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El ministro de Transporte, Víctor Rossi, está convencido de que los contratos de participación público-privada (PPP) son un instrumento necesario para el presente y el futuro del país. Hasta ahora, sin embargo, esa herramienta le dio menos resultados de los esperados al gobierno del Frente Amplio. El propio ministro impulsó en este período la licitación de siete circuitos viales bajo ese mecanismo y no logró comenzar ninguna de las obras.
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Este martes 29 se llevó a cabo la apertura de ofertas de una de las PPP más ambiciosas, el proyecto Ferrocarril Central con el que el gobierno rehabilitará las vías entre Montevideo y Paso de los Toros. En este caso, Rossi destaca señales positivas que lo alientan.
En primer lugar, el ministro dijo a Búsqueda que ve una “maduración” y un “aprendizaje” que permitieron “acortar los tiempos” respecto a casos anteriores. El proyecto ingresó al Ministerio de Economía para el análisis de factibilidad y un mes más tarde ya lograron abrir el llamado. Pero lo que más lo entusiasma no es eso, sino lo que viene por delante.
El “talón de Aquiles” con que se toparon las PPP viales apareció después de la adjudicación provisoria, con las dificultades de los seleccionados para concretar el cierre financiero. Uno de los proyectos, por ejemplo, está adjudicado desde diciembre de 2016, pero el consorcio ganador aún no logró culminar ese proceso y comenzar la obra. Otros dos se encuentran empantanados en situaciones similares.
“El tiempo sigue pasando y nosotros tenemos muy poca chance de incidir”, lamentó Rossi.
Esta vez, en cambio, espera que el inicio de las obras sea casi paralelo a la adjudicación provisoria. Sus expectativas se basan en que esta será la primera licitación en utilizar el decreto 313/017 de noviembre del año pasado, que modifica el artículo 34 del decreto reglamentario de las PPP. Con ese cambio, indicó, el adjudicatario “tendrá que fijar una fecha de inicio de la obra” y contar con recursos para empezar los trabajos “independientemente de si después demora más o menos en el cierre financiero total”.
“Esperamos que este sistema nos permita avanzar rápidamente”, afirmó.
PPP viales.
Desde fines de 2015 el Ministerio de Transporte puso en marcha siete proyectos de rehabilitación de rutas por ese mecanismo. Pese a sus esfuerzos, a mediados de 2017 Rossi lamentaba en el Parlamento que aún no había podido mover “ni una carretilla” con los proyectos PPP.
Hay tres licitaciones que fueron adjudicadas provisionalmente y están en el proceso de negociación del financiamiento. El circuito 1 (para tramos de las rutas 12, 54, 55, 57 y by pass de Carmelo) fue adjudicado al consorcio Grupo Oriental 1 integrado por Ciemsa, Traxpalco S.A., y Hernández & González S.A. El circuito 2 (para tramos de las rutas 9 y 15) fue adjudicado a ese mismo consorcio. En la licitación del circuito 3 (Ruta 14 y conexión con la Ruta 3) la oferta ganadora fue la del consorcio Espina-Copasa.
El proceso del circuito 4 fue suspendido. Por la urgencia que demandaban las obras en la Ruta 26, el Ministerio decidió avanzar con otros mecanismos. En los circuitos 5 (tramos de la Ruta 14 y 15) y 6 (tramo de la Ruta 6) el proceso está en la fase de análisis de las ofertas. A la primera se presentaron cinco oferentes y a la segunda tres.
El último llamado a licitación fue el del circuito 7 (Ruta 3 y by pass Ruta 11) que se abrió el pasado 23 de enero y recibió dos ofertas que están en etapa de análisis.
“No fue tal”.
Los titulares del fin de semana habían puesto un manto de duda sobre el proyecto Ferrocarril Central, determinante para la definición de UPM de instalar una segunda planta de celulosa. Pese al ambiente de incertidumbre, el gobierno terminó encontrando alivio en el desenlace con tres ofertas.
“En la medida que llegaba el 29 de mayo, cada vez aumentaban las especulaciones con respecto al fracaso del llamado. Afortunadamente, no hubo tal fracaso”, celebró Rossi en conferencia de prensa.
Incluso dio un paso más para terminar de despejar las dudas sobre la concreción de la obra. “El Estado dispone de alternativas para llevarlo a cabo si las tres empresas no cumplen con los requisitos”, aseguró.
Las ofertas recibidas corresponden a la empresa de capitales españoles Acciona; al consorcio chino CMEC-SDHS, y al Grupo Vía Central, integrado por empresas locales (Saceem, Berkes), capital español (Sacyr) y francés (NGE). Un equipo de técnicos del Ministerio las analizará en un plazo de 30 días.
El proyecto, que tiene un costo estimado de US$ 800 millones, dejará las vías en condiciones para permitir la circulación a 80 kilómetros por hora y soportar 22 toneladas por eje. Hoy en las mejores vías nacionales se circula a velocidades de 40 kilómetros por hora y soportan 18 toneladas por eje. El plazo de construcción está estimado en 36 meses y el adjudicatario deberá asegurar el mantenimiento durante 22 años.
