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El Ministerio del Interior se comprometió a implementar en Durazno diversas medidas de seguridad pública ante el incremento de poblacio´n en las localidades de ese departamento que estarán bajo influencia de la segunda planta de UPM.
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En encuentros con los vecinos organizados en noviembre del año pasado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), se les comunicó que en Pueblo Centenario el gobierno va a incrementar la dotación de recursos humanos de la seccional, fortalecer y modernizar su infraestructura y medio logísticos, implementar un sistema de videovigilancia en la ciudad y crear una Unidad de Investigaciones, una Unidad de Respuesta Policial y una Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género. La Unidad de Respuesta Policial refiere al despliegue de patrulleros y motos para la disuasión, prevención y represión del delito en la vía pública, mientras que las unidades de violencia doméstica y de género son específicas para radicar denuncias relacionadas con esos delitos.
En Paso de los Toros, otra de las ciudades afectadas por la posible nueva fábrica de pasta de celulosa, se aumentarán las unidades móviles disponibles en la seccional y los implementos en materia de armamento y mecanismos de respuesta. También va a instalarse un sistema de videovigilancia, aunque en este caso en los padrones donde se establecerán las viviendas temporales para quienes trabajen en la construcción de la planta. Tanto en Pueblo Centenario como en Paso de los Toros y en Carlos Reyles, el gobierno se comprometió a capacitar a obreros, capataces y empresas de transporte en temas de explotación sexual, violencia y trata, a través de “instancias de sensibilización”.
En las reuniones con la Dinama los habitantes de estas localidades señalaron que el número de obreros hombres que se empleen en UPM podría acarrear un aumento de casos de explotación sexual infantil y adolescente, de trabajo sexual clandestino y de problemas de convivencia por la instalación de prostíbulos y whiskerías en zonas residenciales.
Consumo de sustancias
Las medidas de seguridad están enumeradas en el anexo al Informe Ambiental Resumen (IAR) del Estudio de Impacto Ambiental presentado el mes pasado por UPM, paso previo al informe final de la Dinama y a la decisión ministerial para autorizar ambientalmente el proyecto.
El informe, elaborado por una consultora contratada por la finlandesa, valora conveniente la coordinacio´n entre las Jefaturas de Policía de Tacuarembo´ y Durazno para generar protocolos de actuacio´n, ya que “la llegada de personas fora´neas puede aumentar la inseguridad en las localidades en esta zona” y “la poblacio´n actualmente esta´ preocupada por la posible pe´rdida de la tranquilidad cotidiana y por ende disminucio´n de su calidad de vida”. La aparicio´n o el incremento de la prostitucio´n, la venta y consumo de alcohol y drogas y, en general, la agitacio´n de la vida nocturna y de comportamientos antisociales como delincuencia y violencia “puede ser causa de molestia para algunos sectores de la poblacio´n local”, sostiene el documento.
Además de las respuestas del gobierno en sus encuentros con los vecinos, el anexo recopila las acciones que UPM se comprometió a tomar con los habitantes de Pueblo Centenario, Paso de los Toros y Carlos Reyles. Nuevamente con el potencial aumento en el consumo problemático de sustancias como uno de los principales miedos de la población local, UPM dijo que “todos los días, al comenzar la jornada laboral, todos los trabajadores deberán estar dispuestos a someterse a controles aleatorios de consumo de alcohol y drogas”.
Ese tipo de control se enmarca en el decreto 128/16 del Poder Ejecutivo, que prohíbe el consumo y la tenencia de alcohol y cualquier otro tipo de droga durante la jornada de trabajo. La forma de detectar esas sustancias deberá definirse en un protocolo que la empresa y los trabajadores acuerden de manera bipartita.
