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Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario penitenciario, realizó diez recomendaciones a los integrantes de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, respecto a qué medidas se deberían tomar para evitar las muertes en el sistema.
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Una de las recomendaciones es realizar un “esfuerzo presupuestal” que permita realizar un “Plan Integral de transformación” de los centros de reclusión. “Los positivos pasos que viene realizando el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior (nuevas pautas de trabajo, cambios en direcciones estratégicas, revisión de procedimientos, énfasis educativo y técnico, fomento de actividades educativas) resultarán exiguos si no son apoyados desde los máximos niveles de decisión de manera de reforzar su capacidad operativa, de gestión y de despliegue de programas y recursos humanos”, afirmó.
Petit planteó que se necesita una “reingeniería de gestión” que instrumente de manera urgente “programas socio educativos sustentables” en los grandes centros de reclusión. Propuso que en aquel lugar que tenga más de 300 internos, exista un referente o alcalde, un equipo técnico multidisciplinario, personal educativo, de apoyo y vigilancia.
En tercer lugar, dijo que la reforma penitenciaria iniciada en 2010 debe ser “reforzada y ampliada”.
Además, sostuvo que la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) debe reforzar “sustantivamente su presencia asistencial” en los grandes penales, en especial en el Comcar. “Toda el área de la salud, también la gestionada a la fecha por Sanidad Policial, debería ser revisada, rediseñada y ajustada a las necesidades actuales”. Asimismo, planteó que ASSE se haga cargo de la atención en el penal de Canelones, en lugar de Sanidad Policial.
También se necesitan programas “de mayor amplitud” para atender la salud mental y las adicciones de los reclusos. “Es urgente aumentar la atención psicológica, multiplicar los grupos terapéuticos y la atención psiquiátrica”, recomendó.
Para Petit se necesitan planes individuales de trabajo para que “cada interno tenga una hoja de ruta con objetivos a lograr a partir de oportunidades de ejercer sus derechos (educación, salud, trabajo, cultural) durante el período de privación de libertad”.
El comisionado consideró “pertinente” que el Poder Ejecutivo “convoque a todos los organismos públicos cuyos mandatos tienen que ver con el cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad a que incluyan centralmente al sistema penitenciario en sus actividades”. En tal sentido se refirió al sistema educativo, a los ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública, Trabajo, Educación y Cultura, a la Junta Nacional de Drogas y al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
“Dadas las actuales carencias, sería positivo recurrir a nuevas formas de gestión, que para abatir los niveles de violencia con una convivencia diferente permitan a organizaciones externas (…) hacerse cargo programáticamente de sectores o de grupos de actividades dentro del sistema, mediante convenios de trabajo con instrumentos de verificación y objetivos mensurables en sintonía con los objetivos estatales”, escribió Petit.
Por último, planteó formular un programa de atención a las familias y allegados de los presos que incluya un nuevo diseño de los actuales dispositivos de ingreso y que se hagan cambios en los lugares donde se realizan las visitas.