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En la edición del diario “El País” del día 2 de este mes se analiza, por diversos entrevistados, lo referente a la estrategia que se debería seguir respecto a nuestras relaciones con la República Argentina. El suscrito fue consultado para esa nota en un reportaje de más de media hora, donde se examinaron esencialmente las cuestiones fluviales, marítimas y portuarias que se plasmó en pocas líneas reduciendo —por razones periodísticas— de manera significativa el enfoque que personalmente sostengo al respecto. Por ello, aprovechando la hospitalidad que me ha brindado siempre este semanario, deseando proyectar la experiencia que adquirí durante más de 30 años en los que participé en negociaciones con Argentina que se concretaron en una docena de tratados y acuerdos internacionales y por haber presidido las delegaciones uruguayas ante la CARU, la CARP, la CTM del Frente Marítimo y el Directorio de la ANP, estimo necesario explicitar, con algo más de detalle, mi modo de pensar en esta materia, considerando que:
La política exterior, en general, y la relativa a las relaciones con Argentina, en particular, deben ser el resultado de una política de Estado. Es decir, los principales referentes de los partidos de oposición deben ser consultados. Es indudable que los mismos, con sus respectivos asesores, pueden hacer un aporte valioso en temas que son de interés no de un partido político, sino de toda la Nación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores es el órgano competente para planificar, dirigir, ejecutar y coordinar las relaciones con otros Estados, así como para negociar acuerdos internacionales (Dec. 197/1997, de 11.6.1997). Por ende, nos guste o no nos guste, el titular de nuestra Cancillería es el funcionario competente y responsable en esta materia y esa responsabilidad no se puede delegar a otros funcionarios ajenos a esa Secretaría de Estado. La elección del canciller, en consecuencia, reviste una enorme importancia no solo por la experiencia y capacidad para las negociaciones diplomáticas que se le debe requerir, sino también en lo referente a su buen juicio en la elección de sus colaboradores, que deben ser seleccionados por su capacidad y experiencia técnica, no en razón de pertenecer a un sector del partido de gobierno.
Un examen somero de lo que está pasando en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores permitirá a los lectores determinar si en la actualidad ese organismo llena los requisitos que indico anteriormente. Pero, partiendo de la hipótesis de que en efecto cumple con esas condiciones, ¿qué premisas debe tener la política exterior del país, en general, y con la Argentina, en particular? En mi opinión, debe ser el resultado de una cuidadosa planificación. Es inadmisible que no exista un plan, una estrategia, un derrotero que se deba seguir en las relaciones con Argentina que contemplen adecuadamente los intereses nacionales. Es inaceptable que se proceda como se dice vulgarmente “al golpe del balde”. Es imprescindible llevar a cabo una planificación y una estrategia debidamente estudiadas y consensuadas. Pero además no es posible encarar obras de enorme envergadura como el puerto de aguas profundas sin un estudio de mercado razonable, sin saber qué cargas va a operar o, lo que es peor, pensando que Argentina y Brasil, generosamente, van a desviar sus cargas al puerto a construir en las playas de Mar del Plata, Palenque y San Francisco. No podemos aventurarnos en un emprendimiento de esa naturaleza con tanta ligereza a costa del erario. Si tenemos que endeudarnos es mejor que lo hagamos en algo rentable, no a pura pérdida. Creo que a los uruguayos con la experiencia de Pluna nos alcanza.
Efectuada la planificación, fijada la estrategia, hay que poner en el equipo a personas capacitadas, que tengan credenciales que avalen su trayectoria y que justifiquen su designación. No voy a mencionar nombres, pero si examinamos a los funcionarios que han sido designados desde el 2005 a la fecha en nuestra Cancillería para cargos de relevancia en las relaciones con Argentina, veremos que, en muchos casos, carecen de la experiencia y de la capacitación necesarias. Al hacer este comentario, no sería justo si no mencionara que he visto, con particular satisfacción, que ha sido designado director general de Secretaría y presidente de la delegación uruguaya ante la CARP, el embajador Dr. Gustavo Álvarez. Tuve el privilegio de trabajar con él en el equipo legal de Uruguay en el caso Botnia y pude apreciar no solo su talento, sino su excepcional profesionalismo. Por ello, tengo alguna esperanza de que sea él el que le dé un golpe de timón a esta nave que va derivando al garete y la conduzca al derrotero que siempre debió seguir.
En los temas fronterizos, marítimos, fluviales y portuarios, la Dirección de Asuntos Limítrofes, antiguamente la Dimaf, de la Cancillería, debe jugar un rol importantísimo en la planificación y el estudio de los temas de su competencia, cumpliendo, incluso, con un rol consultivo muy relevante en esos temas. Si allí se designan personas sin conocimientos técnicos, obviamente su pasaje por esos cargos será, exclusivamente, en detrimento de la eficacia del rol que debe tener esa Dirección.
En cuanto a la solución de las cuestiones concretas que mantenemos con la Argentina, los amables lectores ya conocen mis puntos de vista, no solo respecto al puerto de aguas profundas sino también con relación a los canales de Martín García, al canal lateral argentino, a la delimitación de la plataforma continental y, sobre todo, al tema de la Disposición 1108/2013 de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Argentina, que prohibió el trasbordo de cargas procedentes de ese país en nuestros puertos. Para no ser reiterativo no insistiré en su análisis. Simplemente considero mi deber destacar que el transcurso del tiempo sin una política exterior debidamente trazada, con las contradicciones, omisiones y hechos consumados que se aprecian en la actualidad, constituye una omisión que lesiona severamente los intereses de nuestro querido país.
