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Pasaron cinco años desde la aprobación de la Ley de Salud Mental (Nº 19.529) que promovió una serie de modificaciones al sistema de atención. Preocupada por lo lejanos que aparecen algunos objetivos que se trazó la norma y por la necesidad que ve de un cambio “organizativo y cultural”, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay se reunió el pasado martes 22 con autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) para presentarles un documento con “aportes”.
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“Lo que nosotros queremos es que este trabajo se transforme en un disparador de la discusión. Queremos que se ponga realmente en un lugar central la salud mental. Todos hablan de ella, pero las buenas intenciones y los discursos no se traducen en acciones”, dijo a Búsqueda el exvicepresidente del Patronato del Psicópata, Ricardo Acuña.
La Sociedad de Psiquiatría le planteó al ministerio una redistribución de los recursos públicos y la creación de una red de dispositivos específicos con acento en el primer nivel de atención. Se pretende salir de un abordaje excesivamente centrado en la psiquiatría y los centros de internación “monovalentes” e incluso de un enfoque únicamente sanitario, apuntando a lo social y lo laboral, destacó Acuña, miembro del grupo de trabajo de la sociedad que elaboró el documento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló este año que una de cada cuatro personas sufre algún trastorno mental, cuyos casos más graves suponen una reducción en la esperanza de vida de entre siete y 10 años en promedio. En Uruguay, a su vez, el consumo problemático de alcohol alcanza a 260.000 personas, las cifras de suicidio llegaron “a tasas nunca antes alcanzadas” (21,4 cada 100.000 en 2021) y el 56,5% de quienes sufren esquizofrenia (enfermedad cuya prevalencia se estima en un 1% de la población) no llegan a tratarse.
El informe de la Sociedad de Psiquiatría cita estas cifras como algunos de los disparadores que los llevaron a elaborar el documento para promover la discusión. Otro desencadenante, añaden, es que ven pocos avances en metas de la Ley de Salud Mental, como la de su artículo 37, que apunta a lograr para 2025 “desinstitucionalización” de las personas con trastorno mental; esto es, dejar de usar la internación prolongada en centros psiquiátricos como método de tratamiento.
“Nos preocupa que se está haciendo menos de lo posible”, dijo a Búsqueda Artigas Pouy, presidente de la Sociedad de Psiquiatría. “Hay un gran rezago en la atención a la salud mental”, agregó Acuña
Según dijo Pouy, centros “monovalentes” como el Hospital Vilardebó y las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi están trabajando “como siempre”. En el documento, cuestionan que en el sistema sanitario predomine “un modelo hospitalocéntrico” y un énfasis en “contener las crisis y tratar el momento agudo” de las enfermedades.
La reunión en el ministerio fue bien valorada por la Sociedad de Psiquiatría. Por la administración participaron el subsecretario, José Luis Satdjian, el director del Programa de Salud Mental, Horacio Porciúncula, y el psiquiatra Álvaro Usher, de esa misma área.
El viceministro también valoró el encuentro como una “muy buena reunión de trabajo”, aunque destacó acciones que la cartera viene realizando en el área de la salud mental, como el registro obligatorio de los intentos de suicidio, la instalación de grupos departamentales de prevención del suicidio y la capacitación de los recursos humanos en intentos de autoeliminación, depresión y psicosis.
Modelo a cambiar.
“Un centro hospitalario monovalente termina siendo dañino”, subrayó Pouy. El documento presentado al ministerio señala que hay regiones en España o Argentina, e incluso países como Panamá, donde ya no funcionan hospitales psiquiátricos. Un modelo mirado como ejemplo a seguir es el del National Health Service del Reino Unido, donde desde fines del siglo pasado hubo una importante inversión en psiquiatría, con énfasis en tratamientos psicológicos (sobre todo cognitivos-conductuales), en la atención primaria y en el enfoque comunitario y familiar; allí la hospitalización es una excepción.
La Sociedad de Psiquiatría propone para los casos más comunes la formación de equipos multidisciplinarios —que pueden incluir licenciados en enfermería, médicos de familia o psicólogos— que aborden la problemática en el primer nivel de atención. En otras palabras, apunta a que no se requiera sí o sí la intervención de especialistas.
“Hoy hay un sistema organizacional y cultural que hace que solo un médico psiquiatra pueda repetir medicación, así sea recetar un (medicamento) hipnótico que el mismo paciente viene tomando desde hace 10 años. En este tipo de casos, no debería ser necesario que intervenga un médico especializado, al que solo debería referirse cuando lo requiera”, destacó Pouy, quien dijo que eso hoy no sucede “porque no hay un canal que lo habilite”.
Varias de los planteos no requieren de mayores recursos, según el informe, sino de una mejor utilización de ellos. En Uruguay hay 2,5 psiquiatras cada 100.000 habitantes, cuando el promedio regional es de 1,9 cada 100.000. “Estaremos en el segundo o tercer lugar en la región”, indicó Pouy como un ejemplo.
Sobre un posible financiamiento, se sugiere establecer un “fideicomiso de administración”, como ocurrió con la Red Nacional de Atención en Drogas (Renadro) de la Junta Nacional de Drogas (JND), o la aplicación de “una sobrecuota de inversión”, mecanismo que ya ha sido utilizado para la mejoría de la infraestructura edilicia de varios prestadores de salud. “Queremos ver si esto se reimplanta, si realmente se prioriza la salud mental”, afirmó Acuña.
En diálogo con Búsqueda, el subsecretario Satdjian aseguró que el MSP “no tiene la soberbia de no aceptar una idea ajena si es buena”. Dijo que le pidió a la Sociedad de Psiquiatría que amplíe su propuesta en algunos puntos que no encontró del todo desarrollados.
Los responsables de la Sociedad de Psiquiatría indicaron que estos aportes también serán presentados a la brevedad a las comisiones parlamentarias respectivas.
