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En un mundo cada vez más “violento” se vuelve necesario “regular” y “controlar” el uso de armas de fuego en Uruguay. Con esos argumentos, el oficialismo impulsó esta semana en el Senado un proyecto de ley que combate el tráfico ilícito de armas.
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Si bien la propuesta fue apoyada por la oposición, legisladores blancos y colorados advirtieron que la medida no mejorará la seguridad e incluye modificaciones que no garantizan los “derechos de las personas”.
El proyecto, que pasó a estudio de la Cámara de Diputados, prohíbe la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no estén autorizados por el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa. La regularización alcanza a las armas utilizadas para la caza, con fines deportivos o de colección.
El texto indica además, que los lugares que comercialicen armas de fuego deberán estar autorizados por el Estado y en la factura o recibo tendrán que especificar el nombre y documento del comprador o vendedor, domicilio y la dirección de destino de la mercadería cuando corresponda.
En los artículos 8 y 9 se penaliza el tráfico internacional de armas y el tráfico interno. Para los legisladores blancos y colorados, estos dos artículos “no garantizan adecuadamente el derecho de las personas”.
Ope Pasquet (Vamos Uruguay) explicó que se utilizan términos “amplios” en los que pueden resultar “atrapados” casos de personas vinculadas a la caza deportiva, por ejemplo, que nada tienen que ver con organizaciones delictivas.
Al defender el proyecto, Rafael Michelini (Frente Líber Seregni) dijo que la iniciativa apunta a la “regularización y registro de las armas”.
Constanza Moreira (Espacio 609) dijo que “preocupa la letalidad progresiva de las armas”, que “son cada vez más baratas” y que hay una “disponibilidad bastante libre” en el país. Por eso “se hace imperioso regular, controlar, prevenir y reeducar, en un mundo donde la violencia es creciente”.
Pasquet, en tanto, dijo que pese a no acompañar dos artículos, los colorados respaldarían el resto del proyecto porque se trata de un tema que “preocupa”.
Carlos Moreira (Alianza Nacional) votó el texto pero señaló que “no va a provocar la mejora de la seguridad”.
Informó que según el Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa, en Uruguay hay 589.000 armas registradas. “¿Acaso los delincuentes van a registrar sus armas o las van a adquirir en armerías? No, las van a robar o las van a traer de contrabando”, afirmó.
Agregó que “sancionar penalmente nunca es un acto disuasivo para los delincuentes, que no miran qué pena les toca, lo que buscan es que no los agarren. Hay que desarmar a los que delinquen”.
