Son pocos los que identifican a Nelly González. Pero muchos la conocen por su apodo Naná. Ganó su fama con La casa de Naná, el reconocido prostíbulo que dirige hace más de 30 años y donde trabajan unas 25 mujeres brindando servicios sexuales durante el año.
A sus 81 años es la empresaria más influyente del rubro y referente para las nuevas generaciones de meretrices. A sus trabajadoras les inculcó a rajatabla que estén en la legalidad para ejercer y que hagan valer sus derechos. Pero no cree que el sindicato sea el lugar para lograrlo porque, para ella, la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (Amepu) “es una mentira”.
Los hechos ayudan a reafirmar su opinión, ya que en el 2014, luego de 27 años de funcionamiento, Amepu se desintegró entre denuncias de irregularidades por el mal manejo de donaciones que apuntan a sus máximas dirigentes.
Apropiación de terrenos donados para portadoras de VIH-Sida, mal manejo de preservativos entregados gratis por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el robo de canastas donadas por el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) para luego venderlas y quedarse con el dinero son algunas de las acusaciones que recaen sobre la ex presidenta y la ex vicepresidenta del sindicato, Marina Oviedo y Marta Navarrete, respectivamente, según relató Sandra Gutiérrez a Búsqueda.
Gutiérrez dirigió proyectos de formación en Amepu y así se convirtió en una de las dirigentes más destacadas del gremio. Su cercanía a Oviedo le permitió ver las irregularidades, según cuenta. Y por eso fue ella quien realizó las denuncias ante el PIT-CNT y los Ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social (Mides).
La dirigente asegura que las canastas alimentarias procedentes del INDA no llegaron a las trabajadoras porque Oviedo y Navarrete las vendieron fuera del gremio. Además afirma que ellas se apropiaron de terrenos que debieron ser destinados a trabajadoras portadoras de VIH-Sida.
Fuentes del Mides y diversos miembros de la central sindical coincidieron en que “hubo problemas con el manejo de los fondos de un proyecto” y que “la mejor solución fue que Amepu cerrara y empezar todo de cero”.
Gutiérrez denuncia de forma similar lo ocurrido con los preservativos. El MSP los donó al sindicato para repartir de forma gratuita entre sus afiliadas. Sin embargo, según Gutiérrez, las dirigentes gremiales los entregaban a cambio de dinero.
Miembros del Área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP dijeron que están al tanto de esta situación. “Nos cuestionaban porque les dábamos los preservativos gratis y ellas después los vendían. A nosotros lo que nos interesaba era que los usaran, por eso los dábamos gratis”, comentó una fuente de la cartera.
Por eso, desde 2009 las autoridades resolvieron entregar los condones en forma individual a cada meretriz. En los controles mensuales que deben realizarse en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), cada prostituta recibe como mínimo 45 preservativos.
En diálogo con Búsqueda, Oviedo negó las acusaciones de Gutiérrez. Dijo que si fuera culpable estaría presa y sostuvo que el sindicato dejó de funcionar porque sus afiliados “ya alcanzaron lo que querían”.
Logros y formación.
Carla, como se la conoce en su trabajo, hace más de tres años que cada noche, de martes a domingos, se instala en una de las paradas de ómnibus de la Rambla de Malvín. Según dice, le va bien como prostituta, al punto de que con sus ingresos compró la casa donde vive. Pero insiste una y otra vez en que lo logró por su cuenta. “Todo lo que tengo lo conseguí sola, nadie me ayudó y en mi vida escuché que tuviera un sindicato”, dijo.
Sin embargo, Amepu funcionó cerca de tres décadas desde su creación en 1986 y la obtención de personería jurídica en 1988. El objetivo era organizarse para enfrentar con mayor peso la represión de la Policía contra las prostitutas.
Año a año, el sindicato fue creciendo a la par de su reconocimiento social. En sus inicios reunió a decenas de trabajadoras hasta llegar a su mayor registro, en 2012, con unos 1.200 afiliados, según la ex presidenta Oviedo.
En 1995, el Banco de Previsión Social (BPS) dictó un decreto que posibilitó que trabajadoras sexuales se jubilasen, aportando como unipersonales. Eso les permitió contar con seguro de salud y asignaciones familiares.
El gremio continuó el camino de su formalización y en 1997 se integró al PIT-CNT. Su mayor logro se dio en 2002, cuando jugó un papel importante en la aprobación de la ley 17.515 de Trabajo Sexual, que reguló la profesión. Fijó condiciones, como la obligación a estar inscriptas en un registro nacional y contar con carné sanitario. Pero principalmente aseguró que la Policía no las detuviera mientras se cumpliera con la normativa.
En los años siguientes Amepu fue un centro de formación para sus afiliadas. Organizaron talleres de autoestima, conocimiento de la legislación, información de enfermedades sexuales como el VIH-Sida y el uso de preservativos.
Incluso realizaron recorridas por prostíbulos del interior para informar a las trabajadoras la posibilidad de sindicalizarse. En esos encuentros repartieron condones y folletos sobre la legislación.
Los problemas internos en la gestión de los recursos llevaron a que en 2014 el gremio dejara de funcionar. Sandra Perrone, directora del Servicio de Atención a las Víctimas de Trata con fines de Explotación Sexual del Mides, lamenta su desintegración porque “en un país donde hay una clara postura de que la prostitución es un trabajo, es importante que haya un sindicato sólido para defender a las mujeres del rubro”.
Pese a no estar al tanto de su desaparición, la jerarca reconoció que “lamentablemente, Amepu nunca pudo consolidarse porque su masa de asociados siempre fue pequeña”.
Naná tiene una visión opuesta a la de Perrone. La empresaria estuvo en contra de la organización desde su comienzo y por eso no se vinculó con sus integrantes. Según dijo a Búsqueda, el sindicato era “una mentira” porque “defendía la prostitución callejera”, lo que considera una actividad “deplorable”.
“Trabajadoras sociales”.
Cuando termine la temporada de verano, Naná se pondrá en campaña y hará “hasta lo imposible” para que las trabajadoras sexuales “sean tratadas como gente”. Militará para hacer obligatoria su inscripción en el BPS y buscará instalar el término “trabajadoras sociales”, porque entiende que denominarlas prostitutas “es degradante y las denosta”.
La empresaria pidió que el gobierno sea más “condescendiente” con quienes prestan servicios sexuales porque “son dejadas de lado” por las autoridades, aunque reconoció que defender el ejercicio de esa profesión no será bien visto por la opinión pública. “No es ético hablar de la prostitución pero es una necesidad social”, apuntó. Por eso, aseguró, existe una “doble moral”.
“En el día hablan en contra de los prostíbulos pero en la noche te dicen todo lo contrario”, afirmó.
