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Detrás de la extensa lista de proyectos de ley que se debaten en las comisiones y plenarios de ambas cámaras, muchas iniciativas suelen morir encajonadas en expedientes parlamentarios sin siquiera ser tratadas. La mayoría son propuestas individuales de legisladores que las usan como forma de responder a su electorado particular, de aprovechar una oportunidad puntual para ser parte de la agenda de noticias de una jornada o de dejar en claro cuáles son sus prioridades legislativas personales.
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Algunos de esos proyectos se destacan por su originalidad, su extraño contenido o lo que implicaría que fueran aprobados. En este último grupo se encuentra una iniciativa legislativa presentada por el senador nacionalista Juan Sartori, que prohíbe que se tiren cigarrillos, filtros o colillas de estos en “cualquier espacio público”. Quien violente esta disposición podrá ser sancionado, dice el texto, con multas de entre una y 10 unidades reajustables (entre $ 1.501 y $ 15.010), y además deberá realizar trabajos comunitarios por hasta 10 horas, relacionados con la preservación del ambiente, cuando haya reiteración en esa conducta penalizada.
“Si no se pudiera identificar a la persona concreta que hubiere arrojado el cigarrillo, la colilla o filtro, pero si se identificara a un grupo, la sanción se impondrá a todos los miembros de dicho grupo hasta tanto se identifique al individuo que cometió la infracción”, agrega el proyecto de Sartori.
El texto, que asigna al Ministerio de Ambiente la fiscalización de lo dispuesto y la imposición de las sanciones, también establece que hay sujetos que están “obligados” a prevenir que las colillas se arrojen en espacios públicos. La lista es amplia e incluye comercios, shoppings, centros de enseñanza, establecimientos sanitarios, edificios, lugares de baile y hasta oficinas y galerías, que además deberán colocar ceniceros “especialmente diseñados” en el exterior de sus establecimientos. De no hacerlo, o de encontrarse colillas en la vía pública a pesar de su instalación, podrá haber multas de 10 a 100 unidades reajustables (entre $ 15.010 y $ 150.100).
Licencia de conducir
La seguridad vial es una prioridad para el diputado nacionalista por San José Rubén Bacigalupe. Eso lo ha puesto de manifiesto en un proyecto de ley presentado el pasado 11 de agosto, donde establece algunas modificaciones a la actual ley al respecto.
Una de ellas dictamina que todas las personas que tengan libreta de conducir, sin importar de qué tipo de vehículo, deberán “concurrir a una charla taller de seguridad vial, una vez al año”, y también cuando tramiten la libreta por primera vez. Estos eventos estarán a cargo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, el Congreso de Intendentes, el Banco de Seguros del Estado y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
El problema para aquellas personas que no puedan ir a esta capacitación en el correr del año es que les “será bloqueada la libreta de conducir a partir del 1º de enero del año siguiente, hasta que en el correr del año concurra a la charla taller de ese año”.
La cerveza artesanal y su día
Un poco más detallado es un proyecto de ley de siete artículos presentado el pasado 4 de octubre por la bancada de senadores del Frente Amplio que propone “promover, regular y apoyar la producción de cerveza artesanal” en Uruguay. Así, se define que deberá ser realizada por “productores independientes”, cuya producción no supere los 2.200.000 litros anuales y tampoco podrán ser empleados ni participar en el capital de personas jurídicas, fondos de inversión, grupos económicos o “cualquier otra forma jurídica, cuyo giro u objeto sea la producción o comercialización de bebidas alcohólicas”.
Tras una exposición de motivos que se inicia con la historia de la cerveza hace 6.000 años, el proyecto declara de interés nacional la “promoción, difusión, estímulo y desarrollo” de la producción de este tipo de cerveza y le asigna al sábado anterior a la Semana de Turismo de cada año como el “Día Nacional de la Cerveza Artesanal”. A su vez, dictamina que el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Industria, elaborará un “plan estratégico en conjunto con las empresas, a efectos de establecer las medidas necesarias para el desarrollo, sustentabilidad y rentabilidad del sector, con la finalidad de su promoción y fortalecimiento”. Además, las empresas deberán “promover y ejecutar medidas tendientes a proteger y velar por la salud integral y el bienestar de los consumidores”.
