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“A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito” (Constitución de la República, artículo 26).
El comisionado parlamentario penitenciario, el Dr. Juan Miguel Petit, ha declarado a distintos medios de prensa su aspiración a la revisión de las penas previstas en el Código del Proceso Penal, relativas a todo lo vinculado con el tráfico y el consumo de drogas.
Es público y notorio el trabajo y la dedicación del Dr. Petit en su tarea, el gobierno y la oposición han coincidido en la necesidad de revisar nuestro sistema penitenciario. Con la influencia de sus observaciones diarias en el sistema, donde no se cumple con la “ley Mandela”, en cuanto al tratamiento del privado de libertad, que en resumen establece que: todos los reclusos deben ser tratado con respeto por su dignidad y valor propio como seres humanos… Ningún recluso puede ser torturado mi sometido a tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes…
Creemos, como el Dr. Petit, que debe revisarse el sistema, aplicando PPP (plata planes y pensar). Al mismo tiempo, debería aclararse para la ciudadanía que no debería sufrir la misma pena aquel traficante “mayorista” que una mujer, que fue explotada de todas maneras, que intenta introducir a la cárcel droga para su pareja.
El narcotráfico cuenta con todos los medios para realizar sus actividades impunemente con el criminal objetivo de introducir, incentivando, el consumo de menores de edad, que serán su futuro mercado.
Nuestras cárceles han registrado un récord de muertes en 2021. Además de ser una escuela del delito. Por esa razón, no deben ser depósito de delincuentes, sino elaborar programas sociales para trabajar con la población privada de libertad. La asistencia de ASSE, el sistema educativo y la implementación de medidas alternativas son imprescindibles.
El Dr. Petit ha planteado la revisión de las penas dispuestas por nuestro sistema jurídico, para los casos vinculados al narcotráfico.
A la vez, implementar, con el apoyo del Mides, que ya ha iniciado algunas acciones (y presupuesto), aquellas que permitan enfocarse en los quintiles más vulnerables de nuestra población.
