Tras procesos que terminaron en denuncias, el Ministerio del Interior busca otra vez renovar el sistema de control migratorio

“El Ministerio del Interior tiene interés en conocer soluciones tecnológicas disponibles en el mercado para el registro y documentación del control migratorio, que permita gestionar los movimientos en todos los puestos de control fronterizos terrestres, marítimos y aéreos del país”, indica el llamado. “En este sentido, se requiere controlar fehacientemente los ingresos y egresos de personas nacionales o extranjeros; proveer información inteligente acerca de la identidad y movimiento de pasajeros; recopilar, analizar y proveer información de los viajeros para facilitar la toma de decisiones ejecutivas para la temprana prevención de ilícitos. Todo esto aprovechando los avances tecnológicos asociados a los nuevos documentos electrónicos de viaje que permiten realizar controles y flujos migratorios automáticos”, añade.

Las empresas tendrán la libertad de sugerir los dispositivos biométricos a utilizar para el control de personas, así como las puertas y barreras automáticas que agilicen el flujo de pasajeros en los puestos fronterizos.

Ya en 2018 y bajo la gestión de Eduardo Bonomi, el ministerio había presentado un llamado a concesión de obras y servicios para la instalación de un sistema de control fronterizo para pasajeros que ingresan y egresan de Uruguay por vía aérea, fluvial o terrestre, así como para el análisis de sus perfiles de riesgo. El pliego de ese llamado indicaba que el proceso se había iniciado a partir de la iniciativa privada presentada por Dafiway S.A., lo que le daba a esta empresa uruguaya ventaja sobre los posibles competidores en la licitación.

La estadounidense Securiport, una de las participantes, denunció que no correspondía otorgarle a Dafiway los beneficios de la ley que regula la iniciativa privada, porque el sistema migratorio no era una idea original de esa empresa. Finalmente una comisión asesora del ministerio determinó que la oferta económica ganadora, que correspondía a la alemana Veridos, violaba varios aspectos del pliego, por lo cual el llamado fue declarado desierto.

En diciembre de 2019, ya durante el período de transición con el gobierno electo, el ministerio insistió en el tema y abrió un nuevo proceso licitatorio con un pliego bastante similar al anterior, donde otra vez se establecía que Dafiway iba a recibir ventajas, pues había sido la encargada de promover la iniciativa. Securiport, Veridos e IAFIS Uruguay S.A. —que también había participado del proceso de 2018— presentaron recursos contra el pliego. Securiport reiteró su cuestionamiento a que se le atribuyera a Dafiway la idea original, mientras Veridos denunció que el pliego tenía “groseras irregularidades”, como establecer que si Dafiway no era elegida, el ganador de la licitación tendría que abonarle el costo de la preparación de la iniciativa privada.

Tras la polémica, la licitación fue finalmente clausurada en noviembre del año pasado por orden del entonces ministro Jorge Larrañaga. Según informaron El Observador y Santo y Seña, la decisión se debió a que las distintas ofertas “presentaban apartamientos sustanciales a las exigencias requeridas como excluyentes por el pliego de condiciones”. Preocupado por la renovación del sistema de control migratorio, Larrañaga ordenó a Luis Calabria, director general de Secretaría, que se encargara de llevar adelante otra iniciativa.

La audiencia pública convocada ahora tiene como alcance exclusivo la recolección de información, acompañada de una demostración de la solución planteada por las empresas. “El Ministerio del Interior no asume al realizarla compromiso alguno de elegir, contratar o implementar producto ni servicio alguno. La realización de la audiencia pública tampoco implica que en el futuro se seleccionará obligatoriamente una de las soluciones presentadas en este proceso, ni que los participantes del mismo tendrán privilegios o preferencias en futuros llamados”, manifiesta el documento.

De todas maneras, se advierte que todo el procedimiento operará bajo el marco de la Ley 17.555 y sus normas reglamentarias, “en virtud de derivar de una iniciativa privada presentada por la firma Dafiway S.A.”.

Fuentes del ministerio indicaron a Búsqueda que este nuevo procedimiento busca “generar una instancia formal previa” que las empresas interesadas no tuvieron en las ocasiones anteriores; podrán ser escuchadas y elevar “todas las soluciones, cuestionamientos y comentarios que crean pertinentes”.

Luego de publicada la convocatoria, uno de los interesados solicitó específicamente al ministerio confirmar si, en caso de que la audiencia pública desemboque en un proceso de licitación, se otorgará a Dafiway alguna ventaja bajo el marco de las provisiones de la Ley 17.555. “Es correcto pues esa firma tiene la preferencia de la ley, de acuerdo a lo establecido en el propio llamado”, respondió el 17 de agosto la Gerencia del Área Logística.