La madre indígena
Muchos uruguayos celebran el aniversario de Peñarol el 28 de setiembre, pero para la diputada del Partido Nacional Nancy Núñez la fecha debería tener un significado más. Por eso, presentó en julio del año pasado un proyecto de un artículo único para que se celebre el “Día de la Madre Indígena”.
La fecha coincide con el nacimiento de Micaela Guyunusa, una de las últimas indígenas charrúas que vivió en Uruguay. “¿Por qué motivo solicitamos considerar a esta joven indígena como símbolo de la madre charrúa? Entendemos que, esta mujer indígena, inspira sentimiento de madre, y podemos reparar en la memoria de nuestro pueblo su triste destino de exilio, burla y humillación a pesar de haber sido fieles compañeros de nuestro héroe nacional. Sería de estricta justicia con la etnia charrúa y con la mujer indígena, y a través de ella con la maravillosa condición de madre”, argumenta la legisladora en su proyecto.
Los leones
Núñez, junto con las diputadas Virginia Fros (Partido Nacional) y Elsa Capillera (Cabildo Abierto), presentaron otro proyecto de ley de un único artículo para declarar el 3 de abril de cada año como “Día Nacional del Leonismo”.
La referencia es a los Clubes de Leones, que ese mismo día pero de 1951 aterrizaron en Uruguay. “Los Leones comenzaban a rugir fuerte en el Uruguay. Se creaba el Club de Leones Montevideo (posteriormente Anfitrión) y con ello el leonismo uruguayo empezaba a pisar fuerte en nuestro país”, dice la exposición de motivos del proyecto, que destaca que “los Leones uruguayos vienen dejando su huella por donde pasan y en el servicio que realizan”. El proyecto, dicen sus autoras, es un “modo de reconocimiento a los Leones del ayer, del hoy y del mañana”.
Violencia digital
Las redes sociales son un área virtual donde se suele decir que se condesa lo peor de la política. Buscando acabar con ese ambiente tóxico, el diputado colorado Juan Moreno redactó un proyecto de artículo único que incorpora al Código Penal un capítulo sobre faltas de “violencia digital”. Allí se castiga con entre uno y tres meses de trabajo comunitario a quien, a través del uso de cualquier medio digital, incurra en “ridiculizaciones, amenazas, chantajes, discriminaciones, difamaciones y/o injurias hacia otra persona física o jurídica y/o instituciones públicas o privadas”.
“Somos conscientes de que lamentablemente la violencia existe en todos los aspectos de nuestra sociedad. Debido a la vertiginosa evolución tecnológica a la que estamos sujetos, esta violencia se traslada a las plataformas digitales afectando de esta forma la identidad e integridad de las personas e instituciones”, razona Moreno, que observa que, “así como la mayoría de las prácticas comenzaron a digitalizarse, las violencias hicieron lo mismo”.
“Desnaturalizar” el idioma
Con el objetivo de erradicar el lenguaje inclusivo de la administración y la educación pública, la diputada suplente Inés Monzillo (Cabildo Abierto) presentó un proyecto de ley que prohíbe en toda la administración pública, así como en institutos de enseñanza públicos y privados de educación inicial, básica, media y superior, “el uso de alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el idioma español”. La iniciativa le otorga al Ministerio de Educación y Cultura el control y la promoción del “uso correcto y adecuado” del idioma español y establece que una vez que se verifique una violación de lo dispuesto la cartera, previo dictamen de la Academia Nacional de Letras, comunicará a la institución para que “inicie el procedimiento disciplinario correspondiente”. En estos casos la libertad de cátedra “no podrá ser invocada como eximente”.
La exposición de motivos de Monzillo hace varias menciones críticas al lenguaje inclusivo y sostiene que la norma no solo promoverá su uso “correcto, oportuno y adecuado”, sino que impedirá “que las ideologías contaminen mediante el lenguaje la educación de los niños y adolescentes”, y así se evitará que “se coarte o restrinja el derecho preferente que tienen todos los padres y madres de educar a sus hijos según los valores y principios que estimen pertinentes”.
