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Lo político por encima de lo legal. La frase dicha, o por lo menos, sugerida por el ex presidente Mujica, tiene varios ejemplos que lamentablemente lo confirman, tanto a nivel local como internacional. La sentencia contra Amodio Pérez, basada en un error garrafal por desconocimiento histórico y, peor aún, de las normas jurídicas vigentes en el momento de los hechos por los que se le sentencia, demuestran un nivel judicial mínimo, impresentable y que debe ameritar sanción a nivel correspondiente en ese poder del Estado.
Por otro lado, la jueza Susana Barreiros, de Venezuela, procesa en base al grito del gobierno en términos absolutamente increíbles en una democracia (claro, sólo un descerebrado puede considerar a Venezuela como democracia) y en base a normas traídas de los pelos que ni siquiera un lego puede comprender y menos aceptar.
Las acciones y omisiones ya conocidas pero ahora constatadas, a través de la comisión investigadora de Ancap, realizadas por las jerarquías de la empresa y de las organizaciones comerciales legales pero dejadas fuera del control parlamentario, siguen sumando a una preocupante moda de ejercer la actividad estatal.
La irresponsabilidad, el desprecio por los controles del Tribunal de Cuentas, de los controles parlamentarios, el mal gasto de importantes sumas de dinero de los contribuyentes, el despilfarro y el clientelismo desfachatado, hecho por quienes, durante años y en la oposición, se rasgaban las vestiduras reclamando justicia por similares actitudes aunque de menor envergadura.
Nos preocupa acercarnos a los vecinos políticamente incorrectos, como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y, en menor medida, Brasil, en lugar de acercarnos a democracias más estables. Ni hablemos de otro tren que dejamos pasar: el nuevo bloque de los 12, concentrando el 40% del mercado mundial y del que no sólo quedamos fuera, sino que nos va a complicar aún más las ventas de insumos y servicios a nivel global.
La baja de popularidad del presidente al 30% es sólo un detalle menor de un desgobierno en toda la línea, un descontrol de los bienes públicos y un alarmante antecedente para el futuro de nuestra economía y democracia.
Total, los nabos de siempre, bautizados por Tomás Linn, seguimos pagando el pato de nuestros cada vez más menguados ingresos y jubilaciones.
