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A 15 días de 2024, la expectativa política local se centra en el primer tramo de la confrontación hacia las elecciones de octubre y el próximo gobierno. Será una campaña preñada de reproches, inocuas denuncias judiciales y señalamientos de defectos y virtudes. La mayoría, sin peso significativo. Salvo la ciega pasión de unos y otros (gane quien gane, poco o nada cambiará), todo es muy menor si lo comparamos con el caos que ocurre a 9.700 kilómetros sobre el Atlántico. A partir de enero se acentuará en España una furibunda batalla política, institucional y legal sobre una amnistía propuesta por el gobierno para golpistas requeridos por la Justicia y otros ya enjuiciados.
Esta reflexión viene a cuento porque los uruguayos no deben perder de vista esa grave situación que puede tener repercusiones comerciales que incluyen el eventual acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: España presidirá el Banco Europeo de Inversiones, que dispone de 60.000 millones de euros para asistencia que aun cuando principalmente sea europea puede repercutir en América Latina. Además está el interés humano. Según el Instituto Nacional de Estadística de España, en 2009 vivían en Uruguay 16.482 ciudadanos españoles. A su vez, existen muchos uruguayos que son también españoles y se benefician de la doble nacionalidad que legalmente se permite entre ambos países. Actualmente 1.800.000 uruguayos descienden de españoles.
A partir de enero España transitará por el mayor enfrentamiento político y social de su historia reciente. Los antecedentes mayores son el golpe de Estado del dictador Francisco Franco en julio de 1936 y el frustrado golpe de octubre de 2017, cuando los independentistas catalanes con Carles Puigdemont a la cabeza, luego de un referéndum ilegal que los benefició, declararon la independencia de Cataluña del Estado español.
El gobierno de Pedro Sánchez y la Justicia los trajeron a la realidad y por eso Puigdemont y otros golpistas se encuentran prófugos en Bruselas, mientras los jueces han enjuiciado a varios que no pudieron huir. A todos les han trabado embargos sobre sus bienes.
Era otra época. Sánchez daba por descontado que ganaría las elecciones de julio pasado y volvería al poder. Luego de perderlas con el Partido Popular (PP), el mandatario y la cúpula del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tuvieron que salir a cazar al menos siete votos independentistas, los que necesitan en el Congreso, donde el candidato del PP no logró los necesarios para ser presidente. Es que esta es una monarquía parlamentaria que vota al presidente, por eso Sánchez, extorsionado, impulsa una amnistía para los independentistas. Según Jorge Bustos, subdirector del diario El Mundo, si se ata a los insaciables independentistas, Sánchez puede convertirse en “un pirómano reinando sobre cenizas”.
La amnistía supone el perdón de los delitos e implica rehabilitar al amnistiado sobre los hechos sancionados o imputados por la Justicia. No es un indulto que solo supone el perdón de la pena. A esto se añade la exigencia de eximirlos de responsabilidades económicas y abrir el camino para legalizar un referéndum para la independencia. Quiere decir que, aunque Sánchez logre la amnistía, tendrá cuatro años de presiones independentistas catalanas a las que pueden sumarse las vascas.
Esta no es una cuestión solo entre afines a los partidos y tampoco, como dice Sánchez, entre derecha e izquierda. Veamos: dos íconos socialistas como el expresidente (1982-1996) Felipe González y el exvicepresidente (1982-1991) Alfonso Guerra se oponen con duras críticas al gobierno. Desde las bases también hay rechazo. Dos coincidentes encuestas de los diarios El País y La Razón dicen que casi el 60% de los españoles rechaza la amnistía y que, si hubiera una nueva elección sin un acuerdo para designar al presidente, el PP tendría mayoría absoluta. Pero en España poco importa lo que opinen los ciudadanos fuera de las urnas, y los sindicatos, como siempre, se mantienen al margen o se ubican donde los caliente el sol.
El expresidente (1996-2004) José María Aznar del PP ha saltado al ruego para llamar a resistir la amnistía porque busca “acabar con la Constitución y con la nación histórica”. Los sanchistas lo han tildado de golpista por convocar a la libertad de expresión.
Varios jueces y fiscales y la Asociación Profesional de la Magistratura se han puesto de punta: “Más allá de la oportunidad de tener los votos necesarios para una investidura, anular al Poder Judicial, el último dique de contención frente a los abusos de poder, significa la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política”.
Esto sirvió para que el Dr. Jeckyll de Puigdemont exhibiera a Mr. Hyde y descalificara a jueces y fiscales: “Son cuervos togados que se revuelven y muestran sus garras y colmillos”. Si dice esto mientras está prófugo, qué no haría amnistiado. Pero por eso carga ahora con una nueva denuncia de jueces por “una clara voluntad difamatoria”.
Como si este lío fuera poco, los partidos tienen vencido el plazo en más de cinco años para designar a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de un organismo constitucional autónomo integrado por jueces y otros juristas que ejerce la función de gobierno del Poder Judicial para garantizar la independencia de los jueces que debe designar con algunos votos políticos. Ante este agujero negro hay vacantes más de 100 cargos de jueces de diferentes categorías. El PP es quien traba la integración de un nuevo Consejo mediante una decisión política tan criticable como la amnistía porque enturbia al Poder Judicial.
