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Después de que el Parlamento aprobó la legalización del autocultivo y la producción y venta de marihuana por parte del Estado, el Poder Ejecutivo aceleró el trabajo para poner en práctica la implementación de la medida y granjearle apoyo en el ámbito internacional.
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La Junta Nacional de Drogas envió ayer miércoles a la Presidencia de Brasil una carta en la que acepta el pedido de su Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) de integrar el Comité Científico que se encargará del monitoreo y la evaluación del impacto de la ley que regula el mercado de la marihuana, informó a Búsqueda el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada.
El jerarca viajó ayer a Bogotá para exponer en el 54º período de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de la Organización de Estados Americanos (OEA) los detalles de la nueva ley y los planes que tiene el gobierno uruguayo en cuanto a su reglamentación.
El prosecretario de la Presidencia y presidente de la JND, Diego Cánepa, declaró a Búsqueda que a nivel internacional Uruguay pasó a ser “el modelo” a tener en cuenta incluso por países que estaban a la vanguardia en el cambio de paradigma del combate a las drogas, como es el caso de Holanda.
“El mundo está viendo que en Uruguay no se trata de una simple liberalización sino de una regulación del mercado”, explicó Cánepa. “Está comprobado en el mundo que es mucho más difícil para un Estado controlar un mercado ilegal que uno legal, en el que se pueden generar las condiciones de contralor y fiscalización que son mucho más complejas cuando el mercado es invisible”.
Sin embargo, a nivel internacional también surgieron las primeras voces críticas. Luego de que se aprobara la ley solo con los votos del oficialismo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), encargada de la aplicación de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 de las Naciones Unidas, emitió un comunicado en el que cuestiona la decisión del Parlamento.
El Departamento de Estado de EEUU declaró a la Agencia EFE que “depende del pueblo de Uruguay decidir qué políticas sobre las drogas son las más apropiadas” pero que tiene que “cumplir con sus compromisos internacionales”.
Impactos.
Cánepa dijo que el objetivo del gobierno es que la reglamentación esté pronta en 90 días, pero que por los tiempos de producción de la marihuana, la venta en farmacias probablemente sea posible recién en setiembre.
Para eso el Poder Ejecutivo creó varios grupos de trabajo que están a cargo de idear el funcionamiento del Instituto para la Regulación y el Control del Cannabis (Ircca) creado en la ley, el sistema de licencias de producción y venta, y el software que llevará el registro de consumidores, clubes de cannabis y autocultivadores.
Uno de los equipos trabaja la creación del Comité Científico de Evaluación y Monitoreo de la ley.
Antes de que se aprobara la ley, el IPEA, que está en la órbita de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de Brasil, solicitó integrar ese equipo. La JND envió ayer miércoles una carta aceptando la solicitud. Además, extendió la invitación a la Cicad e intentará incluir a académicos e intelectuales de Alemania, Estados Unidos, Colombia, México, España y Holanda.
“No estamos abriendo las tranqueras para que vengan a hacernos las políticas soberanas, estamos dando luz a lo que estamos haciendo para que todos puedan opinar y, por lo tanto, aprender de nuestra experiencia”, declaró Calzada.
Una de las funciones del comité será medir y analizar los impactos “esperados y no esperados” provocados por la ley. (Más información en páginas 6 y 7)
