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Una vez más le toca la agresión a la Universidad Católica. Una vez más una agresión a los privados, a los universitarios, a quienes se sacrifican estudiando, a los docentes que por vocación dan clases lejos de lucrar. Pero en definitiva, una vez más una agresión a la educación. Y proviene nada menos ni nada más que de la ministra de Educación y Cultura.
La señora ministra, en un ataque político al Dr. Lacalle Pou –con quien discrepamos ampliamente en lo político– menosprecia a la Universidad Católica, y con ello desprecia a toda una institución por demás honorable, incluyendo al colectivo docente, alumnos, exalumnos y demás funcionarios.
No nos sorprende ese ataque ni ese sentimiento de resentimiento que caracteriza a la señora ministra, que lejos de hacer honor a su cargo, con sus aires de diva y vedette, ha hecho un sinfín de papelones, tanto nacionales como internacionales. No nos olvidamos de las imágenes paupérrimas de ella bailando arriba de una mesa, por nombrar algunas de sus más notorias bufonadas. Tampoco nos olvidamos de su pasado turbio en el “caso Casinos”, y tenemos muy presente su pésima gestión en el Ministerio de Salud Pública. En esta oportunidad, y como ministra de Educación, ataca a una universidad, que sí es privada, que sí es católica, pero universidad al fin.
Desconoce y viola pornográficamente el comienzo histórico de educación patria, ya que en 1746 la enseñanza privada comenzó con los jesuitas. Seguramente no recuerde que las Instrucciones del año XIII de Artigas, recogen el principio de libertad civil y religioso en toda su extensión imaginable. Como ministra, tampoco hace honor a la Constitución de la República; donde ya la de 1830 consagraba la libertad, igualdad de comunicación, pensamiento, libertad de industria y comercio. La de 1918 a su vez disponía que “La enumeración de derechos y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno” (el destacado es nuestro). La de 1934 garantizaba ya la libertad de enseñanza. Bien simple y concreto, decía: “Artículo 59. Queda garantida la libertad de enseñanza…”. Parece que no es claro.
Seguimos. En 1876 se crea el Liceo de Estudios Universitarios; en 1878 se crea la 1ª Universidad Libre de la República (que fuera suprimida en 1885). En 1888 con la ley de enseñanza libre, se convierte la Universidad Libre en Universidad Católica. Que no se asuste la ministra, ya desde la Ley Nº 55/1833 existían nueve cátedras públicas, y en 1838 se creó nuestra querida Universidad de la República. La historia sigue, pero finalmente en 1984 el decreto 343 autoriza a la Ucudal, y por Decreto Ley 15.661 se reconoce los títulos de Universidades Privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo. Existieron discusiones y debates jurídicos al respecto, pero la conclusión es clara, nuestro Derecho consagra la libertad de enseñanza.
Y se atacó la enseñanza privada argumentando que atentaba contra la libertad de cátedra, pero por el contrario se violaría la libertad de aprender; se argumentó que atacaba contra el pluralismo lo que contiene un gran error de concepto; se dijo que atentaba contra la laicidad, encontrando ya su contradicción al analizar el concepto de laicismo; y finalmente —lo que seguramente quiera insinuar la señora ministra— se la atacó, digámoslo, de elitista. Ahí está centrado el ataque de referencia, que tiene su base en el sentimiento odioso de resentimiento social.
Señora ministra: la universidad es elitista de por sí, sea privada o no. Implica un sacrificio, de tiempo, de esfuerzos, de privarse de tiempo en pos de perfeccionarse intelectualmente; y a veces, privarse de otras comodidades para pagar una universidad privada cuando las circunstancias lo ameritan. O simplemente porque se es libre de elegir.
Su conducta y ataque político al Dr. Lacalle Pou ofende, daña, a la Educación, a los educandos, a los docentes, a los que se sacrifican por avanzar, mejorar.
