Sobre los impuestos: oportunidad, preferencias y prioridades

Desde el punto de vista institucional es una buena noticia, puesto que el gobierno cumple con un compromiso planteado durante la campaña electoral que fue reafirmado el año pasado por el presidente.

Sin perjuicio de lo anterior, una mirada política de la política económica permite ver que el debate sobre la reducción de impuestos de estos días contribuye a delimitar dos formas de concebir el papel de los sectores público y privado en el funcionamiento de la economía. Dos formas que reflejan preferencias ideológicas diferentes de los ciudadanos. Asimismo, la discusión permite comprender mejor las implicancias de las prioridades de la política económica vigente.

De una manera esquemática, puede decirse que de un lado están quienes entienden que gravar menos siempre supone mejorar la asignación de recursos, puesto que los contribuyentes harán un uso más adecuado de los fondos que el Estado no recauda. El fundamento de esta posición descansa en la creencia de que el sector público es más ineficiente en la gestión de los recursos que el privado. Por eso, dado que desde esta perspectiva rebajar impuestos siempre es algo positivo, la iniciativa del gobierno es bienvenida.

En una posición opuesta están quienes consideran que el sector privado no tiene incentivos adecuados para proveer en cantidad y calidad suficientes ciertos bienes y servicios, razón por la cual le otorgan al gasto público y a los impuestos que lo financia un papel económico protagónico. Bajo esta aproximación, una reducción impositiva podría generar una oferta insuficiente e inadecuada de bienes y servicios públicos como la seguridad, la Justicia, la salud pública, la atención a la población vulnerable y, en ciertas circunstancias, también la educación y el transporte colectivo de pasajeros. Como los efectos de la escasez de esos bienes y servicios no afectan de manera homogénea a las personas con diferentes niveles de ingreso, una provisión subóptima de ellos tiene también implicancias sobre la distribución del ingreso. Por eso, con este enfoque, una reducción de impuestos como la impulsada por el gobierno debe ser evaluada no solo por el beneficio directo apropiado por el contribuyente.

Precisamente, en el debate de estos días hay dos dimensiones que no parecen tenerse en cuenta. Por un lado, y como señalé, la rebaja promovida no es material en términos económicos e, incluso, sus efectos serán percibidos por todos sus beneficiarios recién en 2024. Sin embargo, dado que la medida afecta de forma permanente el resultado fiscal, restringe la disponibilidad de recursos para financiar temas relevantes y urgentes que siguen pendientes. Ello sobre todo a la luz de la perspectiva de una economía que se está desacelerando y de las limitaciones que el nuevo marco de la regla fiscal impone a la gestión de las finanzas públicas.

Por el otro lado, tengo la impresión de que los jerarcas del actual gobierno consideran que una buena parte del gasto que el Estado realiza no llega a las personas que se pretende beneficiar. Ello porque para implementar una política se financian gastos de funcionamiento del propio Estado o de presupuestos de las organizaciones no gubernamentales que intervienen. En otras palabras, como tienen reparos sobre la eficiencia del gasto público, prefieren que los espacios fiscales que se produzcan se usen para rebajar impuestos en lugar de aumentar otros gastos. En mi opinión, justificar la rebaja del IASS y del IRPF en este tipo de consideraciones no tiene en cuenta que el aumento del ingreso disponible para los contribuyentes favorecidos por los cambios impositivos es muy poco probable que alcance a beneficiar de igual forma a toda la población a la que se podría asistir mediante el gasto resignado. En otras palabras, si el problema es la eficiencia del gasto, la cual existe y no debe ignorarse, entonces lo que se requiere es atacarla, no esquivarla mediante una renuncia de ingresos.

Por tanto, priorizar un aumento de los ingresos de los contribuyentes del IASS (25% de los pasivos) y del IRPF (33% de los perceptores de rentas del trabajo), en lugar de destinar esos recursos a ayudar a financiar una reforma crucial como la educativa o a atender a la población infantil y adolescente en situación vulnerable, no es conveniente. Y no porque una rebaja impositiva no pueda implementarse en ciertas circunstancias, sino porque esta iniciativa es inoportuna y no parece estar enfocada en los desafíos relevantes que el país tiene por delante.

(*) El autor es economista y doctor en Historia Económica, profesor universitario y socio de CPA/Ferrere.