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Que ocho funcionarios del INAU sean procesados por la Justicia por “abuso de autoridad” contra adolescentes que cometieron delitos no es algo que pase todos los días. Por eso, para algunos operadores del sistema que atiende la situación de estos jóvenes, la resolución judicial de la semana pasada “impacta” y demuestra que había una “práctica de tortura sistemática”.
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Según los funcionarios del INAU, el hecho deja en claro que es “momento de avanzar” para que el Hogar Ser de la Colonia Berro —donde se cometió el abuso de autoridad— deje de ser un centro de reclusión para adolescentes peligrosos y sea un lugar de emprendimientos productivos.
En tanto, para la dirección Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) del INAU quedó claro que “funcionaron los mecanismos” para enfrentar este tipo de situaciones. “El Sirpa hizo la denuncia el año pasado. Acá no hay tortura porque no se trata de algo sistemático ni repetido”, aseguró el director del organismo, Jorge Gago.
La semana pasada la jueza de Pando Isaura Tórtora procesó a ocho funcionarios del Sirpa —uno de ellos con prisión— por el delito de “abuso de autoridad contra los detenidos”.
En la resolución la jueza afirmó que hay semiplena prueba respecto a que un funcionario del organismo, apodado “El Popeye”, ejercía “actos arbitrarios y sometía a rigores no permitidos por el reglamento a los adolescentes internados en dichas dependencias”. Estos actos ocurrían en “forma reiterada dentro del Hogar Ser con la participación y el conocimiento” de otros seis funcionarios. La directora del hogar, Yesica Barrios, estaba en conocimiento de la situación. “Los indagados no admiten su participación en los hechos mencionados brindando una versión exculpatoria inverosímil a la luz de las probanzas obrantes en autos”, afirma la jueza en el escrito.
Además recuerda que el INAU “posee dentro de sus cometidos esenciales la rehabilitación de los adolescentes internados en sus dependencias mediante la ejecución de las medidas socioeducativas —que las normas nacionales e internacionales en la materia establecen— tendientes a la reinserción social del adolescente, no resultando acorde a derecho la vulneración del goce de los derechos inherentes a la dignidad humana de los mismos bajo ningún concepto siendo deseable que ese cometido se cumpla a ultranza para el bien de la sociedad toda”.
La jueza tomó esta decisión dos semanas después de que la Suprema Corte de Justicia hiciera llegar a los magistrados que atienden casos de denuncias de maltrato, tanto de adultos como adolescentes privados de libertad, su recomendación de que tuvieran la “debida celeridad” en esos casos específicos, “disponiendo las medidas necesarias y adecuadas a la importancia de los derechos en juego”.
Impacto.
El abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (Ielsur) Luis Pedernera, dijo que el procesamiento “impacta por la cantidad” de involucrados. “Y dada la cantidad de personas procesadas, queda demostrado que había un comportamiento en el que la tortura era una práctica sistemática”, dijo Pedernera, uno de quienes vienen denunciando desde hace tiempo abusos en dependencias del Sirpa.
Pedernera dijo a Búsqueda que la decisión de la Justicia es “importante en el sentido de que comienza a quebrar la impunidad”.
“Esto sirve además, para ver cómo enfrentan las autoridades las denuncias. Ahora no podés decir cuando te denuncian, que mienten, que miente la Institución Nacional de Derechos Humanos, mienten las madres”.
En tanto, el presidente del sindicato del INAU, José Lorenzo López, informó que los funcionarios procesados dejaron de contar con la asistencia legal del gremio. Agregó que una vez que esté la resolución definitiva de la Justicia se analizará el “grado de responsabilidad” de cada uno para ver si corresponde desafiliarlo del sindicato. “El que haya incurrido en malos tratos será desafiliado”, afirmó.
El dirigente dijo que, si bien en otros momentos hubo procesamientos, la decisión de la Justicia de la semana pasada “ha golpeado al sistema”, incluso para el sindicato, que está en una “instancia complicada”.
López agregó que se debe “entender que trabajar en estos servicios no es fácil. La violencia es parte del cotidiano. Los trabajadores tienen que utilizar la fuerza —y eso está permitido por el protocolo— para desactivar situaciones producto de intentos de fuga, motines, agresiones de los gurises a los trabajadores, y ahí la única herramienta que queda es utilizar la fuerza para reducir y controlar la situación. Pero eso tiene que estar en un marco controlado, donde la medida no sea ni sistemática, ni desmedida, ni abusiva”.
López explicó que el Sirpa tiene 17 servicios y donde se centralizaron las denuncias fue en el Ser. El INAU tiene más de 5.000 funcionarios y 1.300 dependen del Sirpa. De esos, hay unos cien destinados al Ser y ocho fueron procesados, dijo. “Sentimos que hay una especie de generalización que no le hace bien a la gente. En el Ser había 100 gurises y hoy hay menos de la mitad y siguen pasando situaciones complicadas; hace dos semanas hubo dos trabajadores agredidos. Es momento de avanzar. Por eso hemos planteado que con estas nuevas inauguraciones de lugares, se cierre el Ser y sea transformado en un centro que establezca emprendimiento productivos, tal como varios organismos han establecido”.
Los funcionarios procesados están de licencia y a la espera del resultado de la investigación administrativa interna.