En una medida que sorprendió a algunos actores del sistema judicial, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto para modificar la ley de combate al lavado de activos.
En una medida que sorprendió a algunos actores del sistema judicial, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto para modificar la ley de combate al lavado de activos.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa propuesta del gobierno busca que las medidas cautelares adoptadas durante la etapa presumarial en un caso de lavado se mantengan “hasta la conclusión de la causa penal”.
“Las sedes competentes en los procesos judiciales en los que se investigan los delitos relacionados con el comercio ilícito de drogas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo tienen un cúmulo de trabajo importante, lo que dificulta enjuiciar a los sujetos involucrados en dichos delitos con la premura deseable y por ello existe peligro de que opere la caducidad de las medidas cautelares adoptadas durante la etapa presumarial”, dice el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos.
La ley vigente establece que las medidas cautelares que se adoptan en la etapa presumarial (la investigación previa al inicio del juicio) caducarán luego de dos años si la Fiscalía no solicita el enjuiciamiento de los involucrados.
La propuesta generó sorpresa en ámbitos judiciales porque el gobierno había presentado el 28 de noviembre un proyecto de “ley integral contra el lavado de activos” y el asunto de las medidas cautelares no era prioritario, dijeron a Búsqueda las fuentes consultadas.
El portal de noticias “180” publicó el martes 22 que si se aprueba la iniciativa, el empresario Francisco Casal se vería beneficiado porque afectaría el caso que investiga la corrupción en la Conmebol —por el que está procesado Eugenio Figueredo— y le permitiría recuperar “los derechos de los partidos de la selección uruguaya que perdió durante la presidencia de Sebastián Bauzá”.
Consultado por Búsqueda, el especialista Leonardo Costa puso en duda la constitucionalidad de la propuesta del Poder Ejecutivo porque “atenta contra el principio de inocencia”.
Fijar una medida cautelar sin plazo límite durante un presumario “es lo mismo que decir que la persona es culpable”, explicó.