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Me propongo revisar ciertos mitos. Según el diccionario de la Real Academia española, se trata de “personas o cosas a las que se atribuyen cualidades o excelencias que no tienen, o bien una realidad de la que carecen”. Lamentablemente, muchos de ellos están muy arraigados en la conciencia de nuestros conciudadanos.
Uno de estos mitos es el de la bondad de las empresas públicas. Nos quieren hacer creer que ellas son el centro del universo, que su función es útil para “la sociedad”, que persiguen “el bien común”, que son “estratégicas” y que van a “repartir riqueza” para la felicidad de los ciudadanos. Nada de esto es cierto. No lo es en un plano teórico y menos lo es en el triste plano de la realidad.
El 19 de junio del 2006, el ex ministro de Industria del primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez, Jorge Lepra, proponía se celebrase el “Día de la Empresa Pública, que coincide con el sesquicentenario del nacimiento de don José Batlle y Ordóñez”, y argumentaba que “las empresas públicas son parte fundamental del patrimonio del Estado uruguayo y por lo tanto de todas y todos los uruguayos. Por eso, cuando las empresas públicas mejoran y aumentan su valor, todos los uruguayos mejoramos y somos más prósperos. Por cierto que las empresas públicas no son construcciones perfectas, pero son siempre perfectibles, siempre es posible y necesario mejorarlas y para mejorarlas hay que creer en ellas. Nosotros creemos en las empresas públicas uruguayas porque creemos también que los uruguayos, todos los uruguayos, merecen servicios públicos permanentes y de calidad y actuamos en consecuencia. De lo contrario, durante los casi quince meses transcurridos desde el 1º de marzo de 2005, Ancap no hubiera aumentado su escala de producción ni mejorado la situación financiera derivada de sus ruinosas —por decirlo de alguna manera— inversiones en el exterior”.
Sería interesante preguntarle hoy a Jorge Lepra (ex gerente general de la multinacional Chevron/Texaco) si sigue creyendo en Ancap o en Chevron. El ente uruguayo acaba de dejar un tendal de 500 millones de dólares y su actual director, Diego Labat, dice que está por perder todo su patrimonio. Mientras tanto, Chevron/Texaco ganó 1.700 millones en 2014, solo de sus operaciones de refinación y venta. ¿Dónde tendrá Lepra invertidos sus ahorros? ¿En Ancap o en Chevron?
La defensa de las empresas públicas comienza con una mala opción filosófica e ideológica y es creer que el Estado, a través de sus empleados públicos y de sus dirigentes políticos, puede ser más inteligente y mejor intérprete de las necesidades de cada ciudadano para ofrecerle productos y servicios. Este mismo pecado capital es el que llevó al comunismo a tener una economía totalmente fracasada. No bastaron setenta años de opresión en Rusia, ni el oprobioso muro de Berlín o las hambrunas gigantescas en China, para darse cuenta de que el modelo estatista no funciona.
Las empresas públicas, antes de ser públicas, son empresas (o deberían serlo). Y la actividad empresarial lleva consigo el concepto de riesgo. Nada ni nadie puede asegurar que una empresa siempre va a ganar dinero actuando en un mercado libre. Por eso las crearon bajo un régimen de monopolio, sin competencia, para así poder vender productos de mala calidad, con mal servicio y a precios caros. Una manera de poder seguir esquilmando a los ciudadanos a través de las “tarifas públicas”, que se transforman —en los hechos— en un impuesto encubierto. Es que no es “políticamente correcto” cobrar el IVA al 30% o el IRPF al 50%. Pero a través del precio de la nafta, la luz, el agua y el teléfono, se hacen de tales recursos.
El otro mito es sostener que las empresas públicas “son de los uruguayos” y tal falsedad la repiten con cada publicidad: “Compre en Ancap, compre en su empresa”; “Antel, la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos”. La propiedad de una empresa se da a través de la posesión del paquete accionario y esos accionistas, en asamblea, eligen a los directores para que les cuiden su capital. En Uruguay, los verdaderos “dueños” de las empresas públicas son los empleados públicos y los políticos, no los ciudadanos. Los beneficios de ser dueño no le llegan nunca a Juan Pueblo; sí los padeceres.
El Estado no debe meterse en actividades industriales ni comerciales. No es su rol, no es su cometido y además, lo hace mal. ¿Qué sentido tiene vender teléfonos, nafta, whisky, portland, seguros o pasajes de avión? El rol del Estado no es ser un buque mercante, sino un buque rompehielos, un barco que elimine obstáculos al crecimiento y que no sea él mismo el principal obstáculo al crecimiento. Algún día lo vamos a entender. Mientras tanto, “las joyas de la abuela” valen cada día menos.
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