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Uno de los sospechosos de asesinar a un comerciante en San Luis, liberado en una polémica decisión judicial, fue acusado de asesinar a un joven de 28 años el jueves 7. Según informaron a Búsqueda fuentes policiales, la jueza de Ciudad de la Costa, Adriana Morosini, ordenó prisión preventiva para el presunto responsable.
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El hombre había sido detenido poco tiempo atrás por su supuesta participación en el crimen del comerciante Gustavo Darío Barón en un intento de rapiña. Pero él y otros dos cómplices quedaron en libertad tras ser absueltos por el juez penal Marcos Seijas.
Aunque la fiscal Sylvia Lovesio consideró que la evidencia en contra de los detenidos era contundente —el asesinato ocurrió a la vista de varios testigos, tenían el arma y el dinero robado— y los acusó de un delito de homicidio especialmente agravado y asociación para delinquir, el juez consideró que la prueba tenía carencias.
Según el magistrado, la Fiscalía no solicitó pruebas claves, no interrogó adecuadamente a los testigos y, sobre todo, no extrajo la bala del cadáver de la víctima, algo que habría permitido incriminar a los acusados.
Según informaron a Búsqueda fuentes policiales, la jueza de Ciudad de la Costa, Adriana Morosini, ordenó prisión preventiva para el presunto responsable.
El fallo de la Justicia generó malestar en el Ministerio del Interior y entre los vecinos del balneario, que se manifestaron en las calles en protesta.
En declaraciones al programa La tarde en casa, de Canal 10, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, criticó a Seijas por dejar en libertad a “tres homicidas” cuando “todo San Luis sabe que fueron ellos”, y cuestionó que no hubiera solicitado más pruebas.
La Suprema Corte de Justicia y la Asociación de Magistrados retrucaron que el nuevo Código del Proceso Penal establece claramente que los jueces son imparciales y no pueden tener actividad probatoria, y señalaron su falta de conocimiento sobre la legislación.