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La actual campaña rumbo al próximo domingo 27 se viene desarrollando con el telón de fondo de un contexto regional e internacional deteriorado, lo que hace que sea cada vez más difícil asegurar que se podrán cumplir las promesas electorales. Si los dirigentes políticos pierden de vista esto, el riesgo puede ser quedar presos de sus palabras: promesas que se llevará el viento y, con eso, electores defraudados.
Esta semana, la Organización Mundial del Comercio redujo a menos de la mitad (de 2,6% a 1,2%) su previsión para el crecimiento del comercio global este año, y además alertó que los riesgos para las proyecciones siguen “sesgados a la baja”, un comentario que vienen repitiendo prácticamente todos los organismos internacionales que analizan la marcha de la economía desde hace más de un año.
Aun en el caso de Estados Unidos, la economía desarrollada más pujante, los datos conocidos esta semana revelan una fuerte contracción de la actividad del sector manufacturero (el índice ISM, que mide la actividad en el sector, se redujo en setiembre a 47,8, por debajo de la más pesimista de las estimaciones del mercado, y el nivel más bajo desde 2009), al tiempo que el informe privado de empleo de la firma ADP se ubicó por debajo de lo proyectado. Eso derrumbó los mercados accionarios, generando el peor comienzo de un trimestre desde 2008, cuando se iniciaba la última gran crisis financiera global.
Los datos de actividad y de precios conocidos para Europa, el Reino Unido, Japón, Corea del Sur y varios otros países muestran las mismas tendencias de desaceleración y presiones deflacionarias globales. A nadie le debería sorprender que sobre, fines de este mes el Fondo Monetario Internacional vuelva a revisar a la baja sus estimaciones de crecimiento global, tanto para este año como para el que viene.
En la región la situación también es complicada y ampliamente conocida, por lo que no es necesario abundar sobre la misma. Lo único que hay que recalcar es que es muy poco probable que ocurra un cambio en sentido positivo al menos hasta la segunda mitad de 2020, en el mejor de los casos, y que si eso sucede, no va a generar un aumento significativo de los precios en dólares en nuestros vecinos y un boom de demanda sobre las exportaciones de bienes y de servicios de Uruguay.
Es por ello que las perspectivas económicas para el arranque del próximo gobierno lucen bastante lúgubres, sobre todo considerando que además se va a tener que encarar el problema del alto déficit fiscal (estabilizado en el equivalente a 4,8% del Producto Bruto Interno); la caída de competitividad y rentabilidad del sector privado; la pérdida de empleos y el estancamiento del nivel de actividad, más allá de alguna modesta señal favorable como el aumento de las exportaciones impulsado básicamente por la soja.
Este es el contexto en el que hay que analizar la viabilidad de los compromisos de campaña de que no se van a subir impuestos; que se va a mantener —y en algunos casos ampliar— el gasto social; que se bajarán algunas tarifas públicas; que se construirán 136 o 200 nuevos liceos u otros centros educativos, y otras por el estilo. Decir, como lo viene haciendo el oficialismo y su candidato presidencial, Daniel Martínez, que todo se soluciona con más crecimiento económico suena a una broma de mal gusto. Prácticamente desde el inicio del actual período de gobierno es claro que el dinamismo de la economía uruguaya ha desaparecido, y no hay ningún motivo —salvo el empuje pasajero que traerá la construcción del Ferrocarril Central, alguna PPP y la obra de UPM 2— para pensar que aparecerán bases sólidas para un crecimiento alto y sostenido, bajo las condiciones actuales.
Desde el lado de los principales candidatos de la oposición, las propuestas de reducir el gasto a través de una mejor gestión y volcar esos recursos a bajar las tarifas de combustibles y energía y los impuestos que afectan los costos de producción del sector privado —si bien luce más coherente con el objetivo de dar incentivos para retornar a un “círculo virtuoso” para reactivar el crecimiento económico y el empleo—, choca contra la rigidez del gasto hasta tanto no se vote el próximo Presupuesto quinquenal y pueda hacerse un ajuste estructural tamaño del Estado.
En definitiva, más que por las promesas que se han estado haciendo, los uruguayos deberían elegir a quien consideren más confiable y capacitado para administrar la escasez, porque lamentablemente, eso básicamente es lo que va a tener que hacer el próximo presidente y su gobierno, al menos en los primeros años de gestión.
