Proveedores del Estado cuestionan compra directa de alimentos y reclaman “igualdad de condiciones”

Esas cooperativas “que cumplan con las normativas que deben cumplir los actuales proveedores, que paguen un local en el Mercado Modelo, que tengan vehículos de transporte habilitados, que hagan cursos de manipulación de alimentos, que paguen 2% de inspección de calidad”, señaló a Campo el presidente de esa gremial, Aldo Furtado.

En 2014 esa Secretaría de Estado inició la compra por excepción mediante convenios con la Asociación de Productores de Cerdos, luego hizo algo similar con la Asociación de Fasoneros de Pollos Unidos, con el molino harinero Santa Rosa y con la Sociedad de Fomento Rural de San Antonio, que produce hortalizas. Todas esas organizaciones de Canelones conformaron cooperativas para constituirse en proveedoras del Estado.

A la actual provisión de alimentos para las cárceles el MI prevé también ampliar esas compras para la Dirección Nacional de Educación Policial, que es la ex Escuela de Policía. El monto de las compras de alimentos de esa cartera de Estado pasó de U$S 3,5 millones, en 2014, a U$S 4,2 millones, en 2015, y algo más de la tercera parte de eso corresponde a adquisiciones a productores familiares, según datos publicados en su sitio web.

“Nos preocupa que en la última licitación de la UCA ya se incluyó lo que establece la ley de compras públicas para la agricultura familiar en el pliego”, dijo la secretaria de la Apefhu, Shirley Walker.

Opinó que “el inconveniente en esas licitaciones es que piden el abastecimiento de una serie de productos y el productor por lo general se especializa en algunos rubros, pero no puede proveer todos los que pide el Estado”. Entonces “termina comprando a otros productores y convirtiéndose en un intermediario, como lo hacen los actuales proveedores, pero los agricultores familiares gozan de ciertos beneficios”, opinó en alusión a la ley 19.292, promulgada en 2014. Esa norma estableció un mecanismo de reserva de mercado estatal de bienes y servicios alimenticios para estos sectores de la economía con el objetivo de fomentar su desarrollo, que en el caso de compras estatales centralizadas es de 30% del mercado y de las compras estatales descentralizadas es de 100% del mercado.

Las adquisiciones gubernamentales son “un instrumento relevante a la hora de potenciar el desarrollo de la agricultura familiar permitiendo la obtención de precios justos para productores y consumidores, evitando las tendencias oligopólicas de la distribución y garantizando el acceso a mercados”, según esa legislación.

Walker contó que ante consultas realizadas por esa gremial en la UCA algunos funcionarios les comentaron que “no veían viable” la aplicación del nuevo sistema de compras públicas para la agricultura familiar, debido a las dificultades para que los productores puedan adecuarse a las condiciones de los pliegos, entre otros aspectos.

El presidente de la Apefhu, que es productor de manzanas y otras frutas en la localidad de Toledo, departamento de Canelones, indicó que otra diferencia es que algunos llamados que realiza el Ministerio del Interior son para proveer de productos para las cárceles en varios departamentos y las cooperativas de productores familiares entregan todo en el Comcar y luego ese Ministerio lo distribuye. Mientras que los actuales proveedores deben presentar un precio y “comprometerse a entregar en distintos lugares en tiempo y forma”, comparó.

Caro y barato

Las compras de alimentos que realiza cada año el Ministerio del Interior (MI) “tiene la particularidad de haber impulsado, por motu proprio, una experiencia de compras directas de alimentos a productores familiares”, que en 2015 acumula alrededor de $ 100 millones anuales, los que representan alrededor del 35% de sus gastos de funcionamiento, señala una consultoría encargada por los Ministerios de Ganadería y de Desarrollo Social.

En cuanto a las compras de carne, ese trabajo indica que el MI decidió sustituir la carne bovina por la de cerdo y pollo, y esa determinación “fue aceptada sin mayores problemas por la población carcelaria”. Y que “es mucho más difícil incorporar el pescado a la dieta, tanto por las costumbres de alimentación predominantes como por las dificultades asociadas a la elaboración de una dieta balanceada y la falta de un menú de fácil elaboración en base a este producto”, comenta.

Destaca de estas experiencias de compras directas que en el MI se compra “mejor y más barato”, y lo diferencian de la tendencia en el aparato estatal de comprar “mal y caro”. “Esto quiere decir que esa Secretaría de Estado gasta menos recursos en los mismos productos, que son de buena calidad y llegan en los volúmenes comprometidos, reduciendo las ineficiencias del sistema de compras”, explica. Y menciona a modo de ejemplo que en el caso del pollo ellos compran a los fasoneros a $ 63 el kilo cuando en las licitaciones pagan cerca de $ 90 por kilo.

Otro aspecto mencionado en función de las experiencias recogidas en el trabajo es la relación con el Tribunal de Cuentas que observó las compras de harinas y fideos “por no ajustarse a la normativa” vigente. Mientras que desde la Dirección General del MI se considera que “ese fallo es equivocado en la medida en que la decisión de comprar directamente es conveniente para el Estado, ya que permite ahorrar recursos, reducir la corrupción y aumentar la calidad de los productos adquiridos”, según el informe.