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En los juzgados argentinos desfilan desde hace semanas empresarios y exfuncionarios de gobierno. Algunos son “arrepentidos” o imputados por pagar, recibir o recolectar coimas durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La información en poder de la Justicia habla de millones de dólares que circulaban dentro de bolsos en autos, barcos y aviones. Y algunos, según los medios de ese país, llegaron a Uruguay.
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En la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos, que funciona en la órbita de la Presidencia, cada dato que surge en Argentina es una línea de investigación que se abre. El organismo indaga si los empresarios y funcionarios del gobierno argentino involucrados en el esquema de corrupción tienen bienes en Uruguay, informó a Búsqueda el titular de esa oficina Daniel Espinosa. El trabajo implica revisar los registros públicos de sociedades anónimas y de inmuebles, y solicitar al Banco Central que estudie si los involucrados tienen cuentas bancarias en el país. “Por el momento hemos encontrado poco”, dijo al ser consultado el martes 21.
Una vez que la secretaría complete las tareas, le enviará un informe al fiscal especializado en Crimen Organizado Luis Pacheco, quien tiene dos causas vinculadas a la denominada “ruta del dinero k”.
Pacheco dijo a Búsqueda que está revisando los expedientes para determinar qué información solicitará a la Justicia argentina. “Quiero ser preciso en lo que pida, porque hay mucha información y la investigación de los argentinos es enorme. Por eso lo estoy estudiando”, afirmó.
El fiscal añadió que, de todas formas, considera prudente esperar unas semanas por si surgen más novedades en el caso en Argentina, e incluso por si la Justicia toma alguna decisión.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que este tipo de casos demuestran que es cada vez más necesario realizar investigaciones conjuntas entre las fiscalías de los países de la región.
Por eso, señaló, en un encuentro reciente entre los fiscales generales del Mercosur celebrado en Paraguay, los jerarcas de los cuatro países se comprometieron a insistir con la aprobación por parte de sus gobiernos de un acuerdo que habilite a crear equipos conjuntos de investigación transnacionales.
“Necesitamos normativa que nos habilite a hacerlo”, explicó Díaz.
Si bien existen dos resoluciones sobre el tema aprobadas por los fiscales en 2010 —una sobre la creación de equipos conjuntos de investigación y otra sobre órdenes de captura—, estas deben ser ratificadas en una ley para poder aplicarse. “Necesitamos normativa que nos habilite a hacerlo”, explicó Díaz.
La primera de las resoluciones fue aprobada solo por Argentina y la segunda por ese país y por Brasil.
Díaz informó que semanas atrás se reunió con el canciller Rodolfo Nin Novoa para transmitirle la importancia de que Uruguay apruebe esas normas. Así se podrían crear equipos de investigación que indaguen las operaciones de lavado de dinero que atraviesan varios países. “Sería fundamental”, dijo Díaz. “Necesitamos dar ese paso”.
Los viajes.
La investigación judicial en Argentina sobre la corrupción en los “gobiernos k” tuvo un giro en enero, cuando un periodista de La Nación le entregó al fiscal Carlos Stornelli ocho cuadernos con anotaciones de un chofer que trabajó en el Ministerio de Planificación de ese país entre 2005 y 2015. Oscar Centeno dejó por escrito un relato detallado de los distintos lugares por los que pasó para levantar o dejar bolsos repletos de dólares producto de la corrupción.
A fines de julio la Policía detuvo a Centeno y, a partir de allí, la lista de detenidos no dejó de crecer.
El programa argentino La Cornisa, del canal América, informó el domingo 19 que el exsecretario de Kirchner viajó a Uruguay en aviones privados en fechas que coincidían con entregas de dinero. También visitó el país en más de 100 ocasiones el financista Ernesto Clarens, quien es considerado una figura central en el esquema de lavado de activos.
Clarens tiene inmuebles en Uruguay, según constataron las autoridades uruguayas.
No es la primera vez que testimonios judiciales recabados en Argentina revelan la posibilidad de que jerarcas y empresarios argentinos entraran miles de dólares sin declarar a Uruguay.
La diputada argentina Graciela Ocaña denunció en 2013 en la Justicia uruguaya que ingresaban bolsos con dólares de coimas por barco y avión. La legisladora dijo el martes 21 al noticiero de VTV que pedirá al fiscal Pacheco ser citada a declarar para aportar información.
El diputado blanco Juan José Olaizola anunció que citará al Parlamento al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, para que dé información sobre controles en los aeropuertos. Mientras que el senador de ese partido Javier García convocará al titular de Interior, Eduardo Bonomi, para que explique cómo es posible que los servicios policiales no detectaran los movimientos de los argentinos.
