“El Observador” publicó ayer en su página web que durante la indagatoria Calloia se refirió a la “participación de Fernando Lorenzo (ministro de Economía) en el episodio puntual de la habilitación de la garantía”. Fuentes del caso informaron a ese diario que el presidente del BROU declaró a los magistrados que Lorenzo no pidió directamente que avalara la garantía pero sí manifestó su “interés” en que le diera el aval a Cosmo.
En base a esas declaraciones el fiscal pidió a la jueza que también se cite a declarar al ministro de Economía, el resto del Directorio del BROU y las autoridades del Banco Central, según la nota.
Denuncia.
En pleno mediodía de ayer, miércoles 7, el sol caía pesado sobre la fachada del juzgado de crimen organizado en la calle Buenos Aires de la Ciudad Vieja. Justo enfrente, en la vereda de la sombra, la bancada de senadores del Partido Nacional esperaba que se cumplieran las 14 horas para entrar a la sede judicial a presentar una ampliación de la denuncia penal por el caso de Pluna.
A las 13 y 58, minutos después de que una señora interrumpiera una nota televisiva para poder entrar a su casa, Jorge Larrañaga dio la señal para ingresar al juzgado. “Bueno, vamos”, les dijo a sus colegas, mientras daba los primeros pasos para cruzar la calle. Luis Alberto Lacalle y Sergio Abreu fueron los únicos senadores que no estuvieron ahí.
En las primeras páginas del documento, al que accedió Búsqueda, los legisladores resumen y cuestionan algunos de los hechos acontecidos desde la asociación con Leadgate. Luego, como anunciaron durante la interpelación, se centran en el episodio del aval otorgado a Cosmo para que pudiera participar de la subasta, al que consideran “uno de los más oscuros”.
Según afirman, el trámite para la emisión del aval “se produjo en el lapso de las dos horas que mediaron entre el mediodía del 1º de octubre y la hora previa al remate”. Como prueba adjuntaron la versión taquigráfica de la interpelación en la que el senador nacionalista Carlos Moreira preguntó por una llamada de Lorenzo a Calloia a las 11 y 50 de ese día. En la sesión, el presidente del BROU evitó responder y el ministro admitió “la existencia de una comunicación telefónica”.
“A confesión de parte relevo de prueba. El aval se expidió totalmente fuera de norma, sin comprobación previa alguna, a requerimiento de un secretario de Estado en el sumarísimo plazo de dos horas”, cuestiona la denuncia.
Los senadores afirman que la decisión de Calloia de emitir el aval “viola flagrantemente las normas” del Banco Central, que “regulan con rigor y precisión” ese tipo de operaciones. Entre las irregularidades señalan que Cosmo “presentó como contracautela un seguro de fianza expedido por la aseguradora argentina Boston Seguros SA, que carece de domicilio en el país y de autorización para operar”.
Además, agregan que la categoría 4 de “deudor con capacidad de pago muy comprometida” con la que fue calificada Cosmo por el BROU “impide el otorgamiento de aval alguno” según las normas de la institución.
Los senadores sostienen también que “en ninguna oportunidad, ni en la subasta ni en la expedición del aval, se hace constar que se acreditó por poder debidamente legalizado” la representación de la empresa española que el empresario Hernán Antonio Calvo Sánchez invocó.
Por último, los senadores cuestionan la asistencia de Calloia a la terminal de Buquebús el miércoles 31 de octubre. “¿Cómo debe interpretarse esa visita? ¿Es usual que a los clientes del BROU, por más importantes que sean, su presidente los visite en su propio domicilio?”, cuestionan.
Luego de pasar 35 minutos dentro de la sede judicial los senadores abandonaron en lugar. En las manos de la jueza Adriana de los Santos quedaron los hechos denunciados que, según afirman en el documento, configuran “por lo menos un notorio exceso (de Calloia) que puede llegar a calificarse como abuso de su función pública”.
Proyecto.
