Presionada, Rousseff gana tiempo frente a la crisis de Brasil

Aunque la protesta del domingo reunió un público variopinto —desde personas como Mariz Gudino que expresan reparos sobre el impeachment hasta algunos que reclaman una intervención militar en el poder—, la crítica central se concentró mucho más que antes sobre el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y la propia mandataria. Abundaron los carteles y gritos de “¡Fuera Dilma!” y “¡Fuera PT!”. También apuntó al predecesor y padrino político de Rousseff, Luiz Inácio “Lula” da Silva, quien en la manifestación de Brasilia fue evocado con un enorme muñeco inflable con su rostro y ropa de presidiario. Lula está siendo investigado por presunto tráfico de influencias a favor de Odebrecht, la mayor constructora de Brasil y toda Latinoamérica, y el hecho de que se haya vuelto un blanco predilecto de los manifestantes muestra que ha perdido parte de la fortaleza y popularidad que tenía al dejar el poder en 2011. Cada vez más brasileños parecen rechazar de plano la posibilidad de que vuelva al poder después de Rousseff.

Pero la semana pasada hubo ciertos cambios en el panorama, que dieron algo de oxígeno a Rousseff. Por un lado, el TCU concedió un plazo adicional de 15 días al gobierno para explicar presuntas irregularidades que encontró en los balances fiscales de 2014, restándole presión al tema. Por otro, el ejecutivo logró un acuerdo básico con el presidente del Senado, Renan Calheiros, para impulsar una serie de medidas anticrisis y promercado. Calheiros —que al igual que Cunha pertenece al partido centrista PMDB y es investigado por la justicia por aparentes vinculaciones al esquema de sobornos de Petrobras— se declaró de pronto contrario al juicio político a Rousseff­, lo que indica que ese eventual proceso enfrentaría más dificultades en el Senado que en Diputados (para destituir a la presidenta se necesitan dos tercios de votos de la Cámara Baja y después dos tercios del Senado).

El propio Cunha la tiene cada vez más difícil en su guerra política contra Rousseff desde la presidencia de Diputados: al cierre de esta edición se aguardaba en Brasil que los procuradores presentaran una inminente denuncia formal contra él ante el Supremo Tribunal Federal por delitos de corrupción (uno de los principales delatores del caso Petrobras lo acusa de haberle cobrado un soborno de US$ 5 millones, algo que él niega). El poderoso político descartó dejar el comando de la Cámara si fuera denunciado, pero eso lo debilitaría considerablemente y ya hay representantes que preparan un pedido para que se aparte del cargo.

Al mismo tiempo, representantes empresariales comenzaron a advertir que el impeachment erosionaría aún más la estabilidad que tanto le costó alcanzar a Brasil. “Un juicio político es un asunto traumático que afecta a los sectores políticos y empresariales en un momento en el que Brasil lucha por recuperar su credibilidad en el extranjero”, sostuvo el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de São Paulo, Alencar Burti. Y el diario “O Globo”, habitualmente crítico del gobierno, sostuvo en un editorial que la “manipulación del Congreso sobrepasa límites”, una crítica dirigida especialmente contra Cunha y su polémica batería de medidas “bomba” para aumentar el gasto público.

Dos prestigiosos diarios extranjeros, el estadounidense “The New York Times” y el británico “Financial Times”, publicaron esta semana editoriales con argumentos similares en contra de una salida forzada de Rousseff, pese a que ambos consignaron que el escándalo de Petrobras ha sembrado dudas sobre su gestión pasada como presidenta del consejo de administración de la petrolera, cuando ocurrían los actos de corrupción. “Hasta ahora, las investigaciones no han encontrado evidencia de acciones ilegales de su parte. Y aunque sin dudas es responsable de la mala gestión que ha puesto a la economía de Brasil en baja, esos no son delitos para juicio político. Forzar a Rousseff a dejar el cargo sin una evidencia concreta de crimen haría un daño grave a una democracia que ha ganado fuerza durante 30 años sin ningún beneficio como contrapartida”, sostuvo el primer periódico.

“Aunque Rousseff sea removida, probablemente sería sustituida por otro político mediocre —que trataría de implementar la misma estabilización económica que ella intenta hacer”, señaló el “Financial Times”.

Sin embargo, nada de esto significa necesariamente que la presidenta brasileña haya logrado sortear del todo la cuerda floja.

“La crisis sigue”

El ajuste fiscal que impulsa Rousseff sigue lejos de dar los resultados esperados y las proyecciones indican que la economía de Brasil pudo haber entrado en recesión en el segundo trimestre de este año (los resultados oficiales se conocerán el 28 de agosto). Los analistas ahora proyectan que la contracción de la mayor economía latinoamericana continuará en 2016 y las agencias calificadoras de riesgo están a un paso de quitarle al país el grado inversor, lo que dificultaría más la llegada de inversiones.

En el plano político, el Ejecutivo sigue sin una coalición sólida en el Congreso, pese a los esfuerzos que realiza el vicepresidente Michel Temer para mejorar la interlocución entre ambos poderes. Aunque hoy parece improbable que un juicio político a Rousseff reúna el apoyo necesario, continúan las investigaciones de corrupción que han generado tantos problemas entre la presidenta y sus aliados. Y en cualquier momento pueden surgir nuevas delaciones y revelaciones que compliquen más el escenario.

El gobierno enfrenta una actitud más agresiva desde el principal partido opositor, el socialdemócrata PSDB, cuyo mayor referente, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, sugirió esta semana a Rousseff que haga un mea culpa o abandone el cargo. “Si la propia presidenta no fuera capaz de un gesto de grandeza (renuncia o la voz franca de que se equivocó y sabe apuntar los caminos de la recuperación nacional), asistiremos a la desarticulación creciente del gobierno y del Congreso a golpes de Lavacoches”, advirtió en alusión al nombre que recibió la investigación del caso Petrobras. Algunos analistas vieron estas palabras como un intento de Cardoso de sintonizar con los manifestantes y unir a los dirigentes de su partido, que tienen opiniones encontradas sobre la conveniencia de apoyar un impeachment.

El argumento de que destituir a Rousseff traería más inestabilidad y costos a Brasil ha sido rechazado por algunos académicos. El politólogo brasileño Carlos Pereira argumentó en el diario “Folha de São Paulo” del lunes que “ser responsable hoy es no tolerar comportamientos oportunistas. Transigir bajo el argumento del caos político y económico acarreará mayores costos, ya que se estará alimentando un cinismo cívico de que todo vale”.

De cualquier modo, analistas como Vera Chaia, profesora de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, coinciden en que la presidenta “ganó tiempo” con los acontecimientos recientes. “Esto no quiere decir para nada que haya acabado la crisis política y económica. Para eso tendrá que discutir y articular con los partidos en el Congreso, con los sectores empresariales y hasta con los movimientos sociales”, dijo a Búsqueda. “Tal vez para ella pasó el momento de mayor desgaste, pero la crisis sigue”.