Proponen cambios en órgano regulador, cadenas nacionales, contenidos y autorregulación

Órgano regulador.

Los expertos celebraron los cambios que el gobierno decidió introducir al Consejo de Comunicación Audiovisual, que pasó de una integración a propuesta del Poder Ejecutivo a una casi totalmente designada por la Asamblea General (cuatro de los cinco miembros).

Botero valoró que “si queda así conformado sería uno de los órganos que ofrecen mayor autonomía en la región” pero coincidió con Vivanco en que hay que “revisar que sea compatible con el resto de las normas” para no dar “inestabilidad a los miembros del consejo”.

Cánepa estuvo de acuerdo con que “quienes sean nombrados por el Parlamento deben pasar también por una destitución del Parlamento” y opinó que “eso es mejorable en el proyecto de ley”.

Cadenas.

Otro aspecto cuestionado es el de las cadenas nacionales de radio y televisión. Lauría cuestionó que “no tienen ningún tipo de condicionamiento, no se establecen límites de tiempo” ni que deban “incluir cuestiones de interés nacional”.

Admitió que “en la práctica en Uruguay las cadenas no han sido usadas en forma abusiva” pero afirmó que “convendría tenerlo en la letra de la ley”.

Vivanco también puntualizó que “el lenguaje que tiene la actual norma permitiría todo tipo de excesos” porque “no hay ninguna regulación ni de tiempo, ni una alusión a que se trate de una circunstancia absolutamente excepcional para utilizar las cadenas”. Además se considera una “infracción grave” el incumplimiento reiterado de la obligación de difundir las cadenas, por lo que habría que “modificar” esos artículos.

Cánepa consideró que el reclamo es “medio injusto a la realidad de lo que es Uruguay y de lo que ha pasado”. De todas formas compartió que “habría que mejorar ese aspecto”.

Protección al menor.

Vivanco destacó “el ajuste” que se hizo a la prohibición de emitir imágenes violentas en el horario de protección al menor pero sugirió “avanzar aún más en términos lo más concretos posibles ese lenguaje para impedir que se pueda prestar para algún tipo de abusos”.

“Que todos entendamos a qué nos referimos con pornografía, que todos entendamos a qué nos referimos con violencia excesiva, o programas que promuevan el consumo de drogas”, ilustró.

Hervieu consideró que “la limitación de algunos mensajes o contenidos violentos en ciertos horarios, y sobre todo en el servicio público, puede ser una cosa válida”. No obstante dijo que su organización recomienda “una autorregulación”.

Autorregulación.

Botero sostuvo que “no hay la menor duda de que un medio que esté sometido a normas éticas (...) va a hacer mucho mejor su trabajo” pero afirmó que “es peligrosísimo que los Estados intervengan de cualquier manera” en ese tema.

Sostuvo que “la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”. Reconoció que “hay una base importante del proyecto al eliminar la cláusula según la cual los códigos éticos deben adecuarse a la ley” pero también “debe quedar claro que de ninguna manera el Estado puede otorgarse la facultad de hacer obligatorios esos códigos”.

Algunos cambios.

Cánepa sostuvo que “un proceso transparente y participativo no significa que el gobierno no cumpla su rol”. Entonces, “recibir las críticas y no hacer todos los cambios no invalida el proceso en sí mismo, porque en realidad también hay un punto donde uno puede tener un desacuerdo, tanto con la oposición o con la sociedad civil o con las organizaciones internacionales”.

El prosecretario dijo que la apertura del gobierno “no significa que todo lo planteado automáticamente se debe poner sino que se toma cono un insumo”.

No obstante, Cánepa anunció que el gobierno va a “trabajar para la semana próxima, o en 15 días, proponer algunos de los cambios particulares”.

“Estamos muy cerca de construir una ley que esté dentro de los estándares más importantes a nivel internacional y regional, pero fundamentalmente lo que para Uruguay es importante”, opinó.

Corregir. El presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, Luis Pardo Sáinz, opinó esta semana que “la conferencia de expertos convocada por la Presidencia” y “el proceso de consultas y deliberación que ha tenido lugar” sobre el proyecto de ley son dignos “de aplauso” (ver cartas al Director).

“Sin embargo, una cosa es un proceso ejemplar, que por cierto contrasta con los casos de Ecuador, Venezuela o Argentina, y otra muy distinta es inferir, a partir de los elogios al proceso, que estamos ante una ‘ley modélica para América Latina’. El proceso va bien y será impecable en la medida que las opiniones de los expertos sean tomadas en cuenta y no sean utilizadas sólo para legitimar el proceso, sin corregir el proyecto de ley”, opinó.

Pardo Sáinz enumeró algunos cambios que deberían hacerse, como “normar adecuadamente las cadenas obligatorias”, “revisar seriamente el alcance de las normas antidiscriminación”, “ eliminar las ambigüedades que puedan generar en el futuro condiciones para el ejercicio discrecional de las facultades sancionatorias” y modificar “la facultad de aplicar sanciones graves” por parte del Ejecutivo, entre otros.