Servicio Civil no publicará y analiza bloquear los concursos de intendencias que incumplan la cuota de 4% para discapacidad

Actualmente las autoridades trabajan en el procesamiento de los datos de 2022, de cara a la Rendición de Cuentas que se presentará este mes. Pero el panorama “no parece haber cambiado demasiado”, dice a Búsqueda Analía Corti, coordinadora del Observatorio de Gestión Humana del Estado de la ONSC.

“No es mucho, pero es lo único que tiene la oficina para hacer”, lamentó Corti.

Por su parte, el director de la ONSC, Conrado Ramos, dijo a Búsqueda que en estos días la oficina ha enviado “advertencias a los organismos de fuera de la Administración Central” que no cumplen con las cuotas, con el fin de avisarles que si la situación se mantiene procederán directamente a “bloquear los llamados, tal como estipula la ley”.

Para Corti, uno de los problemas actuales es que el incumplimiento no acarrea consecuencias. No se aplican sanciones específicas a los organismos, por lo que generalmente las autoridades apelan a la sensibilización y a mantener el tema en agenda. Tampoco es habitual que los organismos tengan contabilizada la cantidad de personas con discapacidad dentro de su plantilla, lo que dificulta la creación de nuevas políticas.

Departamentos.

“Intendencias como Canelones y Maldonado son otras de las que realizan regularmente llamados para personas con discapacidad y que por lo menos son conscientes de que hay una ley que tienen que cumplir”, indicó la coordinadora.

Existen también varias barreras dentro del proceso de contratación. Una de ellas es, por ejemplo, fallas en el Registro de Personas con Discapacidad que gestiona el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para centralizar quiénes pueden postular a los llamados, ya que muchas personas desconocen este requisito.

Ese fue uno de los puntos que la Intendencia de Canelones buscó atacar para promover la inclusión de personas con discapacidad. Según dijo a Búsqueda Federico Lezama, director del Área de Discapacidad de la comuna canaria, se realizaron comunicaciones e instructivos y se trabajó muy de cerca con el Mides.

Además, la intendencia llevó adelante un llamado laboral para personas con discapacidad en el año 2022 para el ingreso de 32 funcionarios y este año se realizó otro para incorporar 13 personas más. Así, en total en el período ingresarán 45 personas con discapacidad a la Intendencia de Canelones, “un número importante si se compara con los 18 que ingresaron en total al Estado en 2021”, opinó Lezama.

De esta forma, sostuvo que Canelones también cumple con la cuota del 4% desde hace tiempo y hoy “hay más de 200 personas con discapacidad trabajando en la intendencia”, destacó.

Por otro lado, la intendencia decidió priorizar en los llamados a las personas que “históricamente” habían quedado excluidas de los concursos debido a los requisitos. Según Lezama, los cargos administrativos exigen bachillerato completo, algo que muchas veces se dificulta para las personas con discapacidad por limitaciones del propio sistema educativo o de transporte. En los últimos llamados la comuna priorizó cargos operativos en los que se requiere únicamente primaria completa.

Por otro lado, en abril se inició una mesa de trabajo con los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, la Red de Empresas Inclusivas y operadores laborales para promover el empleo privado en Canelones. Lo que se busca, dijo Lezama, es lograr al menos la misma cantidad de inclusiones en el ámbito privado.

Canelones también presentó en este período de gobierno su Primer Plan de Accesibilidad. En ese marco, se implementaron acciones en materia de transporte, como incluir en los diferentes fideicomisos US$ 1 millón para la compra de diez vehículos para el traslado de personas con discapacidad y US$ 2 millones para la incorporación de diez ómnibus accesibles y eléctricos. También se promovieron incentivos para la compra de taxis accesibles y el año que viene se impulsará la compra de camionetas escolares con accesibilidad.

En Maldonado, por otro lado, también se cumple con la cuota del 4%, subraya Eliana González, directora de Políticas Inclusivas de la Intendencia de Maldonado. Sin embargo, según dijo la jerarca a Búsqueda, quien comenzará a presidir la Comisión Interdepartamental de Personas con Discapacidad del Congreso de Intendentes a partir del 25 de julio, la ley hoy “no está clara y tiene muchas cosas para modificar”.

“Es como si no fuera obligatorio, ni para las intendencias ni para nadie. Es decir, la ley obliga pero no están dadas las condiciones para que se cumpla”, explicó. Esta será justamente “una de las grandes batallas” que prevé trabajar en la órbita del grupo de intendentes y que buscará rever con las autoridades del Mides y del Ministerio de Trabajo.

Desde la Intendencia de Montevideo, en tanto, dijeron a Búsqueda que en 2022 ingresaron 12 funcionarios con discapacidad de un total de 465 (cerca de un 2,5%). Explicaron que, al margen de los cupos laborales, trabajan en la incorporación de una nueva normativa que contemple a esta población. Además, buscan relevar y sistematizar datos de funcionarios que hayan adquirido una discapacidad en el transcurso de su vida funcional y también preparan una experiencia piloto de pasantía de personas con discapacidad.

Por otro lado, a través de ABC Oportunidad Laboral se duplicaron los cupos destinados a trabajadores con discapacidad, al generar 468 oportunidades para el 2022, lo que supera un 9%, agregaron.