He integrado el Poder Judicial desde 1962 hasta febrero de 1977, momento en que ante la certeza del advenimiento del Ministerio de Justicia renuncié. Mi desempeño fue siempre en el área de la justicia penal, y participé en las más sonadas investigaciones de aquel tiempo, disfrutando de la confianza de mis compañeros (funcionarios, actuarios y magistrados).
He leído una carta del Dr. Pablo Galain Palermo que, confrontando la opinión de Raúl, quien con justas razones controvirtió la intención de un político, promueve la necesidad de un Ministerio de Justicia y el comienzo de una discusión sobre la necesidad de contar con una policía judicial y un tribunal constitucional.
Y bien. Durante el progresivo deterioro de la institucionalidad (años 1974-1976), un civil, afecto al gobierno “cívico militar”, propugnaba la creación de un ministerio “de justicia”, para organizar esa misma orquesta mal ensamblada.
Ese civil, de fiscal de Crimen poco apreciado por los magistrados de la época, pasó a ser fiscal de Corte por su obsecuencia con los golpistas, intentó de muchas maneras avanzar y convencer de la necesidad de aquella figura pues en el fondo de su alma, él quería instalarlo, para así imponerse a los jueces.
Dentro del Poder Judicial su actividad generó una resistencia muy importante, cuyo abanderado fue el doctor Agustín Zabaleta Pintado, secretario Administrativo de la SCJ (el primer destituido por el Ministerio que creó en 1977 y el único no restituido por la SCJ reimplantada en 1985!!) Fui uno de los que integró, actuó junto a él, y conoció lo que se hizo para frenar aquella torva intención de vulnerar al Poder Judicial.
También la Corte fue dura con las pretensiones del Fiscal de Corte cada vez que intentaba traspasar sus facultades con sus dictámenes: De Vega, Dubra, Mallo, Sabini, Sánchez Roge, fueron dignos ejemplos de una magistratura que creía en la Constitución y cumplía con su deber.
Todos sabíamos que la intención de aquel Fiscal, era lograr una participación en el ejercicio del poder arbitrario.
Los mismos argumentos, el mismo desprecio por la independencia de poderes se manifestaba ya en aquella época.
Obviamente, que el sistema registral, el estado civil y otras cuestiones que dependen —desde siempre— del MEC pueden ser vistas como un desafinado conjunto: pero esos “músicos” atienden diferentes cometidos: sus partituras son diferentes.
En cuanto a la Policía Judicial, es suficiente con jueces, actuarios y funcionarios bien equipados y dotados de la misma convicción de independencia que la Constitución brinda, pues los mecanismos de la investigación se cumplen siempre con mayor garantía en el ámbito judicial, y, cuando los medios disponibles dependientes del Ministerio del Interior funcionan —como funcionaban en la década del sesenta—, no hace falta más.
Qué hubiera pasado con la investigación del avión caído recientemente, si el designio contrario a la investigación del Ministro de Defensa no hubiera sido controlado por la independencia de una magistrada que reiteró la orden de reiniciar la búsqueda?
Cómo podría haberse resuelto esa situación si la investigación estuviera exclusivamente en manos de un ámbito administrativo dependiente del Poder Ejecutivo como podría ser, por ejemplo, ese ministerio avasallante que con el tiempo se reitera?
Recuerdo dos ejemplos que hablan de la independencia de los magistrados en aquellas épocas: el primero, cuando el MLN secuestró a mi juez, Daniel Pereyra Manelli, buscando amenazarlo o disminuirlo pues era el responsable de instruir los procesos concernientes a los miembros del MLN que eran detenidos. Qué más flagrante atentado a la independencia del Poder Judicial y a la República, que esa acción llevada a cabo por un movimiento guerrillero muchos de cuyos miembros son hoy parte del Gobierno?
Igual virulencia que la mostrada por grupos extremistas al invadir el ámbito de la Suprema Corte de Justicia hace pocos días.
Falta de respeto por la institucionalidad, ayer y hoy.
Y el segundo ejemplo, la figura de mi Juez Walter Moliga: de turno el 27 de junio de 1973 relevamos en actas judiciales los múltiples atentados contra medios de difusión cometidos en la madrugada de ese día, y, cuando la Corte dirimió la contienda de competencia planteada por la justicia militar para la investigación de la muerte del estudiante De los Santos, caído bajo tortura en el departamento de Rocha, y dispuso que interviniera el Juzgado de Moliga, se produjo —como consecuencia de los interrogatorios ordenados por el Juez—, la única declaración de amparo al secreto dispuesto en la Ley de seguridad para evitar la continuación de los procedimientos investigativos.
Para terminar, sin dudar de las buenas intenciones que pueden mover al doctor Galain, he creído conveniente recordar aquellos tiempos y la lúgubre figura de uno de los civiles más dañinos para las instituciones republicanas de Uruguay, que utilizó, inequívocamente, los mismos argumentos que hoy se pretenden reexaminar.
Solo se esgrime un argumento novedoso, pero igualmente rechazable: la creación de un tribunal constitucional. ¿Y para qué tenemos a la Corte? ¿Para que otro jueces la juzguen?
¿De qué se trata, de sustituir la múltiple agregación por designaciones políticas que se practica en Argentina desde hace años?
Por el sistema de renovación vigente en Uruguay, ha resultado que las mayorías “fijas” constituidas en la Corte han cambiado y hoy se suceden fallos adversos —por inconstitucionalidad—, a las intenciones del gobierno.
Esta última intención es doblemente rechazable, por que intenta discutir lo indiscutible, y porque hoy la situación es mucho más compleja: la violencia de las manifestaciones hechas en contra de la Corte porque dictó sentencias o resoluciones que no le gustaron a miembros del gobierno, son de por sí un peligroso acercamiento al Estado fascista, que siempre ha encontrado —la historia lo demuestra— argumentos para tratar de desplazar la imponente estructura de la separación de poderes.
Y siempre han vuelto los pueblos a recomponer esa estructura pues, hasta hoy, no se conoce mejor mampostería para proteger al ser humano en sus derechos.
Dejemos a los jueces hacer la justicia: podremos no estar de cuerdo con los resultados de los procesos, pero del acatamiento a sus resoluciones depende, en última instancia, la supervivencia de la democracia.
Saluda a Ud. muy atentamente,
Esc. Juan José Quagliata Barceló
