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La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) espera, desde fines del año pasado, que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento un proyecto de reforma de su ley orgánica que le asegure una sostenibilidad financiera más allá del 2026, cuando se estima que sus reservas se agotarían. En la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se formó un grupo para avanzar en los planteos que hizo el instituto previsional, que propone un aumento en el aporte de los activos hasta el 19% de los sueldos fictos y un impuesto a las jubilaciones (denominada “contribución pecuniaria”) de un promedio del 7%, que varía en función de los ingresos. Además, eleva la edad de retiro hasta los 65 años y aumenta los años para el cálculo de la jubilación (pasa de considerar 3 años a 18).
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El proyecto de ley no fue enviado al Parlamento porque el Ejecutivo puso como prioridad la reforma del régimen general, que ya empezó a regir en sus fases iniciales. Luego también comenzó a trabajar a contrarreloj en una ley para reformar la Caja Bancaria.
“Estamos preocupados porque el tiempo pasa y nuestra ley no va al Parlamento. Está en la cancha del Poder Ejecutivo, que la tiene que redactar. Les hemos dado los cálculos y ellos la tienen que llevar”, dijo a Búsqueda la presidenta de la CJPPU, Virginia Romero.
El jueves 3, Romero informó en una sesión del directorio que el proyecto fue aprobado por el Ejecutivo, aunque pidieron unos “últimos cálculos” para ultimar los detalles antes de enviarlo al Parlamento. Ante la consulta del director por los pasivos, Odel Abisab, por información sobre la transferencia estatal, la presidenta indicó que para “concretar la cifra final” se esperan nuevos datos.
La CJPPU tuvo que hacer nuevos cálculos porque, desde que se aprobó la reforma general, la “ley exprés” debió ser readecuada. Al momento de enviar la propuesta al Ejecutivo, la institución tenía 58.987 afiliados, un número que creció al cierre del año a 63.288. “Evidentemente, no es la misma situación la del año 2020 que la del 2022”, destacó su presidenta.
A fines de 2021, las estimaciones indicaban que el patrimonio de la CJPPU se agotaría en 2024, pero mejores números en 2022 le quitaron “alarmismo” a esta situación. Sin embargo, la tendencia sigue siendo desfavorable para la institución y el déficit continuará, y las estimaciones indican que su patrimonio se podría sostener hasta 2026.
“Con respecto a cuándo va a venir la asistencia, van a decir que la caja tiene margen”, detalló Romero a Búsqueda. La transferencia estatal, que se concretará a través de un préstamo a largo plazo, se realizará cuando las reservas lleguen a “un monto” que estará establecido en el texto de la propuesta.
En la propuesta original de los directores de la CJPPU incluía un aumento en el precio de los timbres profesionales, lo que le permitiría mejorar la recaudación, pero fue descartada por el Poder Ejecutivo. En el trámite parlamentario la institución paraestatal insistirá con este planteo, que considera “de estricta justicia”. “Lo vamos a pedir hasta el último minuto. Es un recurso genuino de la caja”, dijo Romero.