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En 2020 la población penitenciaria creció a un ritmo de 12,5% anual. Si bien el ritmo se enlenteció, el crecimiento continúa. Según datos de lo que va de 2021, el crecimiento anual sería de 6%, una cifra “inquietante” según el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. “El sistema está hoy desbordado en sus posibilidades de respuesta, con 13.815 internos y una densidad de 135%, o sea que cada 100 plazas disponibles hay 135 personas”, advierte Juan Miguel Petit en un documento que presentó esta semana a autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el que detalla un Plan de combate a la reincidencia y en favor de la rehabilitación, basado en una perspectiva de derechos humanos y género, que propone cuatro medidas para atacar la sobrepoblación carcelaria.
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“Comprendemos, valoramos y apoyamos la construcción de nuevas plazas y unidades a los efectos de atender el actual crecimiento poblacional”, indica Petit en el documento. Pero, advierte, en el mediano y largo plazo el sobrencarcelamiento “aumenta la delincuencia, al disparar la reincidencia y generar crimen organizado y nuevas modalidades delictivas dentro de las mismas cárceles superpobladas”.
Además, la construcción de nuevas cárceles implica “decenas de millones de dólares”. De acuerdo al plan presentado por Petit, “los números fríos indican que hoy se requieren unas nuevas 4.000 plazas para frenar el hacinamiento y hacer posible una rehabilitación”.
Por eso plantea “intentar evitar un gasto gigantesco de inciertos resultados y ensayar un camino alternativo”. Para ello propone, en primer lugar, “fortalecer el sistema de medidas alternativas y la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida”, ya que la “amplísima experiencia en el mundo muestra que los delitos leves y moderados tienen mucho mejor pronóstico de no reincidencia con medidas alternativas que impliquen rehabilitación, tratamiento de las adicciones, asistencia social y capacitación laboral”.
En segundo lugar, “reforzar la intervención técnica y la gestión de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali), que es “inexistente en buena parte del territorio nacional”. También propone fortalecer al Instituto Nacional de Rehabilitación, que tiene “carencias dramáticas de recursos humanos”. Y por último, aumentar la presencia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado en las cárceles. “Son muy graves las carencias que existen para la detección, atención y seguimiento de las personas con afectación de su salud mental y con adicciones a las drogas”, indica Petit.
Esta semana el comisionado se reunió con los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y Desarrollo Social, Martín Lema, con el presidente del INAU, Pablo Abdala, y con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Tabaré Sosa, entre otras autoridades, para presentarles personalmente el plan de trabajo. Hoy jueves Petit lo presentará en la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento.
“La situación del sistema, que desde ya debe ser concebido en conjunto, con una parte de medidas de prisión y otras de medidas alternativas, es suficientemente compleja y explosiva como para requerir el accionar concertado de muchos organismos públicos”, dijo Petit a Búsqueda. “Creemos que con esta fórmula, basada en la evidencia de lo hecho en muchos países, me atrevería a llamarla ‘la fórmula Texas’, se puede bajar la reincidencia en el delito, aumentar mucho la rehabilitación y lograr que el país se ahorre millones de dólares”, afirmó.
El estado norteamericano de Texas dejó atrás su estrategia de construir cárceles y apostó a un camino alternativo: no enviar a prisión a gente que comete delitos leves, sino invertir en medidas alternativas. “Bajaron la cantidad de presos y bajaron, quizás eso incluso lo más notable, la cantidad de delitos”, destacó Petit. “Y ahorraron una montaña de millones de dólares que el erario público pudo destinar a otras cosas. No es fácil implementar una ‘fórmula Uruguay’. Pero creo que es el único camino razonable que nos queda”.
