Y si bien el convenio entre INIA y Opypa “no tiene un propósito meramente académico, su existencia permitió el desarrollo, todavía incipiente pero con un gran potencial, de una masa crítica en recursos humanos que acumulan conocimiento sobre estas temáticas aplicadas, lograron avances en economía de los recursos naturales, la comprensión de los mecanismos de coordinación de las cadenas de valor y la cuantificación del cambio técnico” en el agro, analizaron.
Esos fueron algunos de los principales temas discutidos en una jornada técnica realizada el martes 29 en la estación experimental del INIA, en Las Brujas, Canelones.
Pocos productos
Los técnicos estudiaron los incentivos económicos para la adopción de prácticas que intensifican la producción y que puedan mitigar efectos como la erosión u otros potenciales impactos en el ambiente, como puede ser el riego suplementario.
Otro resultado destacado es que “se comenzaron a sumar antecedentes de investigación en el área de coordinación de cadenas agroindustriales, una línea de trabajo que está todavía poco explotada en relación con el sector agropecuario” en Uruguay.
Además se avanzó en la “conceptualización del desafío de la intensificación sostenible, observando el desarrollo económico del sector en el largo plazo, con una mirada especial sobre el sector carne vacuna y con la esperanza de avanzar en el estudio de otros sectores relevantes”, señalaron.
Los técnicos indicaron que “se cuantificó el progreso tecnológico en términos de su importancia económica global” y se plantearon interrogantes acerca de las posibles fuentes de crecimiento, en el entendido de que “es necesario mejorar los análisis de los diferentes subsectores para poder dar soporte a propuestas concretas de políticas públicas”.
Fue posible también elaborar un “inventario actualizado de los recursos públicos asignados a las actividades de I+D (Investigación y Desarrollo)”, lo que permite tener una “mejor idea del potencial del sistema y de las restricciones que pueden afectar su desarrollo futuro y su incidencia sobre los planes de desarrollo agropecuario”, comentaron.
Los investigadores reconocieron que “algunos de los objetivos específicos planteados en 2013 no lograron alcanzarse”. A modo de ejemplo, los técnicos explicaron que “se esperaba poder analizar los cambios en la apropiación de valor de la cadena de la carne uruguaya desde el frigorífico hasta el consumidor en el exterior”. “Este trabajo no se logró realizar; en principio, por falta de información; no hay información que pueda ser pública o a la que se pueda acceder de forma simple respecto a los canales de venta posteriores al frigorífico”, argumentaron.
Los técnicos señalaron que “la perspectiva de economía de los recursos naturales es una línea relativamente novedosa” en ámbitos de acción vinculados al sector agropecuario en Uruguay y por tal motivo, tiene todavía “pocos productos concretos”, como pueden ser estudios sobre el tema.
Es un enfoque que “contribuye al entendimiento de los efectos ambientales asociados al actual proceso de intensificación productiva y de los factores que favorecen la producción con conservación de los recursos naturales”, destacaron. Consideraron además que “brinda insumos para la programación y diseño de políticas en el marco de una intensificación agropecuaria sostenible”.
El convenio entre INIA y Opypa posibilitó el desarrollo de propuestas de acción incorporando, entre otras cosas, una visión de economía de los recursos naturales en las estrategias de políticas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). En ese marco se realizaron estudios específicos para líneas de política estratégicas en el sector y se identificaron las opciones de herramientas para continuar avanzando en el futuro.
Otro resultado novedoso es que se inició un estudio sobre los impactos en resultado económico de la implementación de los planes de uso y manejo del suelo en Uruguay. Eso se estableció “con el objetivo de analizar los cambios en el uso de ese recurso natural y los resultados económicos de la agricultura de secano a partir de la implementación obligatoria de la política de conservación de suelos” en 2013.
Si bien los resultados son “muy preliminares y están afectados fundamentalmente porque se trabajó con datos emergentes”, los técnicos observaron “comportamientos que sugieren la necesidad de estudiar la posibilidad de adoptar un esquema de incentivos para una implementación efectiva de la política de conservación de suelos”.
La continuidad de ese trabajo conjunto entre Opypa e INIA redundará “seguramente” en beneficios para la institucionalidad agropecuaria toda, consideraron.
En materia de contenidos u orientaciones generales para el futuro, los técnicos realizaron algunas recomendaciones.
