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Preocupado porque incremento de contagios cause “un colapso”, el Frente Amplio aumenta crítica a la gestión sanitaria del gobierno
Fernández Galeano advierte que puede comenzar a “fracasar” el primer nivel de atención de la salud y sugiere “bajar las cortinas” de los comercios por tres semanas para frenar el avance del Covid-19
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Desde que se detectaron los primeros casos de Covid-19 en Uruguay el Frente Amplio fue muy crítico con las medidas de índole económica y social que adoptó el gobierno para enfrentar la crisis ocasionada por la pandemia, aunque fue más cauto a la hora de cuestionar las decisiones gubernamentales de índole sanitario. En los últimos días, sin embargo, esa actitud empezó a cambiar.
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Ante el “crecimiento exponencial” de los contagios y las muertes por Covid-19, la coalición de izquierda acusó esta semana al gobierno de responder de manera “tardía e insuficiente”. El último informe que le presentó en estos días el exsubsecretario de Salud Miguel Fernández Galeano a las autoridades del Frente Amplio profundizó la preocupación por ese tema, dijeron a Búsqueda fuentes de la coalición.
En el documento —definido como un insumo técnico y político para asesorar a la conducción del Frente Amplio— Fernández Galeano analiza el panorama con base en lo que ocurrió entre el lunes 14 y el domingo 20. El informe compara la cantidad de casos por semana y subraya que se llegó al mayor registro de casos activos hasta el momento —4.602—, y que el promedio diario durante las primeras 30 semanas había sido 21 casos, pero a partir de la semana 31 llegó a 34 por día; desde la semana 39 trepó a 344 casos diarios. También afirma que desde que se dieron los primeros casos de Covid-19 hasta ahora el porcentaje de casos positivos con relación a los test realizados es de 2,33%. Sin embargo, entre el lunes 14 y domingo 20 osciló entre 6,29% y 7,58%.
“El gran aumento del número de casos diarios en el último mes confirma el crecimiento exponencial de la epidemia, con la consiguiente pérdida de control sobre los contagios y un riesgo altamente probable de saturación del sistema de salud, en ausencia de drásticas medidas de control”, dice el documento. Y agrega que de acuerdo a los parámetros que toma la Unión Europea los departamentos de Cerro Largo, Rivera, Artigas, Canelones, Rocha, Florida, Durazno, Lavalleja, San José y Montevideo “están en zona de riesgo alto”; mientras que el resto están en riesgo intermedio y bajo.
El informe elaborado por Fernández Galeano asegura que “está francamente superada la capacidad de rastreo, identificación, seguimiento y aislamiento de contactos” y que hay “evidencia de circulación comunitaria descontrolada que está creciendo sostenidamente en las últimas seis semanas”. Advierte en especial sobre la situación en Canelones, Rivera y Montevideo, donde se da “un proceso de plena expansión sin posibilidad de control”.
Aunque destaca que la tasa de mortalidad “aún sigue siendo inferior a la del resto de los países de América Latina y tiene una tasa de letalidad baja en el comparativo regional”, advierte que ese indicador “tiene relativo valor comparativo” por “la falta de conocimiento del número real de casos que se puede registrar en los diferentes países”. Y concluye que “la saturación de la capacidad asistencial, la fatiga y el debilitamiento de los equipos de salud de los UCI pasan ahora a ser un componente crítico en la respuesta del sistema de salud”.
A partir de este escenario, Fernández Galeano plantea siete “desafíos para la nueva etapa de la epidemia”, entre los que están contar con “información sistematizada de brotes y casos para orientar medidas”, “dispositivos locales de vigilancia epidemiológica”, “fortalecer el primer nivel de atención”. Menciona, en especial, la necesidad de aplicar “medidas de supresión parcial o total de actividades en aquellas localidades donde se verifica una transmisión viral fuera de control”.
Es clave, según el exsubsecretario, “reconocer la gravedad de la situación actual y su evolución potencial y anticiparse para evitar el colapso”. “Aún es posible prevenir muertes evitables”, indica en el informe.
Consultado por Búsqueda, Fernández Galeano dijo que desde marzo, cuando llegó la pandemia en Uruguay, envía una informe semanal a la mesa política del Frente Amplio. Aclaró que no busca entrar en controversia con el gobierno y entiende que debe haber un solo vocero en este tema. Dicho esto, destacó que advierte un crecimiento exponencial del virus desde que se liberó la actividad comercial. Y sugirió restringirla, “bajar las cortinas” de los comercios por un período de al menos tres semanas. Su mayor preocupación es la posibilidad de un “desborde” de todo el sistema de salud. Y que empiece a “fracasar” y a “no ser resolutivo” el primer nivel de atención.
El Plenario Nacional del Frente Amplio se reunió de forma virtual el sábado 19 y, además de definir que su debate sobre la autocrítica, balance y perspectiva se hará en el Congreso Nacional previsto para marzo de 2021, analizó la situación sanitaria. En su declaración final, la fuerza opositora sostuvo que las últimas medidas fueron “una respuesta tardía e insuficiente”. Y aseguró que no comparte la reglamentación del artículo 38 de la Constitución.
Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Limitar un derecho
El Parlamento aprobó, con los votos de la coalición de gobierno, una ley que reglamenta los artículo 37 y 38 de la Constitución, lo que permite el cierre de fronteras y prohíbe las aglomeraciones.
“Los nuevos brotes intrafamiliares constatados, así como aquellos surgidos en instituciones, en todos los departamentos, obligan a adoptar medidas de limitación al derecho de reunión, así como al ingreso de personas al país, que contribuya con las medidas sanitarias ya dispuestas a sostener, mitigar e incluso disminuir el número de contagios y así evitar nuevos brotes y el aumento de casos positivos”, dice la exposición de motivos escrita por el Poder Ejecutivo.
El artículo de la ley, que está vigente desde el lunes, suspende “las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario por el plazo de sesenta días”. Las aglomeraciones están definidas como “la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas, protectores faciales y otros elementos de similar naturaleza, según el caso, destinados a reducir la propagación de enfermedades contagiosas”.
El decreto del Poder Ejecutivo que reglamentó esa ley establece sanciones para quienes incumplan, que van desde el apercibimiento, observaciones y multas de 30 a 1.000 unidades reajustables y denuncia penal en casos que amerite. La fiscalización deberá realizarse en coordinación entre los ministerios de Salud, Interior y Defensa. Para su implementación funcionarán de manera permanente los Comité Departamentales de Emergencia y los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales. “Dichos órganos públicos coordinarán y ejecutarán todas las acciones encomendadas por el Poder Ejecutivo y por los gobiernos departamentales en sus respectivas jurisdicciones”, añade el decreto.
En una conferencia de prensa desarrollada el domingo 20 con el objetivo de explicar cómo funcionará la aplicación de la ley, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que el gobierno llevará adelante operativos para “prevenir, disuadir y terminar con la aglomeración”.
“La ley que acaba de aprobarse es para cuidar la salud y la vida de la gente”, afirmó Larrañaga.
A su turno, el ministro de Defensa, Javier García, informó que para el control de la frontera, que permanecerá cerrada salvo excepciones escasas, el Ejército y la Prefectura destinarán 500 efectivos. “Nadie está contento” con adoptar esa medida, dijo el jerarca, pero añadió que eran decisiones necesarias para preservar “derechos sagrados” como la salud y la vida.