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Las inversiones argentinas en Uruguay serán “ahuyentadas”, se “implementará un ‘Gran Hermano’ tributario”, se hará confianza en el Poder Judicial de Argentina cuando no es “independiente” y se seguirá siendo “sumiso” con los organismos internacionales. Con estos argumentos, la oposición rechazó ayer miércoles 7 en el Senado el proyecto de ley por el que se aprueba un tratado bilateral para el intercambio de datos impositivos. Desde el oficialismo se aseguró que el gobierno es “pragmático”, rechazó que ese acuerdo habilite una “persecución política” de ciudadanos argentinos y expresó que de no acordar con ese país, el país volverá a tener problemas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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Desde abril de 2009 y hasta fines de 2011, Uruguay figuró en la “lista gris” de esa institución —integrada por varios de los países más industrializados y algunos emergentes— por no cumplir con los estándares en materia de transparencia tributaria y colaboración al combate a la evasión. A fin de salir de esa lista, el gobierno firmó una serie de tratados de intercambio de datos con distintos países, entre ellos con Argentina.
Pero las dificultades en el relacionamiento entre los gobiernos rioplatenses por el dragado del canal Martín García y el monitoreo medioambiental de la planta de UPM (ex Botnia), entre otros, marcó la discusión en el Senado al momento de debatir sobre el proyecto de ley que le da vigor a ese acuerdo tributario.
Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) aseguró que los blancos resolvieron no apoyar el proyecto por la “forma” en que se trató el tema y porque “no es la oportunidad”. Recordó que el ministro de Economía dijo que el país “cumplía” con darle “estado parlamentario a este tratado”, pero que no había urgencia para su aprobación. Se está “implementando un ‘Gran Hermano’ tributario que puede tener consecuencias” negativas en Uruguay, añadió. Se trata, dijo, de un asunto en el que las “grandes naciones quieren imponer” su visión.
Sobre los principios, Larrañaga sostuvo que el Partido Nacional rechaza la “forma” en la que se quiere “imponer por parte de la comunidad internacional” la necesidad del intercambio de información. “Nos quieren hacer pagar a nosotros los despilfarros que ellos cometieron”, dijo y criticó en especial al Fondo Monetario Internacional.”Cuando nos prestan a nosotros nos imponen condiciones, cuando se prestan a sí mismos flexibilizan sus estatutos; es el reino de la hipocresía”, cuestionó ese senador nacionalista. “¡Cómo cambian las cosas! ¡No al Fondo Monetario Internacional!, ¡No a posiciones genuflexas!; cómo cambia todo”.
Francisco Gallinal (Unidad Nacional) reclamó que el gobierno uruguayo deje de ser “sumiso” con su par argentino. El tratado es un “acto de entrega”, añadió. “Se habla de antiimperialismo y cuando les toca ser gobierno no resisten el más mínimo embate”, disparó.
Por otro lado, Larrañaga dijo que no confía en las “actuales autoridades del gobierno de Argentina” porque “han demostrado a lo largo de los últimos dos períodos el no apegarse a la normativa jurídica. (…) El gobierno argentino no va a respetar las cláusulas de salvaguardia y retroactividad. Van a perseguir a quienes han invertido en Uruguay”, advirtió.
Su compañero de bancada, el ex presidente Luis Alberto Lacalle, expresó su preocupación en el mismo sentido: “El tema más grave es la vigencia del Estado de derecho en Argentina. ¿Podemos darle datos a un país donde no hay un poder judicial independiente? En esto hay daños a las personas irreparables. En Argentina hay una crisis de la separación de poderes sin antecedentes. Hay una utilización del poder en toda su dimensión para terminar con las garantías”, expresó.
El colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay) dijo por su parte que la OCDE se “está imponiendo con todos los instrumentos y medios a su alcance para hacer efectivo el principio de la renta global. Les cobro estén donde estén. Eso choca con los países subdesarrollados, latinoamericanos, que sostienen otro criterio, el de (la aplicación de impuestos) limitado al territorio y la fuente”.
Añadió que quien “va a sacar ventaja de este tratado será Argentina”. Por el contrario, dijo que “Uruguay va a ahuyentar inversiones, como ya está sucediendo ahora. Vamos a hacer que se sientan traicionados en la confianza que tuvieron en el país. Hay que postergar (la aprobación del tratado) hasta que Argentina demuestre que cumple con los tratados. Mientras eso no suceda no tenemos garantía de que no suceda en otros lados”.
José Amorín (Propuesta Batllista) también rechazó el acuerdo tributario por una cuestión de “confianza”, ya que se está tratando con “un incumplidor”.
Garantías.
Desde el oficialismo, varios legisladores defendieron la oportunidad y la importancia de aprobar el tratado con Argentina.
Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) rechazó las “consignas facilongas” que utilizaron los dirigentes del Partido Nacional.
Carlos Baraibar (Frente Líber Seregni) dijo que el tratado da “garantías para solicitar y negar” información, y rechazó que desde Argentina puedan usarse datos como “persecución política” de algún ciudadano de ese país.
Rafael Michelini (Frente Líber Seregni) afirmó que si no se aprueba el tratado, las autoridades argentinas dirán que “Uruguay no es transparente, no es cooperante”.
“No importa si tenemos un acuerdo con Groenlandia, Malta o Francia, si no aceptamos acordar con aquellos países que son relevantes para la comunidad internacional”, argumentó. Y sostuvo que el acuerdo con Argentina es “el mejor de todos” los que se han firmado.
Además, Michelini rechazó la idea de que aprobar el proyecto es un acto de “sometimiento” a Argentina. “Lo que nos mueve en este tratado es mucho más el pragmatismo y la defensa de los intereses que una actitud con respecto a Argentina. Creemos que está lleno de garantías, entre ellas que no va para atrás, no hay retroactividad. Votar el tratado es un escenario infinitamente mejor que no votarlo”, insistió.
Por su parte, Héctor Lescano (Frente Líber Seregni) rechazó que con la medida se afecte el turismo y las inversiones de origen argentino en Uruguay.
Eso fue polemizado por legisladores blancos. Luis Alberto Heber (Unidad Nacional) aseguró que hay información respecto a “obras que se han parado”.
El acuerdo votado ayer en el Senado reglamenta el procedimiento para que las partes soliciten y entreguen información tributaria con propósitos de fiscalización. Consta de 13 artículos y un protocolo a modo de apostilla en el que —entre otros puntos— los gobiernos se comprometen a promover un “acuerdo marco” de intercambio de información tributaria entre los socios del Mercosur. También contempla un mecanismo de deducción para evitar la doble imposición fiscal.
