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En Villa Vieja —a unos 20 kilómetros de la capital de Florida— un peón rural de 67 años salió a caballo a arrear ganado en la estancia que trabaja. El cielo estaba negro y comenzaba a llover, pero él insistió en que no podía abandonar sus tareas y dejar a los animales abandonados. En medio de la cabalgata se desató una tormenta eléctrica y uno de esos rayos lo mató. En estos días la Cámara de Diputados discute un proyecto de ley de responsabilidad penal en los accidentes laborales que de haber estado vigente el 25 de diciembre de 2012, cuando ocurrió ese episodio, el dueño de la estancia hubiese sido responsable de la muerte y pasible de ser procesado por la Justicia penal.
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La iniciativa es impulsada por el Frente Amplio, cuyos legisladores esperan aprobarla en comisión en una semana, y cuenta con el apoyo de la central sindical PIT-CNT. Las gremiales empresariales y algunos juristas están en contra. Los legisladores de la oposición respaldan el “espíritu” del proyecto, que es reducir los accidentes laborales, pero creen que la forma en que está redactado es “muy mala” y puede tener “consecuencias peligrosas”.
El proyecto de ley establece la “responsabilidad penal” del “empleador” en el artículo primero de la iniciativa. “Quien, en su calidad de empleador, incumpliere con las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasionando la muerte o una lesión grave o gravísima al trabajador será imputable de responsabilidad penal”, dice.
Luego enumera los artículos del Código Penal correspondientes. En el concepto de “responsabilidad penal” quedan comprendidos tanto el empleador principal como el subcontratista, intermediario o suministrador de mano de obra, en los casos que exista. El texto detalla que si el empleador es una persona jurídica y no física, “serán penalmente responsables de acuerdo al artículo primero los administradores, representantes o quienes ejercieren la dirección de la empresa”.
El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, Fernando Amado (Vamos Uruguay), explicó a Búsqueda que la redacción actual del proyecto consagra culpable a una persona de un accidente o una muerte en su empresa solo por el hecho de ocupar un lugar en el directorio o ser el dueño del emprendimiento, y no por comprobar si hubo una acción u omisión en las normas de seguridad. “En un orden jurídico democrático es totalmente inadmisible”, afirmó.
El legislador colorado dijo que no hay duda que cuando un empleador comete un acto u omisiones que causan las lesiones o muerte de un trabajador, eso debe ser considerado por el derecho penal. Por eso explicó que está de acuerdo con el “espíritu y el tema de fondo” del proyecto.
Amado cree que es necesario una legislación para reducir los accidentes laborales, pero opinó que el actual proyecto tiene “elementos de inconstitucionalidad y problemas de aplicación”.
El representante del Partido Nacional Pablo Abdala dijo a Búsqueda que coincide con los objetivos que persigue la propuesta, pero puntualizó que el proyecto tiene elementos “complicados” y que “violentan los principios del derecho penal”.
Abdala recordó que la Justicia ya tiene las herramientas para —en el caso de encontrar las pruebas correspondientes— procesar penalmente a los empresarios que incurran en omisiones en las normas de seguridad y eso lleve a lesiones o la muerte de alguno de sus empleados.
El legislador explicó que el empresario no siempre es responsable de los accidentes que ocurren en su empresa. Aclaró que las causas son múltiples y puede ocurrir que el trabajador actúe con irresponsabilidad.
“Un disparate”.
Las agrupaciones empresariales mantuvieron una reunión donde coincidieron en el rechazo al proyecto por considerarlo inconstitucional y “un mamarracho”, indicaron a Búsqueda dirigentes de esas gremiales.
El presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, dijo el martes 9 en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados que la propuesta “es un disparate”. Además opinó que tendrá un “impacto fuerte”, porque ahora los nuevos emprendedores deberán calcular también que pueden llegar a ir presos por irresponsabilidades de sus trabajadores.
El directivo de la Cámara de Comercio Juan Mailhos opinó que la iniciativa es inconstitucional y que afecta derechos empresariales fundamentales.
El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Javier Carrau, dijo a Búsqueda que “la medida es muy dura” y que no le parece “justa”.
El empresario opinó que está bien que se exija el cumplimiento de la normativa relativa a la seguridad y salud en el trabajo y que se refuercen las inspecciones. Pero afirmó: “No estamos de acuerdo en que el director de la empresa sea responsable de cualquier tipo de accidente”.
Desde la cátedra tampoco se acepta el proyecto tal como está presentado. El integrante del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República Germán Aller fue a la Comisión y pidió a los legisladores que no aprueben la iniciativa, porque la “formula no es recomendable”.
“Es un proyecto contradictorio y violenta varios principios del derecho penal”, dijo.
“Un tema de clase”.
El diputado frenteamplista Luis Puig dijo a Búsqueda que el proyecto “no esta cerrado” y que están dispuestos a discutirlo, aunque advirtió que “se debe mantener la esencia”.
El legislador —que en la pasada administración ocupaba un lugar en el órgano de dirección del PIT-CNT— dijo si bien el proyecto “no es mágico”, es una herramienta para reducir la siniestralidad en aumento.
“Los accidentes laborales no son producto de la casualidad ni del azar. Hay responsabilidades y entendemos que debe ser el empleador quien tenga que hacerse responsable de forma penal si no se tomaron las correspondientes medidas de seguridad”, explicó Puig, y aclaró que “no es el objetivo del proyecto que vayan empresarios presos”.
El legislador dijo que sabe que las gremiales empresariales están en contra de la iniciativa. “Los patrones están en desacuerdo porque es un tema de clase”, afirmó. Para él, quienes se oponen a aprobar la norma “buscan defender los intereses de los empresarios”. “
La bancada del Frente Amplio manifestó su apoyo al proyecto y pretenden que sea aprobado el jueves 18 en la comisión.
El proyecto tiene a su vez “todo el apoyo” del movimiento sindical en su conjunto, dijo a Búsqueda el coordinador del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Marcelo Abdala. El dirigente agregó que la intención es “desarrollar otra cultura de trabajo” para reducir el riesgo a lesiones y muertes en los ámbitos laborales.
