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    Renuncia del presidente del Fondo de Solidaridad provocó un “desmadre” en la institución, advierten funcionarios

    Mientras el Parlamento discute, en el marco del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, posibles “reformulaciones” y “nuevas alternativas” de recaudación y de concesión de becas del Fondo de Solidaridad, los funcionarios del organismo denunciaron una situación caótica y de incertidumbre en la institución.

    Es que en medio de las discusiones sobre el futuro del Fondo y con un crecimiento de 115% en la cantidad de contribuyentes, el presidente del organismo, Marcos Supervielle, presentó su renuncia al Ministerio de Educación y Cultura (MEC). También dimitió el representante de la Universidad de la República (Udelar), Hugo Martínez Quaglia.

    La Asociación de Funcionarios del Fondo de Solidaridad (AFFS) planteó en el Parlamento su preocupación por la situación del organismo. Las renuncias generaron un “desmadre” institucional, afirmaron fuentes de la asociación a Búsqueda.

    “No sé si los señores senadores están al tanto, pero en este momento no tenemos presidencia en el Fondo de Solidaridad, ya que Marcos Supervielle, con fecha 30 de junio, renunció”, dijo la sindicalista Noelia Bautes, el miércoles 12, ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

    Supervielle “ya había planteado la renuncia” ante las autoridades de Educación, pero el gobierno “no ha nombrado un nuevo presidente” del Fondo, añadió. Tampoco fue sustituido el cargo del contador Martínez Quaglia. “Entonces, estamos desmadrados —por decirlo de alguna manera— en lo que tiene que ver con las autoridades”, resumió Bautes.

    Búsqueda informó en marzo que los recientes cambios en los aportes al Fondo de Solidaridad y su contribución adicional para las carreras universitarias de más de cinco años generaron sorpresa y malestar entre egresados, quienes cuestionan el actual diseño del sistema de becas, reclaman cambios e incluso plantean “eliminarlo”.

    Parte de las críticas apuntan al diseño del sistema de contribución y también a la carga tributaria, que —al tratarse de un aporte fijo sujeto a la duración de las carreras—, se presta a desigualdades (Búsqueda N° 1.908).

    El Fondo de Solidaridad fue creado por ley en 1994 como un organismo no estatal basado en el aporte de los egresados de la educación pública terciaria para financiar un sistema de becas para estudiantes de bajos recursos.

    Por año se destinan unos US$ 17 millones al sistema, que beneficia a unos 8.000 estudiantes. A finales de 2016 se modificaron las franjas de aportes, y desde el 10 de enero de este año la contribución, que antes se hacía de forma anual, pasó a ser mensual.

    Mal servicio.

    El “desmadre” del Fondo de Solidaridad afecta a una treintena de funcionarios. Durante la sesión de la comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, una comitiva sindical planteó su “inquietud” por la situación de la institución ante anunciadas “reformulaciones”, “absorciones”, “movimientos internos” y “nuevas alternativas” de recaudación y concesión de becas que “están lloviendo en el Parlamento”.

    Según el sindicato, tras los recientes cambios de ley el Fondo pasó a administrar directamente “115 %­ más de contribuyentes”. “Eran 30.000 contribuyentes y en el año 2016 pasamos a administrar unos 75.000”, informó el sindicato.

    La situación provoca “incertidumbre y también contraste, porque, por un lado, tenemos muchos más contribuyentes y, por otro, todo lo generado en los últimos tiempos en la opinión pública ha promovido desde la gerencia, la gestión de bajar costos”, indicó Bautes.

    Para la sindicalista, el resultado es “un trabajo cada vez más ineficiente con un peor servicio a los contribuyentes, lo que también va a repercutir en las reformulaciones y en lo que la opinión pública dice del Fondo, acerca del mal servicio”.

    “Si cada vez hay más gente para administrar y bajan los sectores operativos —este año están bajando sobre todo los contratos a término zafrales, porque se están terminado y no se están renovando— se plantea un camino de mayor incertidumbre”, apuntó.

    El gerente general del Fondo, el contador Enrique Miranda, anunció una inminente baja de costos operativos y de personal, informó su colega María Eugenia Roselló. El organismo ya ha “recortado” en servicios operativos, recaudación y becas.

    Pese a ello, semanas atrás los funcionarios recibieron una nota en la que las autoridades transmitieron un mensaje de “tranquilidad”. Hay “una especie de contraste” entre el mensaje de las autoridades —de que “está todo bien”— y lo que sucede “en realidad”, dijo la también sindicalista Caterin González.

    Bautes resumió: “Nos hacen padecer una situación totalmente incierta. No sabemos para dónde va a ir (el Fondo) y tampoco qué puede llegar a pasar con los funcionarios”.

    Altos sueldos.

    Una de las críticas más recurrentes al Fondo de Solidaridad es el salario que cobran sus autoridades. Los sueldos son también cuestionados por el sindicato, y en particular los del gerente general del organismo —Miranda cobraba más de $ 245.000— y las gerencias departamentales, en torno a los $ 110.000.

    Estos salarios se pagan con parte de los aportes de los contribuyentes. La intención es que bajen los costos administrativos, que a principio de año rondaban casi 9% de los aportes percibidos.

    “Queremos continuar haciendo énfasis en que si bien el sueldo del gerente general ha bajado un tercio, sigue siendo alto”, sostuvo Roselló. “Esta situación nos preocupa bastante, porque cuando salió a la luz el sueldo del gerente general, el sindicato no estaba al tanto e inclusive la planilla de trabajo no está visible para los funcionarios, razón por la cual nunca contamos con esa información”, dijo.

    El presidente Supervielle “hizo un acuerdo —no sabemos con quién— en el sentido de que va a tener permanencia en la institución hasta que tenga causal de cese”, dijo Roselló. “No sabemos qué tipo de acuerdo es o cuál es el marco legal, porque no somos empleados públicos; no entendemos de dónde sale eso”.

    El sindicato reclamó al organismo que esa información esté “a la vista”, pero no obtuvo respuesta. “Manifestamos nuestra preocupación porque esa persona que tantos recortes hace a nivel operativo y de recursos humanos, sigue teniendo un alto sueldo y su permanencia nos preocupa, y bastante”.