Durante la interpelación del lunes 29 de octubre, el ministro Lorenzo ensayó una explicación de la que a su juicio era la forma más adecuada de participación estatal en negocios aéreos. El ministro aseguró en esa oportunidad que cree que “hay razones para que el Estado coopere en la instalación de una aerolínea de bandera” y dio la fórmula para evitar “las pérdidas operativas” de participar del negocio.
“Es mucho más eficiente que el Estado sea dueño de las aeronaves y las alquile”, propuso.
A su vez, apuntó que considera que “subsidiar cualquier elemento operativo, como el combustible, sería una muy mala solución y muy mala señal”.
La visión que Lorenzo transmitió a la Cámara de Senadores esa tarde es el camino que el gobierno comienza a andar. “El Observador” informó el martes 6 que el “plan oficial” era “ceder gratis el uso de los aviones a la empresa del sindicato”.
La solución fue elaborada por el Ministerio de Transporte, que formó un equipo técnico con abogados de la cartera. Fuentes oficiales confirmaron a Búsqueda que ese es el “rumbo de acción”, pero aclararon que el arrendamiento no será sin costo.
“La idea es hacer el alquiler barato, muy accesible pero no a costo cero, y que ese sea el aporte del país al desarrollo de la conectividad, a la empresa de bandera nacional”, explicó un informante.
De ese modo, el gobierno pretende que su inversión en la conectividad “no sea un barril sin fondo, que sea algo acotado en el presupuesto y no variable”. Si se tomara la decisión de subvencionar el combustible como forma de apoyo, aseguraron, no habría “mucha forma de controlar”.
Para poder implementar la solución “está todo claro desde el punto de vista legal”, aseguraron las fuentes. “Está claro que para todo esto no tienen por qué moverse los aviones del fideicomiso, porque su objetivo central es preservar el valor de los aviones. Especificando qué significa eso no tenés por qué hacer ningún invento”, agregaron.
Las fuentes adelantaron que para concretar el arrendamiento se creará “a través del fideicomiso una nueva figura legal a la que se le autorice a vender y/o arrendar los aviones”. Allí se puntualizará que el dinero que se obtenga por la comercialización de las aeronaves deberá tener “el destino de pagar la cuota del Scotia Bank”.
El Estado, a su vez, “se comprometerá a poner el resto” del dinero para cubrir las cuotas de la institución canadiense. En febrero vencerá el plazo para un nuevo pago, que ronda los U$S 8,7 millones.
El gobierno tampoco tendrá que invertir en el mantenimiento de los aviones, que, según dijo el senador nacionalista Carlos Moreira en la interpelación del 29 de octubre, “sale U$S 550.000 por mes”. Del mantenimiento de los aviones, informaron las fuentes, “se tendrá que encargar la empresa que los arriende”.
Aunque “se podría hacer sin ley”, las fuentes señalaron que tienen la intención de darle “total y absoluta transparencia” y por eso presentarán al Parlamento “un proyecto de ley que ratifique” el procedimiento.
Otras fuentes del Poder Ejecutivo indicaron a Búsqueda que se trata de “una idea que no está aprobada” y que para concretarla es “imprescindible una discusión parlamentaria”.
Brindis.
Para apoyar a los ministros Lorenzo y Pintado, cuestionados por sus gestiones en el tema, el director nacional de Casinos, Javier Cha, decidió organizar un brindis de “desagravio” en uno de los salones del Hipódromo de Maroñas, según publicó “El País” el martes 6. Al día siguiente ese mismo matutino informó que la “reunión de amigos” había sido suspendida a pedido de Lorenzo. Fuentes del sector que lidera el vicepresidente Danilo Astori señalaron al medio que no era “la forma ni el momento”.
El secretario político de la Presidencia del Frente Amplio, y dirigente del Frente Liber Seregni, Gerardo Rey, dijo a Búsqueda que la propuesta del brindis “no pasó por ningún ámbito de coordinación” del sector, aunque “estaban en todo su derecho de organizar una comida”.
“Dudo que Danilo (Astori) estuviera al tanto —agregó—. Me pareció sensata la decisión de suspenderla. Era inoportuna y no acumula”.
