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    Sindicato de OSE cree que es tiempo de cambiar el directorio, porque no logra resultados en la facturación y el saneamiento

    Los trabajadores señalan que no se cobra el 52% del agua, que cerca del 60% de la población del interior no está conectada al alcantarillado y que los números “están en rojo”

    A principios de 2011, el expresidente José Mujica decidió remover al presidente de OSE, Carlos Colacce, y a la vicepresidenta, Alicia Araújo, al evaluar que por “problemas de temperamento” no habían logrado conformar “un equipo” para guiar la empresa. Unos meses más tarde, le encomendó la responsabilidad de liderar el organismo a Milton Machado, quien hasta hoy se mantiene en el cargo y es, junto con el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, uno de los jerarcas del gobierno que acumula más años en su cargo.

    A pesar de la estabilidad en la presidencia, Machado no consiguió establecer una buena relación con el sindicato. “La relación con el directorio es nula”, asegura el presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Gustavo Ricci.

    Más allá del “pésimo” vínculo que tienen con el directorio, a FFOSE le preocupa la gestión de la empresa, de la que tiene una visión “muy crítica”. Según indicó Ricci, los grandes números de la empresa “siguen dando mal” y no muestran síntomas de mejora. En ese balance incluye los resultados económicos, el nivel de agua facturada sobre el agua elevada y el nivel de acceso al saneamiento.

    Ante ese escenario, la posición de FFOSE es contundente. “Machado ya tiene siete años como presidente de OSE. Nos parece que es un ciclo ya cumplido. Sería buena cosa una renovación”, afirmó Ricci.

    Para el dirigente, la mala gestión del organismo no ha tenido más notoriedad porque es la “empresa pública pobre” y sus directores no tienen “apetito electoral”. Sin esas condiciones, dice, “hubiera sido un escándalo”.

    Pérdidas.

    La situación económica del organismo es uno de los principales problemas que el sindicato ve en la gestión del directorio. Según Ri­cci, los números de la empresa “están en rojo”.

    La prueba de la mala situación financiera del organismo fue para FFOSE el aumento de la tarifa que el gobierno definió a partir de 2017. En enero del año pasado, OSE ajustó su tarifa en un 8,2% para contemplar la evolución de los costos y, además, hizo un incremento de 7,3% sobre el cargo fijo del agua de acuerdo a la capacidad instalada. El ministro de Economía, Danilo Astori, explicó que ese incremento venía a cumplir el rol de lo que en algún momento se había anunciado como una “tasa medioambiental” para hacer frente a los esfuerzos mayores que comenzaba a exigir la potabilización del agua, pero el sindicato no está convencido de que sea así.

    “Tenemos una visión crítica, porque entendemos que era para comenzar a equilibrar las cuentas de OSE que están en rojo. Hay fideicomisos, hay préstamos, hay problemas de gestión, se han aumentado de forma muy importante los costos en materia de contratación de empresas tercerizadas. Son números en rojo que el ministro de Economía quiso limpiar por ahí”, interpretó Ricci.

    En paralelo a estos aumentos, OSE no logra incrementar en nivel de facturación de agua sobre el agua elevada. Ese es otro de los cuestionamientos que FFOSE hace a la gestión del directorio.

    Ricci, que lleva 30 años trabajando en OSE, sabe bien que el problema no es nuevo y también que una de las principales explicaciones es la antigüedad de las cañerías, sobre todo en Montevideo. Sin embargo, critica que el directorio no haya conseguido resultados, pese a todos los esfuerzos realizados.

    En los últimos años, contó, se creó el programa de reducción del índice de agua no contabilizada (RANC). Además, se convirtió a la unidad ejecutora que estaba a cargo de llevarlo adelante en una gerencia.

    “Se obtuvieron préstamos, se hizo una transformación jerárquica de la estructura y no le han encontrado la vuelta. Año tras año sigue habiendo resultados problemáticos”, valoró.

    El índice RANC es una de las variables de productividad de los funcionarios de OSE. En 2017, indicó Ricci, el agua contabilizada superó por poco el 47%. El resultado, añadió, fue más bajo incluso que el de 2016.

    Según Ricci, en el mundo las empresas proveedoras de agua suelen facturar en promedio entre el 70% y el 75% del agua que elevan. “OSE está dejando de recaudar muchísima plata. Nosotros creemos que claramente es un problema de gestión”, evaluó.

    Saneamiento y burocracia.

    El nivel de acceso al saneamiento es otro de los “grandes números de OSE” en los que el sindicato no ve evolución. En este caso, añaden el agravante de que se trata de un tema prioritario para “la salud y la calidad de vida de la gente”.

    En Montevideo, es la intendencia la encargada de la red de saneamiento. En el interior, en cambio, esa potestad es de la OSE. Mientras en Montevideo más del 91% de la población tiene acceso a la red de alcantarillado, en el interior, aseguró Ricci, apenas se supera el 40%.

    Esa situación fue una sobre las que llamó la atención en 2012 la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento, Catarina de Albuquerque (Búsqueda Nº 1.651).

    En este caso, Ricci cree que el problema es responsabilidad de todo el gobierno y no de la gestión del directorio de la empresa. “OSE no tiene por sí sola los recursos para hacer las obras que se necesitan para llegar a niveles importantes de cobertura. Necesita la ayuda del gobierno nacional sin dudas”, indicó.

    FFOSE sí entiende que hay un error de gestión en cómo se cobra el saneamiento a la población del interior. Ricci indicó que la facturación se calcula con base en el 100% del consumo de agua potable, lo que, en su opinión, es injusto porque buena parte del agua que se consume “no tiene nada que ver con el saneamiento”.

    “El interior es doblemente perjudicado. No tiene las coberturas de las grandes ciudades y se les cobra con un criterio que no se ajusta al real consumo. El saneamiento en el interior es un costo importante. Los capitalinos no tenemos conciencia”, dijo.

    La ampliación de la “burocracia estatal” es otro elemento del que tienen una visión crítica. El sindicato entiende que “hay un número importante de unidades ejecutoras sobre agua que se superponen” lo que deriva en una pérdida de “eficiencia”. En esa lista incluyen, por ejemplo, a la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático de Presidencia, a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, a la Dirección Nacional de Agua del Ministerio de Vivienda y a la división de Saneamiento de la Intendencia de Montevideo, entre otros organismos que tienen potestades sobre temas vinculados al agua.

    “Así es imposible ponerse de acuerdo con la burocracia estatal. Para nosotros hay que crear un único organismo que abarque todo el tema, que puede ser un ministerio del agua”, afirmó.

    Información Nacional
    2018-03-01T00:00:00

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