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Solo 54% de los pases en comisión de los legisladores tienen título terciario y muchos son “personal partidario” con tareas políticas
Si bien los parlamentarios plantean críticas al sistema de asesoramiento que funciona en el Poder Legislativo, “el costo de reformarlo parece ser percibido como mayor al de seguir trabajando en las actuales condiciones”, según un estudio liderado por Daniel Chasquetti
La Cámara de Diputados. Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda
En Estados Unidos, los diputados cuentan con oficinas en las que trabajan entre 12 y 18 personas, con una media de 14 personas. Los staffs de los senadores de ese país son aún mayores: tienen entre 30 y 50 personas, con una media de 40 asistentes. Y en el Parlamento uruguayo esa cifra baja a 4,6 personas para los diputados y 4,8 para los senadores, revela un estudio realizado por el politólogo Daniel Chasquetti, integrante del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
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El informe se denomina ¿Cómo se asesoran los parlamentarios uruguayos? Análisis, balance y propuestas, y acaba de ser presentado como parte de un proyecto de fortalecimiento democrático en Uruguay llamado La Máquina de Aprender, en el marco del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Según el estudio, los parlamentarios oficialistas tienen “mayores recursos de asesoramiento” que los de la oposición, “dada la conexión partidaria entre la mayoría parlamentaria y los ministerios”. Eso, explica, se da porque ante “cualquier duda sobre una iniciativa legislativa oficialista, habrá jerarcas y técnicos del gobierno dispuestos a asesorar a los legisladores en la toma de decisiones”.
Otras dos variables que inciden en el asesoramiento de los legisladores son la circunscripción por la cual fue electo y el rol que asume en su bancada. Respecto al primer punto, los legisladores de Montevideo, dice Chasquetti, “suelen estar más inclinados a la agenda política nacional, en tanto los diputados del interior, por obvias razones, prestan más atención a la agenda departamental y local”. Esto, sostiene, “modela el tipo de asesoramiento que se requiere”. Respecto al rol de los legisladores, Chasquetti recuerda que mientras los diputados integran por defecto una única comisión, los senadores lo hacen con varias. A su vez, “los legisladores que asumen responsabilidades como coordinadores de bancada de su sector o partidaria, también demandan un tipo de asesoramiento específico”.
Muchos de los datos del informe fueron obtenidos a partir de la Encuesta a los Legisladores del Departamento de Ciencia Política, realizada durante las tres últimas legislaturas (2007, 2013 y 2018). Los datos de esas respuestas revelaron que “mientras los legisladores de los partidos opositores cuentan con equipos de apoyo con más de cinco miembros, los oficialistas presentan equipos más reducidos”.
De esos miembros, lo más frecuente es que un porcentaje sea financiado por las partidas que el Parlamento destina a las secretarías de los legisladores ($ 178.399 para cada senador y $ 166.146 para cada diputado) y el resto mediante el mecanismo de pases en comisión, que permite que los legisladores puedan incorporar en su equipo a funcionarios públicos de diferentes áreas del Estado. A partir de las entrevistas realizadas para la investigación, Chasquetti sostiene que el staff de cada legislador normalmente se compone “por uno o dos funcionarios solventados con partidas presupuestales y el resto (tres o cuatro) con pases en comisión”.
El estudio de Chasquetti hizo un análisis de los 373 pases en comisión solicitados en la actual legislatura. Mientras los legisladores oficialistas solicitaron en promedio 2,9 pases en comisión, los opositores (Frente Amplio) pidieron 3,4 pases por legislador en promedio.
Del total de pases en comisión solo el 54% tienen título terciario, mientras que el restante 46% son funcionarios no profesionales. Esta última cifra se eleva al 57% en los legisladores oficialistas y se reduce al 33% en los legisladores de la oposición. “Esta evidencia confirma que la oposición demandaría mayor asistencia técnica que el oficialismo y que eso puede obedecer, entre otras cosas, al hecho de que los legisladores oficialistas consiguen información y asistencia de los ministerios con relativa frecuencia y rapidez”, dice el informe.
Con base en las entrevistas a los legisladores, Chasquetti sostiene que los pases en comisión de los funcionarios se explican por tres razones. Una es que en muchos casos “se trata de personal partidario de alta calificación destinado al cumplimiento de funciones de gestión política en el Parlamento o de representación política en el territorio”. En segundo lugar, el autor resume que a juicio de los legisladores, “buena parte de los funcionarios solicitados en comisión cuentan con un perfil administrativo ideal para la gestión del despacho”. En tanto, “por lo menos dos entrevistados señalaron que algunos pases en comisión son utilizados como moneda de cambio durante la campaña”. Es decir: “Para conseguir el apoyo de otros sectores del partido, algunos candidatos comprometerían algunos de sus pases en comisión generando la paradójica situación de contar en su staff con personal que no responde exclusivamente a su confianza”.
Además del asesoramiento personal con el que los legisladores cuentan en sus despachos, cuyo diseño “responde a los objetivos del partido y las responsabilidades y metas individuales de cada legislador”, los legisladores reconocen a los centros partidarios de investigación como el principal foco de consultas externas, “seguidos de lejos por la Universidad de la República, las universidades privadas y los centros privados de investigación”.
A su vez, el estudio aborda los recursos de asesoramiento del propio Parlamento, que “no ha realizado una apuesta importante al desarrollo de oficinas especializadas que provean asistencia técnica”, y cuyos servicios son utilizados de “forma desigual” y para “diversos propósitos”.
Según concluye el estudio, el actual sistema de asesoramiento “parece encontrarse en un punto de equilibrio”. Si bien todos los entrevistados presentaron algún comentario negativo o molestia, “el costo de reformarlo parece ser percibido como mayor al de seguir trabajando en las actuales condiciones”, y la idea de introducir reformas genera “desconfianza”. Incluso, la encuesta del Departamento de Ciencia Política muestra que los niveles de satisfacción con los recursos para producir políticas públicas crecieron desde 54% en 2007 a 66% en 2018, mientras que la disconformidad bajó de 13% a 5% en los mismos años.
