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Al cortarse total o parcialmente sus ingresos como consecuencia de despidos o envíos temporales al “seguro de paro”, muchas familias están teniendo que apretarse el cinturón. Abstenerse de realizar ciertas compras —superfluas o no— es la primera opción. Para otras, no hay más alternativa que dejar de pagar algunas cuentas y deudas financieras: la mitad de las personas cree que tendrá dificultades para abonar en fecha sus préstamos.
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Según sondeos efectuados por la consultora Equipos en la primera y la segunda quincena de abril, dos tercios (67%) de los encuestados esperan reducciones en sus ingresos, en algunos casos leves pero en otros, significativas. Entre los asalariados, los de nivel socioeconómico bajo están siendo más afectados que el resto por las consecuencias de la crisis derivada del Covid-19, en proporción: en torno a 20% de ese estrato aseguró haber perdido su trabajo, frente a un 8% en el conjunto de la población. Del mismo modo, un 35% de los trabajadores de bajo nivel socioeconómico sufrieron una reducción horaria significativa en sus empleos, también por encima de la media (30%).
Equipos estima que la morosidad en el sistema financiero aumentará en los próximos trimestres, y ese deterioro en la cartera de créditos será —en promedio— mayor en las administradoras de crédito que en los bancos. En general, las financieras le prestan a un público de niveles socioeconómicos medios o bajos (los que vienen siendo más afectados) y, además, llegan más al interior del país (donde se observa un deterioro algo mayor respecto al panorama de los ingresos familiares al comparar con Montevideo).
Alejandro Cavallo, responsable del área económica de Equipos, explicó a Búsqueda que para proyectar la morosidad importa el costo del endeudamiento (la tasa de interés) y la evolución de los ingresos de las familias, lo que está fuertemente asociado a la situación laboral. “Tenemos modelos que se basan en la tasa de desempleo y de empleo, pero preferimos utilizar otros asociados a un indicador adelantado que medimos hace 10 años en Equipos, que está más vinculado a las decisiones de endeudamiento de las familias: el grado de inseguridad en mantener el empleo”. La consultora también considera para sus análisis otro indicador específico del mercado de crédito: la dificultad que expresan tener los consumidores para abonar los préstamos en fecha. “En ambos casos hemos observado un deterioro sustancial. En el primer caso, la proporción de familias que se sentían muy inseguras o inseguras respecto a la posibilidad de mantener su empleo era de 12% antes del Covid-19, un registro que subió a 25% en las mediciones posteriores y que ahora se estabilizó en registros algo menores. Esto puede deberse a que, al tratarse de variables de expectativas, los consumidores pueden haber sobrerreaccionado negativamente a raíz de la alta incertidumbre de las últimas semanas. En el segundo caso, normalmente el indicador se ubica en torno a 20%, mientras que pos-Covid-19 se acercó al 50%”, un máximo en la serie histórica en las encuestas de Equipos y más del doble que lo habitual (en torno a 20%).
La información que publica el Banco Central (BCU) sobre las instituciones reguladas que prestan al público no muestra, al menos hasta ahora, un incremento significativo de la morosidad, en promedio. Eso se explica en parte por las flexibilizaciones en los pagos que habilitaron en general los bancos y financieras. Por ejemplo, hasta el martes 12 BBVA Uruguay había recibido 6.361 solicitudes de refinanciaciones de préstamos a familias (consumo, automóviles e hipotecarios) que representan 18% de esa cartera, mientras que en tarjetas pidió aplazamiento de pagos el 2%, informó en El País del sábado 16 su presidente, Alberto Charro. “Estamos viendo resiliencia en nuestros clientes”, evaluó el ejecutivo. La cartera vencida en esa entidad bancaria bajó en los primeros meses del año y se ubicó en 2,8% a fin de marzo, según los datos divulgados por el BCU.
“Un número importante” de clientes de Pronto! adhirió a los planes de refinanciación, pero al comparar el nivel de cobranza de marzo a abril “ya hay un impacto”, reconoció en Crónicas del viernes 15 Horacio Correge, gerente general de Scotiabank, que pertenece al mismo grupo que esa financiera.
“No tenemos dudas de que habrá un aumento en la morosidad, que será distinto según el tipo de institución y el perfil de productos y clientes. Sin embargo, necesitamos que baje un poco la incertidumbre para poder cuantificar el efecto con precisión”, apuntó Cavallo. Pero comparó: “Las subas serían claramente menores a las observadas en 2002, porque hay diferencias sustanciales: no hay problemas de insolvencia ni de liquidez en el sistema financiero, el endeudamiento de las familias es en pesos y no en dólares, y por el momento se sostiene en general la cadena de pagos. Es posible que los efectos de corto plazo sobre la actividad sean agudos (y haya un aumento de los impagos), pero con expectativas de reversión también rápidas a medida que se retome la actividad”.
En el transcurso del 2002, en medio de una crisis económica, la morosidad en el sistema bancario superó el 20%, en promedio.
Facturas y alquileres.
Según las encuestas de Equipos Consultores, en el cortísimo plazo —últimas dos semanas— en torno a 40% de las familias se encontraban en una situación de “stress de sus flujos financieros”, con ingresos cayendo y gastos similares o, incluso, creciendo. Para las próximas semanas, esos hogares esperan reducir gastos ante este panorama. Entre quienes prevén que sus ingresos caigan a raíz de la situación actual, “Vestimenta y calzado” es el rubro más mencionado cuando se les preguntó qué suprimirán (86%), seguido por “Turismo”, “Electrodomésticos” e “Informática” (todos 78%). Por el contrario, “Limpieza”, “Alimentos”, “Servicios básicos del hogar (UTE, OSE y Antel)”, así como “Higiene personal”, fueron los menos mencionados entre estos consumidores.
En el mercado de alquileres pasa algo similar a la situación del sistema financiero; la flexibilidad y tolerancia de los acreedores mantienen relativamente contenidos los niveles de morosidad.
“Es fácil imaginar que en este momento de pandemia y con tanta gente en el seguro de paro, es un tema que a nosotros realmente nos tiene muy ocupados, sobre todo para poder garantizar los $ 677 millones que pagamos todos los meses a los propietarios. Hemos estado en este tiempo buscando financiación de manera de no cortar la cadena de pagos, por supuesto, y también de acompañar a nuestros socios en este proceso tan complejo en el que se encuentran” ofreciendo facilidades “con intereses muy blandos y, en algunos casos, sin intereses”, comentó Elisa Facio, presidenta de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA). Según dijo, esa organización tiene aproximadamente la mitad de las garantías de alquileres: son unos 44.000 contratos que involucran a unas 58.000 personas, de las cuales hoy 6.650 están en “seguro de paro” a raíz de la emergencia sanitaria.
