N° 1917 - 11 al 17 de Mayo de 2017
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáSon pocos los funcionarios públicos que hablan con la claridad y el conocimiento con el que lo hace el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Así quedó demostrado —una vez más— en la entrevista que le realizó Búsqueda la semana pasada, en la que no solo describe el infierno en el que se han convertido la mayoría de nuestras cárceles, sino que se anima a formular una serie de reflexiones acerca de las causas del delito y el fracaso del sistema penitenciario que sería bueno tomar en cuenta si se quiere debatir seriamente en torno a ello.
¿Por qué nuestras cárceles tienen cada día más presos? ¿Por qué contamos, en términos comparativos, con más reclusos que otros países de la región, en los que el crimen organizado y el narcotráfico en especial han alcanzado cotas inimaginables para los parámetros uruguayos? ¿Por qué esos centros de reclusión, en vez de recuperar a los infractores y reinsertarlos en la sociedad, se han convertido en verdaderas universidades del crimen y logran, salvo contadísimas excepciones, exactamente lo contrario? ¿Cómo se llega al mundo del delito? ¿Podemos hacer algo para revertir este estado de cosas? ¿O solo cabe, como anotó el Dante en la puerta del infierno, perder toda esperanza y resignarnos a convivir con el terror?
Admitamos que venimos sobrevolando estas preguntas desde hace mucho sin hincarles el diente en profundidad. Quizás, porque preferimos no mirar qué sucede del otro lado de los barrotes y así poder dormir tranquilos. O, lo que es peor, porque nos resulta mucho más fácil encerrarnos en nuestras propias cárceles interiores, esas que levantamos con la ayuda de la crónica roja, las cámaras y drones de Bonomi y de nuestros propios miedos y prejuicios. Una combinación letal, pues lo que predomina entre nosotros no es el deseo de entender y prevenir sino el de vigilar y castigar.
Dice la Constitución de la República, piedra angular de nuestro sistema de convivencia, que “a nadie se le aplicará la pena de muerte” y que “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Un enunciado tan noble como lejano. Bien sabemos que el propósito planteado por nuestros constituyentes y la realidad muchas veces corren por carriles diferentes. Pero lo peor de todo es que a muchos de nuestros compatriotas no les importa que no coincidan. Es más, se sienten más cómodos con el diente por diente y el ojo por ojo que con el imperio de la ley.
Como relata el informe de Búsqueda, nuestras cárceles están superpobladas (11.500 reclusos; cinco veces más que en 1985) y nuestros presos viven en pésimas condiciones: hacinamiento, violencia, ocio forzoso y ausencia de programas educativos específicos. Y eso no solo es malo para ellos, sino también para nosotros.
“Si viven encerrados, lo que viven es violencia, corrupción, amenazas y eso hacen cuando salen porque es lo que aprenden”, dice Petit.
La violencia en la cárcel es un drama cotidiano. Hay veinte veces más homicidios que en el conjunto de la sociedad.
Allí la educación no pasa de ser una promesa incumplida. Se calcula que hay poco más 2.000 estudiantes en todo el sistema y cerca de 150 personas aún no saben leer y escribir.
Un dato que no debería sorprendernos en el marco de un país en el que menos del 10% de los pobres termina el liceo, decenas de miles de jóvenes no estudian ni trabajan (los llamados “ni-ni”) y solo un cuarto del total de los uruguayos terminó Secundaria.
“El preso es esa población que rebotó en la escuela, que tiene varios hermanos que no estudian ni trabajan, que son materia prima para el narcotráfico chico, mediano después y más grande luego. Y seguir una película donde por primera vez son alguien y agarran un arma y se ganan el temor de unos y (la) admiración de otros y consiguen una novia y consiguen dinero y todo lo que querían tener y les envidiaron a otros”, advierte Petit.
Su reflexión va más allá del simplismo tradicional de atribuirle al delincuente una vocación intrínseca por el delito, como si hubiese personas programadas para delinquir, o aquel otro que señala que los hombres nacemos buenos y es el sistema económico el que nos corrompe. Describe una realidad mucho más compleja y difícil de advertir, atravesada por múltiples factores, que viene cocinándose a fuego lento desde hace décadas.
Ante esto ya no podemos seguir haciéndonos los distraídos. Debemos aceptar que nuestro Estado falló y que lo viene haciendo sistemáticamente, que fallamos como sociedad con aquellos que no supimos educar, ni transmitir valores como el esfuerzo o la honestidad, ni capacitar para el trabajo, ni darles las mismas oportunidades de partida que al resto, ni ayudamos a proyectar una vida dentro de la ley.
Preferimos, hasta ahora, apilar esos proyectos de vida truncos en las márgenes de nuestra conciencia. Condenarlos por anticipado al círculo de la desesperanza y la frustración. Ponerlos lejos. Y luego volver a condenarlos, sin pensar, siquiera, que con ellos, también nos estamos condenando a nosotros mismos.
Aceptemos que las cárceles son mucho más que esos lugares donde escondemos lo que no queremos ver o encerramos a los que se apartan de la ley; son una ventana a un mundo en el que, como bien señala el comisionado carcelario, “ser delincuente es ser alguien”, confiere identidad, prestigio, sustento. Un mundo muy distinto al nuestro, en el que la carencia de bienes materiales, pero sobre todo de familia, buenos ejemplos, maestras de túnicas blancas, referencias morales y cultura del trabajo hacen la diferencia.
Por eso hace bien Petit en insistir una y otra vez en que hay que romper con ese círculo perverso en el que viven nuestros presos y “la única forma que funciona” es darles dignidad a través del trabajo, el deporte, la educación y los vínculos por fuera del delito.
Por ellos y por nosotros.