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“Si triunfara el plebiscito habría que revisar todo, porque quedará una cosa extrañísima”, dijo Javier Salsamendi, presidente del INAU, al evaluar la propuesta que se deberá votar en las elecciones de octubre, que plantea, entre otras ideas, bajar la edad de imputabilidad a los 16 años por delitos violentos.
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La medida que impulsan el Partido Colorado y parte del Partido Nacional propone que en la Constitución se establezca que el Estado “asegurará la existencia de un servicio descentralizado dedicado exclusivamente a la internación y rehabilitación de los delincuentes menores de dieciocho años, debiendo dotar al mismo de los recursos necesarios para su funcionamiento”.
Hoy existe el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), que funciona como una comisión delegada del Directorio del INAU.
“Si el plebiscito eventualmente triunfara —estoy convencido de que no tiene posibilidades— el tema es qué pasará con los menores de 16 años. De los menores de 13 a 15 no dice nada, y no dice nada de las medidas alternativas a la privación de libertad. Si triunfara el plebiscito habría que revisar todo, porque queda una cosa extrañísima”, dijo.
Salsamendi no se definió sobre si el Sirpa debe ser independiente del INAU. “El sistema se va consolidando. Y esto nos ha cambiado bastante, porque sin esto no podés trabajar en los otros temas que atiende el INAU”, dijo.
Admitió que esa comisión ha pasado en los últimos meses uno de sus momentos “más difíciles y duros”, cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos denunció malos tratos y unas 30 organizaciones sociales pidieron la renuncia de sus autoridades.