Una de ellas es “analizar las interacciones que se producen entre la expansión productiva junto a los cambios tecnológicos y organizacionales y los recursos naturales asociados”.
“La cuantificación física y la valoración económica de los efectos ambientales de los sistemas productivos brindan una aproximación a los costos asociados a eventos tales como la pérdida de suelo por erosión”, señalaron los investigadores.
Para ellos, la información que resulta de ese tipo de análisis permite “mejorar el diseño de políticas que promuevan la adopción de prácticas de intensificación sostenible” de la producción agropecuaria. Eso se lograría a través, por ejemplo, de la generación de “fundamentos e información de base para el diseño y cuantificación de instrumentos de regulación indirecta”, explicaron. Y plantearon que eso “da lugar a una planificación de la producción que tenga en cuenta el compromiso que se genera con la conservación de los recursos naturales tanto en el presente como en el largo plazo”.
Delinear recomendaciones para “mejorar el diseño e implementación de las políticas agropecuarias basadas en la generación de información, indicadores y estadísticas económicas que incorporen la interacción de la producción con los recursos naturales” es otro de los planteos de los técnicos.
Otras cuentas
Los indicadores ambientales que complementan los datos económicos pueden ser ordenados mediante los sistemas de cuentas ambientales económicas, generados en organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), según el trabajo de INIA y Opypa. La investigación señala que desde 2015 “se redoblaron los esfuerzos y se ha puesto énfasis en el desarrollo de cuentas ambientales económicas vinculadas directamente a la actividad agropecuaria”.
En comparación con algunos países de la región, “Uruguay está rezagado en la incorporación de la contabilidad ambiental a las cuentas nacionales”, indica el trabajo.
Explica que “es un proceso con proyección de mediano y largo plazo que requiere fortalecimiento de capacidades en el equipo de trabajo, establecimiento de redes regionales e internacionales que faciliten la transmisión de conocimiento de países con experiencia y avance en la implementación”. Además precisa de apoyo de organismos internacionales que brindan asistencia técnica, agrega.
En cuanto a los resultados de la primera etapa del convenio, los técnicos valoraron que se cuenta con un “documento interno que identifica aspectos clave para la construcción de las cuentas satélite de suelo y bosque”, como por ejemplo los requisitos de forma, cantidad y calidad de información estadística necesarias, según los estándares internacionales de contabilidad ambiental.
El sistema de contabilidad ambiental económica en la producción agrícola (SEEA AGRI, por su sigla en inglés) fue diseñado por la FAO y tiene el potencial para analizar sistemáticamente las tendencias e interacciones de las cuestiones ambientales, económicas y sociales con respecto a la agricultura, como las variaciones en la demanda y extracción de agua o el uso del suelo. Permite además relacionar la información generada con los balances físicos de alimentos con el fin de evaluar el impacto en la seguridad alimentaria.
En ese sentido, los técnicos informaron que ya se diseñaron las etapas a trabajar en los próximos meses, y específicamente se pondrá énfasis en generar, organizar y dejar disponibles las bases de datos que serán insumo para alimentar la “cuenta de la agricultura”, así como gestionar los acuerdos entre instituciones y organizaciones encargadas de recopilarla.
El acceso y disponibilidad de la información es clave para este proceso y ha sido una de las principales dificultades identificadas en la etapa de diagnóstico, comentaron los especialistas. Actualmente, desde abril de 2016, esa área de trabajo es parte de la nueva Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático de Opypa, en el MGAP. Esa repartición ministerial tiene como objetivo general “identificar y cuantificar las sinergias y compromisos entre la producción agropecuaria y los recursos naturales que la sustentan”, en el marco de dos líneas estratégicas de política del MGAP que son la intensificación productiva con sostenibilidad y la acción climática.
La continuidad del convenio entre INIA y Opypa así como antecedentes generados hasta hoy en ese marco posibilitan “profundizar la incorporación de la perspectiva de economía de los recursos naturales en el análisis del sector agropecuario”, con énfasis en tres áreas interrelacionadas entre sí que son la evaluación de los impactos de la intensificación productiva e innovación tecnológica en los recursos naturales; la identificación, cuantificación y valoración de servicios ecosistémicos, y el diseño y elaboración de la “cuenta ambiental de la agricultura”.
