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La obra del Ferrocarril Central requiere de la expropiación de más de 1.000 terrenos. Dos de esos padrones pertenecen a la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi. Formalmente estaban a nombre de sus hijos, pero la legisladora incluyó el dinero que recibió del Estado en la declaración jurada que presentó ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
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En el documento, publicado en la web de la junta, Bianchi dice que sus hijos endosaron los cheques que recibieron por la enajenación de los dos padrones rurales ubicados en Canelones. En total recibió $ 23.943.724 por la expropiación total de uno de los padrones y parcial del otro.
En 2018, la legisladora describió esos predios de Santa Lucía como “una chacra de fin de semana” en la que criaba caballos y ovejas. También contó que había sufrido “daño moral” durante el proceso de expropiación y que había llegado a evaluar presentar una acción de inconstitucionalidad. Según su relato, de esa manera había logrado que el Ministerio de Transporte hiciera la expropiación total de uno de los predios y no parcial como en principio tenía previsto (Búsqueda N°1.969).
Pese a haber hecho públicamente ese relato, a mediados de 2020 discutió por Twitter con el abogado Gustavo Salle. Salle preguntó a través de su cuenta a la senadora si tenía alguna relación con el tren de UPM. Bianchi replicó molesta: “No me voy a molestar en hacer juicio por difamación e injurias contra quien no tiene credibilidad. Aclaro que no es la primera vez que se ha intentado vincularme a una expropiación: Nunca fui titular de ningún padrón rural, suburbano o urbano que haya sido expropiado. Punto final”.
En su declaración jurada, Bianchi dice que “el origen de los fondos” que le permitieron comprar bienes y tener parte de sus ahorros en cuentas bancarias es, precisamente, los millones de pesos obtenidos producto de las expropiaciones.