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¿Qué le pasa a nuestra sociedad que acepta la violación de los derechos humanos que se produce diariamente en nuestro espantoso sistema de cárceles? ¿Cómo un país orgulloso de su sistema institucional convive con esto? Es un tema que ha ido de mal en peor, no importa el signo político de los gobiernos de turno.
Hemos escuchado el discurso demagógico de que los reclusos deberían ser rehabilitados a la sociedad, pero nada más lejos de nuestra realidad. Hablemos más bien de dejar de violar sistemáticamente sus derechos. Ese sería el primer paso imprescindible, que hasta el momento hemos sido incapaces de superar a pesar de las advertencias que recibimos desde hace décadas, por ejemplo, de los relatores sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Uruguay es un Estado que suscribe, entre otros, los siguientes tratados del sistema de Naciones Unidas: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su protocolo facultativo. Igualmente, es parte de todos los tratados de derechos humanos adoptados en el marco de la Organización de Estados Americanos, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Parecería que esto fue más para la foto de los gobiernos de turno que para cumplir con sus cláusulas.
El sistema carcelario uruguayo está considerado como uno de los peores de la región y siempre ocupa la parte más baja de cualquier estadística referida al tema. Tiene los peores niveles de hacinamiento y el mayor porcentaje de reclusos sin una sentencia definitiva. Además, posee una infraestructura inhabitable que derivó en recomendaciones de cierres de módulos de varias cárceles y que únicamente en algún caso se cumplieron debido a la intervención de la Justicia. El incendio en la Cárcel Departamental de Rocha, por ejemplo, donde murieron 12 personas, fue producto de las pésimas condiciones de seguridad del establecimiento.
No solo los expertos internacionales han hecho observaciones durísimas sobre nuestras cárceles. El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, definió en distintas ocasiones el estado de las cárceles como una vergüenza y varias veces empleó adjetivos tales como horrible, desastroso, espantoso, salvaje, inhumano e infernal. Luego de que se conociera que un recluso fue secuestrado durante 60 días por otros presos y sometido a torturas y desnutrición, Petit dijo: “Uruguay no tiene un sistema penitenciario y por eso pasan las cosas que pasan”. El comisionado presentó un plan de acciones que puede ser el comienzo para un cambio.
La falta de un sistema de penas alternativas para delitos menores o primarios lleva a un mayor hacinamiento que no permite distinguir las categorías de los delitos. A esto se suman las condiciones totalmente inadecuadas de los establecimientos, y todo eso hace que los centros de reclusión se conviertan en generadores de un sustancial aumento de la delincuencia. El hecho de que la policía —cuya función es la previsión y represión del delito— sea la elegida para cuidar a los reclusos, en lugar de personas especializadas en materia carcelaria, demuestra que Uruguay se maneja con una visión corta en el tema.
Es hora de tomar el “toro por las guampas”. Se necesita un muy asertivo y hasta agresivo apoyo político para resolver este enorme problema de una buena vez. Como explicó Petit: “Requiere de la conjunción de los tres poderes del Estado y de organismos que sean capaces de contener, administrar y canalizar las situaciones emergentes que puedan haber”.
Requerirá inversión, claro, aunque se recurra a la privatización, que sería posible si el Estado enfocara mejor su gasto. No nos dispersemos en idealizaciones, no hablemos de rehabilitación: empecemos por respetar los derechos más básicos.
