.
A nivel del gobierno no hubo muchos comentarios sobre el informe del Comité. En el INAU se empezará a dialogar con las autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) para “solucionar las cosas”, dijeron fuentes del organismo. Además, respaldaron al Directorio del organismo porque demostró que la “gestión da resultado”.
En tanto, uno de los directores del Sirpa, Jorge Gago, dijo que el organismo dio respuesta a la “mayoría de las cosas” que planteó el informe. En declaraciones a “La Diaria” el martes 27, Gago dijo que “no queda ningún funcionario sospechoso en el centro donde podía ocurrir el hecho denunciado” y que las denuncias fueron enviadas a la Justicia. En tanto, Mónica Rodríguez, asesora del Sirpa, dijo al matutino que es “teoría pura” separar del cargo al funcionario mientras dura la investigación. La ley “no nos permite separar del cargo hasta tanto esa persona no tenga la oportunidad de defenderse”, afirmó.
El informe.
El Comité expresó su preocupación por los informes de “fuentes no gubernamentales” que señalan que la ley 18.315, conocida como de procedimiento policial, ha “ampliado los poderes discrecionales de la Policía durante las detenciones, los allanamientos y registros domiciliarios”.
El organismo instó al Estado a que aplique “medidas eficaces para garantizar que el personal policial cumpla las obligaciones que impone el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego” por parte de los policías.
En cuanto a las personas que están privadas de libertad, el Comité planteó que el Estado debe garantizar que las personas privadas de libertad gocen de todas las salvaguardias legales fundamentales.
Se lamentó que el Estado “no haya facilitado datos precisos sobre el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas correspondientes a casos de tortura y malos tratos”.
Por eso el Comité reclama al Estado uruguayo que vele porque las investigaciones de las denuncias sean realizadas por un organismo independiente e informe detalladamente sobre los casos de tortura y malos tratos ocurridos.
El Comité, si bien valora las medidas adoptadas para mejorar las condiciones y eliminar el hacinamiento en los centros penitenciarios, expresa su “preocupación” por el hecho de que dos tercios de la población reclusa se encuentre en espera de juicio y que no se establezca un plazo límite de duración de la prisión preventiva.
Asimismo expresa su “preocupación” por los informes sobre “deficiencias en la atención médica, abastecimiento de agua, saneamiento y ventilación de las celdas” y que “no se respeta la estricta separación entre procesados y condenados”.
Reclama que el gobierno redoble los esfuerzos para que se apliquen las medidas “sustitutorias a la privación de libertad”, establezca un plazo límite para la prisión preventiva y vele “porque los reclusos pertenecientes a categorías diversas sean alojados en diferentes establecimientos”. También considera “prioritario” el traspaso del sistema penitenciario del Ministerio del Interior “a otra repartición administrativa”.
El Comité también lamentó que el Estado “no haya proporcionado información estadística completa sobre las muertes de personas detenidas ocurridas” durante el período de análisis. Según datos en poder del Comité, entre 2010 y 2012, murieron 46 personas (19 como consecuencia de incendios y el resto por electrocución y violencia entre reclusos).
Ante esta situación, se planteó que el gobierno “investigue sin demora, exhaustivamente y de manera imparcial todas las muertes de personas en detención, practicando en su caso las autopsias correspondientes”.
Baja de edad de imputabilidad.
En cuanto a la situación de los adolescentes, el Comité expresó su “preocupación” ante el llamado para reformar la Constitución y bajar la edad de imputabilidad, entre otras medidas.
“Preocupan también al Comité los informes recibidos en los que se señala que el endurecimiento de la legislación penal aplicable a los menores infractores habría supuesto un aumento significativo en el número de menores privados de libertad, con el consiguiente deterioro en las condiciones de detención en los centros” del Sirpa. Esto lleva a que se registren “situaciones de hacinamiento agravadas por el hecho de que los menores permanecen hasta 23 horas al día confinados en sus celdas sin acceso a actividades formativas o recreativas” en algunos centros.
Además, el Comité expresó “su seria preocupación por los informes recibidos en los que se denuncian casos de malos tratos a menores internados en los centros de menores del Sirpa. De acuerdo con la información remitida, los casos de malos tratos documentados consisten en palizas, posiciones de estrés como ‘el paquetito’ (atar a la persona de pies y manos enganchando los grilletes por detrás), castigos de carácter vejatorio y humillante, incluida la desnudez forzada, castigos colectivos, registros sin ropa, registros corporales invasivos y el uso de medios de coerción en el interior de los centros”.
Por otro lado, el organismo expresó su preocupación ante el hecho de que el mecanismo nacional de prevención de la tortura carezca de autonomía presupuestaria y de los recursos necesarios para su funcionamiento.
También plantea que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo debe contar con la autonomía, presupuesto, infraestructura y recursos propios para una “plena ejecución de su mandato”.
Otra preocupación señalada por el Comité refiere al traslado de la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo casos vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, decidido por la Suprema Corte de Justicia. “El Estado parte debe adoptar medidas efectivas para asegurar la plena independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales, velando, entre otras cosas, porque las normas que rigen su nombramiento, inamovilidad y la forma en que pueden ser destituidos sean conformes con los estándares internacionales en la materia”. Asimismo, recomienda al Estado que “señale a la atención de la Suprema Corte de Justicia la importancia que tiene para la protección de los derechos humanos una judicatura competente, independiente e imparcial, que actúe de conformidad con lo establecido en los Principios de Bangalore sobre conducta judicial”.
El Comité también reclamó por medidas para enfrentar la violencia doméstica (132.206 denuncias entre 2005 y 2013), “investigando exhaustivamente todos los casos de violencia contra la mujer”, que “se enjuicie a los presuntos autores y, de ser condenados, se les impongan sanciones apropiadas y que las víctimas obtengan reparación”.
Además planteó proteger a las personas de la violencia homofóbica y transfóbica y prevenir la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante. Se propuso que se imparta capacitación específica a los agentes de Policía.
Otra preocupación del Comité fue que el Estado uruguayo redoble los “esfuerzos para prevenir y combatir la trata de personas”. Por eso planteó que se investiguen con “prontitud e imparcialidad los casos de trata de personas” y que se vele para que se “castigue a quienes sean declarados culpables” de esos delitos, al tiempo que las víctimas obtengan una reparación por lo vivido.
