En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El presidente Tabaré Vázquez firmó esta semana la resolución que autoriza el pasaje de nuevos funcionarios a la Secretaría Antilavado de Activos. Con esta decisión, el equipo que encabeza Carlos Díaz estará completo. Y el director está ansioso de que eso ocurra porque el cronograma de tareas que tiene previsto realizar en el año es extenso.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
La Ley de Presupuesto vigente desde enero le otorgó más potestades a la Secretaría para combatir el blanqueo de capitales. Díaz prepara a su equipo para aprovecharlas. Dentro de un mes, relató a Búsqueda, esa dependencia comenzará a citar a las personas que son administradores de decenas de sociedades anónimas, para determinar qué relación tienen con los propietarios de esas empresas y definir si en algún caso se trata de “testaferros”.
Esas tareas se suman a los controles que la Secretaría Nacional Antilavado comenzó a fines de abril para fiscalizar el cumplimiento a la hora de reportar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales que deben hacer los sujetos obligados del sector no financiero. Ese grupo incluye, entre otros, a los casinos, inmobiliarias, escribanos, rematadores y explotadores y usuarios de zonas francas. En agosto comenzarán los “controles masivos” en esas áreas.
“Quién se esconde”.
En las últimas semanas la Secretaría Antilavado mantuvo reuniones con la Fiscalía General de la Nación porque necesitaba su asesoramiento técnico. El objetivo era conocer qué responsabilidad legal puede recaer sobre aquellas personas y estudios jurídicos que fungen como administradores de sociedades anónimas.
Los administradores de una sociedad “tienen que conocer a sus clientes”, tienen que saber qué hacen esas empresas que supuestamente administran, explicó Díaz. “Tendrán que aclarar que no hacen nada para la sociedad, que no tienen nada que ver; o que sí lo hacen”.
“¿Está bien que alguien sea administrador de 100 sociedades anónimas?¿Por qué los administradores no son las personas reales que están detrás de la empresa?¿Por qué no jugar a cara descubierta?”, se preguntó Díaz. “Después nos rasgamos las vestiduras con los ‘Panama Papers’ y acá podemos tener los Uruguay Papers. ¿Estamos ante testaferros o ante qué?”
La Real Academia Española define testaferro como la “persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona”.
Díaz dijo que su equipo está capacitándose sobre el uso de motores de búsqueda de bases de datos que muestran a los administradores de las empresas. No quiso dar nombres de estudios o personas que pudieran estar involucrados.
Otras fuentes consultadas por Búsqueda dijeron que un ejemplo de casos que la Secretaría pretendería aclarar es el de Manuel Fariña Santos, un chofer de la Junta Departamental de Montevideo que figura como miembro de varias empresas offshore creadas en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas, algunas a través del estudio panameño Mossack Fonseca. Fariña es presidente de Invertexi, la empresa que Aratirí presentó al gobierno para que realice el proyecto minero Valentines.
Consultado, Díaz dijo que a veces “se justifica” tener un administrador en otro país que no esté vinculado a la sociedad anónima, “pero no siempre”. Añadió que trabajar con sociedades offshore es válido siempre que “se cumpla la normativa”.
El jueves 19, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, opinó que todas las sociedades offshore abiertas en Panamá, “sean con fines lícitos o no, pertenecen al mundo de la opacidad”, y dijo que el Poder Ejecutivo identificará en un plazo de tres años a “quien se esconde” detrás de cada sociedad y fideicomisos locales. El objetivo es mejorar la transparencia contra el lavado de dinero en el país, dijo Bergara en el ciclo “Desayunos Informales”.
Controles.
El trabajo sobre los posibles “testaferros” se dará en paralelo a los controles sobre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos. En 2015 hubo un aumento de los reportes ante la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del BCU en comparación con el 2014.
Para las autoridades, ese incremento es aún insuficiente y por eso aumentarán la presión. Para la primera etapa de fiscalización, la Secretaría eligió a 10 escribanos que intervinieron en operaciones a partir de las cuales sus clientes “resultaron procesados” por lavado de activos o asistencia al lavado de activos, según información del organismo de contralor. También citaron a escribanos “cuyos clientes comparecieron en calidad de indagados en expedientes en los que resultaron procesamientos por dichos delitos”.
“De allí estamos sacando las enseñanzas para seguir trabajando y empezar una campaña masiva a partir del primero de agosto”, explicó Díaz el jueves 19 en el 4º Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas. Para los controles masivos, la Secretaría analizará el “comportamiento” en materia de presentación de ROS de los últimos meses. “Si incumplieron en esos tres meses, investigaremos los cinco años para atrás”, añadió. “Esto se inscribe en evitar que nuestros socios (los sujetos obligados) sean rehenes del pasado”.
El presidente de la Asociación de Escribanos, Antonio Sarachu, había dicho a Búsqueda que la agremiación trasladó a la Secretaría la “inquietud” de varios colegas porque “se les había pedido demasiada información” (Búsqueda Nº 1.867).
